22/12/2015

La ley de Telemadrid necesita cambios importantes

Aunque algunas enmiendas han mejorado el proyecto, el SPM y la FeSP piden que sean eliminadas varias de sus propuestas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha manifestado reiteradamente su intención de despolitizar Radio Televisión de Madrid (Telemadrid y Onda Madrid), con una nueva ley que garantice sus funciones de servicio público y su independencia. Sin embargo, el proyecto de ley que ha elaborado el Gobierno regional, pese a que ha sido mejorado algo con enmiendas, incluye varios preceptos que no se corresponden con ese objetivo y que deberían ser eliminados antes de ser votado por el Pleno de la Asamblea.

El Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM) y la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) se congratulan de que el director/a general de RTVM vaya a ser elegido por una mayoría cualificada de dos tercios de la Asamblea de Madrid, de entre quienes se presenten a un concurso público y para un periodo de seis años no renovable.

Pero, a pesar de ésta y otras mejoras introducidas en el texto, el proyecto de ley que va a debatir el 23 de diciembre el pleno de la Asamblea contiene algunos artículos -pactados por el PP y Ciudadanos- que no se corresponden con las normas que deben definir una radiotelevisión pública en una democracia.

El SPM y la FeSP hacen un llamamiento a todos los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid para que, antes de votar ese proyecto de ley, eliminen del mismo o mejoren los siguientes aspectos:

• Se establece que cinco de los nueve miembros del Consejo de Administración serán elegidos entre los candidatos propuestos por «las organizaciones profesionales y sociales más representativas del sector de la comunicación». Esto puede llevar a un corporativismo muy negativo o a favorecer intereses económicos o políticos poco claros. Para evitarlo, todos sus integrantes deberían ser elegidos por la Asamblea de Madrid entre personas con una acreditada independencia de partidos, asociaciones o sindicatos y con probada capacitación para ocupar ese cargo.
• No corresponde al director/a general la función de «impulsar y promover» un Estatuto de Redacción, como se prevé en el texto, sino a los trabajadores de la plantilla, que lo negociarán con la dirección de la empresa. En ese Estatuto se debe regular el Consejo (o Comité) de Redacción.
• No es de recibo que los integrantes del Consejo (o Comité) de Redacción sean elegidos por el Consejo de Administración con carácter obligatorio y por un periodo de seis meses, para que todos los trabajadores de los servicios informativos participen en él. Deben ser elegidos por la redacción en votación secreta, entre quienes se presenten de manera voluntaria y para el periodo que se fije en el Estatuto de Redacción.
• Establecer que se impulsará la producción propia de la programación «atendiendo a los recursos materiales y humanos de que se disponga» abre la puerta a que la mayor parte de los programas puedan ser contratados a productoras ajenas a RTVM, alegando falta de recursos. La ley debe concretar un porcentaje de producción propia, que debe ser al menos del 50% y, en el caso de los programas informativos, del 100%.
• No existen razones para que formen parte del Consejo Asesor un representante de la Federación Madrileña de Municipios, uno de los empresarios y uno de los anunciantes. Además, los informes de ese Consejo deben ser vinculantes, porque de lo contrario no tendría sentido su creación.