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12/06/2006

Periodistas gallegos demandan al alcalde de Toques y a cinco vecinos

Santiago de Compostela, 6 de junio de 2006

La acusación de los periodistas que en enero de 2004 denunciaron al
alcalde de Toques (A Coruña), Jesús Ares, por ordenar su expulsión del pleno municipal en el que se pedía su dimisión tras ser condenado por abuso sexual, reclamaron una multa de 79.950 euros para el regidor por maltrato de obra, perturbación del orden público y daños morales.

Al juicio de faltas que se celebró hoy, 6 de junio, en Arzúa acudieron 17 de los 22 profesionales de los medios de comunicación (periodistas, cámaras y fotógrafos), 13 de ellos defendidos por el SXG, que hace casi dos años y medio denunciaron en el cuartel de la Guardia Civil de Melide al alcalde y a un grupo de vecinos por expulsarlos de forma violenta e impedir la realización de su trabajo durante la celebración del pleno municipal.

El abogado defensor pidió la absolución tanto de Ares como de los vecinos implicados al considerar que el «tumulto» que se originó tras la orden del alcalde no fue «provocado ni intencionado» y destacó que «en ningún momento se produjeron agresiones a los periodistas». Asimismo, denunció que los profesionales de la comunicación «no acataron» la orden del alcalde de desalojar el pleno municipal.

Durante la sesión judicial, los periodistas recordaron que Ares ordenó su expulsión de la sala de «malas formas», justo al entrar en el pleno. «Nada más entrar gritó “fuera cámaras” y arremetió contra los medios de comunicación», indicó uno de los denunciantes. Además, destacaron que fueron agredidos y expulsados «violentamente», incluso por parte del propio alcalde.

«A mi fue él –refiriéndose a Ares– quien me rompió la cámara. Vino
hacia mi y de muy malas maneras me empujó hasta en tres ocasiones», subrayó un fotógrafo. Otra periodista de radio denunció que le rompieron el micrófono y sufrió lesiones en un brazo al ser «acorralada y empujada» contra una barandilla por parte de algunos vecinos.

Los hechos ocurrieron en enero de 2004 durante la celebración del pleno municipal que debatía sobre la dimisión del alcalde. El salón municipal estaba repleto de vecinos y medios de comunicación que cubrían este evento. Tras irrumpir en el pleno y ordenar el desalojo de los profesionales de la comunicación, un grupo de vecinos –cinco de ellos están imputados junto al alcalde– «se abalanzaron» sobre los periodistas y los expulsaron con «empujones y amenazas».

Antes de su entrada en el consistorio municipal, tal y como denunciaronlos periodistas, Jesús Ares ya había insultado a los cámaras y fotógrafos y les llamó «muertos de hambre». Durante el juicio, el alcalde dijo «no recordar nada» de lo que ocurrió antes de la celebración del pleno, pero justificó el desalojo de los medios del salón municipal porque «estaban molestando a los vecinos».

Además negó que se produjera una expulsión violenta, así como su
implicación directa en los hechos y precisó que su intención era que se desarrollara el pleno de forma «normal». La acusación, que ejercieron los abogados del Sindicato de Xornalistas de Galicia (SXG) y de TVE, presentó vídeos y fotografías de los hechos, en los que se muestra al alcalde increpando a los cámaras y fotógrafos. Asimismo, aparece el secretario del ayuntamiento y los portavoces del PSdeG y del grupo independiente criticando al alcalde por su actitud.

Los abogados del SXG reclamaron la condena de Jesús Ares por una falta de maltrato de obra a la pena de 30 días de multa a razón de 100 euros diarios, de una falta de perturbación del orden público a la pena de 30 días de multa a razón de 100 euros al día y 150 euros por responsabilidad civil en concepto de daños morales para cada uno de los denunciantes.

Asimismo, solicitaron la condena de 4 vecinos por maltrato de
obra a la pena de 30 días de multa a razón de 12 euros diarios, por falta de perturbación del orden público a la pena de 30 días de multa a razón de 12 euros día y 100 euros por responsabilidad civil en concepto de daños morales, también por cada uno de los denunciantes.

La representante del Ministerio Fiscal se limitó a solicitar una multa de seis días, a razón de 6 euros diarios, para uno de los acusados, así como una indemnización de 180 euros para la periodista a la que
rompieron el micrófono. El juicio quedó visto para sentencia y se conocerá la resolución en un par de meses, aproximadamente.

XURXO SALGADO, PARA EUROPA PRESS.

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