26/10/2012

Texto íntegro del ‘Manifiesto en defensa de un periodismo al servicio de la ciudadanía’

Manifiesto del Foro de Organizaciones de Periodistas

Ante la gravísima situación de la profesión periodística y los medios de comunicación, las organizaciones abajo firmantes llamamos a todas las fuerzas políticas, administraciones públicas y asociaciones representativas de los medios privados para que contribuyan con responsabilidad a preservar el derecho de la ciudadanía a disponer de información de calidad y salvaguardar un valor esencial de la democracia.

Si bien es cierto que todos los sectores de la producción y profesionales atraviesan momentos difíciles, los medios de comunicación suman a los factores comunes que tienen con otros sectores la característica particular de trabajar con un material que influye de forma directa en bienes fundamentales de la sociedad.

Los derechos a la Información y a la Comunicación de la ciudadanía son reconocidos como Derechos Humanos y como tales merecen un tratamiento específico con el fin de preservar la dignidad y la libertad de la ciudadanía.

Los despidos, el empeoramiento de las condiciones laborales, las ofertas de trabajo esclavistas y los cierres de medios en los últimos años están causando un grave deterioro de la calidad informativa, limitan la independencia de los periodistas, debilitan el compromiso de la prensa con las libertades, el respeto a la intimidad y el honor de las personas, el pluralismo y atentan contra el derecho a un trabajo digno que garantiza la Constitución.

Por tanto, instamos al Gobierno a que tome conciencia de que el hundimiento de la prensa afecta directamente a los cimientos de la democracia, a cuya construcción en nuestro país han contribuido con ejemplaridad los medios de comunicación y sus trabajadores.

Preservar los medios públicos de comunicación

Es sumamente preocupante el cierre, debilitamiento o externalización de funciones de las televisiones y radios públicas estatales, autonómicas o locales. No se les debe analizar desde la visión de la rentabilidad económica sino de la rentabilidad social que deben dar y nos oponemos rotundamente a que, bajo la etiqueta de «medios públicos igual a despilfarro», se trate de acabar con un sector que da empleo a miles de periodistas y que contribuye de forma importante al desarrollo democrático y al debate plural.

Defendemos unos medios públicos gestionados con rigor y dedicados a difundir información basada en la objetividad, la imparcialidad y la veracidad.

Pedimos a los ciudadanos que no olviden el grado de responsabilidad de los políticos en el deterioro de la credibilidad de los medios públicos con sus estrategias de control de la información y con el nombramiento de representantes en los consejos que no responden a los exigibles perfiles de independencia que marca la ley.

Los gobernantes no pueden olvidar su obligación de informar y explicar a sus gobernados de sus actuaciones y la mejor forma de hacerlo es a través de los medios públicos si se hace de manera veraz, plural e independiente.

Medios doblemente necesarios en una sociedad donde mucha información de los medios privados responde exclusivamente a sus intereses comerciales.

Minimizar los medios públicos está incrementando de manera significativa la desocupación; lo que no encaja con la intención manifestada de reducir el paro.

Es necesaria una reformulación de los medios públicos estatales, autonómicos y locales para que no se conviertan en entes sobredimensionados y con fines partidistas. Se ha de apostar por la producción propia y por contenidos que respondan a una información veraz e independiente, con criterios de cercanía territorial y difusión de valores culturales y de servicio social.

Erradicar la precariedad laboral de los periodistas

Nunca la situación laboral de los periodistas había llegado a tal grado de deterioro; pero a esta situación no la ha llevado solo la actual crisis económica. Esta sí ha mostrado las lacras de una profesión que durante décadas se ha deteriorado a causa de cambios laborales en los distintos convenios de los sectores afectados y de una política de desregularización laboral propiciada por los empresarios; sin que los sucesivos gobiernos de la democracia hayan hecho nada para evitarlo.

En estos últimos años ha sido evidente la dualidad laboral que se ha creado en la mayoría de empresas. Por un lado se han pagado grandes sueldos a periodistas y presentadores con firma y rango de estrella y por el otro se ha labrado la más intensa precariedad en los niveles inferiores de la profesión.

Los ajustes en las redacciones se han venido haciendo desde hace años; bien por la vía directa del despido como por las políticas de convergencia estratégica para el aprovechamiento de supuestas sinergias entre las distintas plataformas o de la polivalencia profesional para aprovechar las nuevas tecnologías de la comunicación.

Estas prácticas solo han servido para recortar costes; mientras que en nada han servido para mejorar la calidad de los medios, como puede apreciarse.

Durante los largos años de bonanza, la casi totalidad de las empresas de medios españoles ha negado, como siguen negando, a miles de trabajadores de la información el contrato laboral al que tienen derecho. Hablamos de un permanente fraude a la Seguridad Social, reiteradamente denunciado ante distintas administraciones, que no se ha sabido corregir y que hoy maximiza los efectos de la crisis.

Miles de periodistas que han trabajado durante años en esas condiciones, hoy no solo han perdido sus puestos de trabajo sino que tampoco han recibido indemnización alguna ni accedido al seguro de desempleo.

Esos trabajadores, excluidos de los convenios del sector, han visto recortadas sus colaboraciones o rebajado drásticamente el precio de ellas de manera unilateral.

Es fundamental un gran pacto entre todos los actores implicados que erradique el intrusismo y sea escrupuloso con la adecuada remuneración y la categoría profesional de los distintos trabajadores de los medios de comunicación.

Asimismo, rechazamos la oferta de prácticas no remuneradas y la utilización de estudiantes y becarios para cubrir puestos estructurales.

Al tiempo que reclamamos que, ha llegado la hora de que se reconozcan los derechos de autor de los periodistas y que este principio se recoja en la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual».

Fortalecer la independencia profesional de los periodistas

Esta precariedad e inseguridad laboral está impidiendo que los informadores puedan desarrollar con independencia de criterios su labor de mediadores de la información veraz a la que tiene derecho la ciudadanía.

Las redacciones, diezmadas, se ven incapaces de atender las necesidades informativas del buen periodismo; gran parte de las informaciones que hoy reciben los ciudadanos son aportadas por fuentes interesadas cuya veracidad no es contrastada.

Así, el periodismo se está convirtiendo en un mero transmisor de publicidad o propagandas encubiertas, sin tiempo para reflejar la realidad social ni investigar a favor de los intereses de los ciudadanos.

Ante esta calidad informativa plana, distante e indiferenciada, no resulta extraña la perdida de lectores que sufren los medios y el descrédito social creciente de los medios y de los periodistas que reflejan los estudios desde hace algunos años.

Garantizar una información de calidad

Ante esta situación de la información, que está siendo rechazada por gran parte de la sociedad, y la crisis particular del sector que va más allá de lo puramente económico; consideramos que todos los actores sociales del ámbito de la comunicación y el propio Gobierno de España deben reaccionar de manera inteligente, si no se quiere acabar con una de los pilares de una sociedad democrática.

En este contexto, rechazamos que se pretenda someter la deontología profesional alas leyes del mercado y recordamos que sin periodistas no hay periodismo, un lema que puede parecer una proclamación pretenciosa pero que no lo es cuando comprobamos que algunos editores están sustituyendo a periodistas por otros perfiles “técnicos”.

La ciudadanía necesita que urgentemente se pongan en juego mecanismos eficaces para garantizarle el acceso a una información veraz, plural y completa; en suma, que tengan realmente posibilidades de ejercer su derecho fundamental a la información y a la comunicación.

La práctica de ruedas de prensa sin preguntas debe ser reprobada desde todos los ámbitos profesionales.

Ayudas a los medios

Consideramos urgente un plan de ayudas a la prensa, que debe estar condicionado al mantenimiento del empleo; un plan destinado a impulsar proyectos innovadores, no una vía de financiación de recortes laborales y salariales.

Instamos a los medios a que retiren la publicidad sexual por ser contraria a la ética, atentar contra la dignidad de la mujer y haberse demostrado en varias operaciones policiales que suelen ser utilizados por las bandas mafiosas dedicadas a la prostitución para captar clientes.

En esa línea, estimamos que cualquier plan de ayudas públicas no puede tener como destinatarios a medios que publican anuncios sexuales.

Igualmente, consideramos que ante la convocatoria de concursos públicos de concesión de licencias de emisoras de radio y televisión, las administraciones deben exigir en sus pliegos de condiciones proyectos solventes -y no basados en intereses políticos- que creen empleo, garanticen la calidad de la información y dinamicen las sociedad donde surgen.

Constituir una mesa sectorial de diálogo

Por todo lo expuesto las organizaciones firmantes de este manifiesto, consideramos imprescindible la constitución de una mesa sectorial de diálogo que esté integrada por las autoridades de la Administración vinculadas a la comunicación, las asociaciones empresariales y las organizaciones profesionales y sindicales de este mismo ámbito.

El objetivo de la misma es facilitar al Gobierno una visión amplia y pormenorizada de la actual situación del periodismo en España para que pueda impulsar una acción firme y reflexiva para la recuperación del sector, más allá de los presupuestos puramente economicistas, aunque contando con ellos.

Entendemos que la acción de esta mesa sectorial debe abordar el tratamiento y formular propuestas sobre estos tres puntos básicos.

• Examinar cuidadosamente todos los expedientes de regulación de empleo del sector de la comunicación que se presenten: que estén bien tramitados, basados en el diálogo y acuerdo de las partes, con especial atención a que las empresas que los impulsen no estén disfrutando de ayudas especiales de la administración o gestionen dinero que procedan del presupuesto general.

Asimismo, fijar criterios para que todas las ayudas que los medios reciban de las administraciones estén vinculadas a proyectos de viabilidad que contemplen el compromiso de consolidación de los puestos de trabajo.

• Reconsiderar los recortes de presupuestos aplicados o que se piensen aplicar que lesionen la calidad los medios, especialmente en los de titularidad pública o semipública de ámbitos locales. Espacios en los cuales los medios privados no satisfacen las necesidades informativa ni culturales.

En esos casos, poner en marcha acciones eficaces ante las autoridades con responsabilidad directa sobre estos medios -presidentes de las diputaciones, consejos comarcales y alcaldes- o sobre las empresas productoras para preservar su continuidad.

• Estudiar en profundidad medidas viables, no sólo de carácter económico, que ayuden a superar este déficit democrático, cultural y de cohesión social que ha agravado la actual crisis, pero que responden a modelos y prácticas nocivas de larga trayectoria.

En momentos tan graves para el sector de la comunicación, pensar que estamos solo ante un problema de financiación de las empresas y confiarlo todo a la recuperación de la dinámica del mercado sería un suicidio social.

No podemos equivocarnos creyendo que las leyes del mercado pueden estar por encima de principios fundamentales como los derechos a la Información y la Comunicación, que solo se pueden sustentar ante un auténtico pluralismo de los medios que aleje el peligro de la concentración de la información y de los recursos para financiarla en pocas manos. Solo de esa manera se garantizará el pluralismo de nuestra sociedad.

Con la misma intención se debería prestar especial atención a la creación de normas de estímulo para facilitar a todo los grupos sociales el acceso y utilización de las modernas herramientas de comunicación. Estos medios comunitarios imprescindibles para hacer cierta la libertad de expresión, también pueden servir para dinamizar la ocupación laboral de los periodistas.

Es imprescindible que el Gobierno y a los grupos parlamentarios aprueben de una vez por todas una ley de transparencia y acceso a la información pública, un derecho fundamental que reclama la sociedad civil y que reforzaría la calidad de nuestra democracia.

Las organizaciones firmantes de este manifiesto entendemos que los medios de comunicación deben ser el canal de expresión de nuestro pluralismo social y los profesionales del periodismo quienes, con independencia y honestidad, deben estar en condiciones de garantizar la veracidad y la oferta plural de contenidos de interés ciudadano y de calidad que transmitan estos medios.

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El Foro de Organizaciones de Periodistas lo integran:

Agrupación de Periodistas de Comisiones Obreras, Agrupación General de Periodistas de la Unión General de Trabajadores, Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión, Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, Col·legi de Periodistes de Catalunya, Federación de Sindicatos de Periodistas y Sindicat de la Imatge-UPIFC.