03/12/2019

La FeSP pide regular por ley el derecho a la información de la ciudadanía y el Periodismo

La Federación de Sindicatos de Periodistas denuncia despidos en Europa Press y Prensa Ibérica, apoya las movilizaciones en IB3 y condena las agresiones y expulsiones de informadores en Bolivia 

Junta Ejecutiva Federal de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP)

La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) reclama al futuro Gobierno y al próximo Parlamento que se tomen en serio, de una vez por todas, el derecho constitucional de la ciudadanía a la información y lo regulen en una ley, en la que se establezcan los derechos y deberes de los y las periodistas. La FeSP y otras organizaciones de periodistas llevan años planteando esta petición al Gobierno y a los grupos parlamentarios, pero ni los sucesivos Ejecutivos de PSOE y PP ni los partidos mayoritarios han tenido voluntad política para hacerlo, por no molestar a los grandes grupos de comunicación.

Las precampañas y campañas de las elecciones convocadas este año han demostrado que, una vez más, el derecho de la ciudadanía a la información veraz y la necesidad de unas condiciones de trabajo dignas para los y las periodistas -cuya labor es imprescindible para que ese derecho ciudadano pueda cumplirse de manera eficaz- han sido olvidados por los candidatos, aunque algunos programas electorales incluyan propuestas en esta materia.

La Junta Ejecutiva Federal de la FeSP, reunida este último fin de semana en Madrid, ha acordado pedir al futuro Gobierno y a los grupos parlamentarios que, sin olvidar otros asuntos, incluyan también éste entre los prioritarios de la legislatura que se inicia mañana. La información es un pilar básico e imprescindible en la democracia, pero en la última década ha sufrido retrocesos y restricciones debido a normas como la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana -conocida como Ley Mordaza- o las reformas del Código Penal, a la precariedad y deterioro del trabajo periodístico, y a malas prácticas de distintos políticos y gobernantes como las convocatorias de prensa sin preguntas o el veto a medios de comunicación y a periodistas freelances.

Ante esta situación, la FeSP considera urgente que el nuevo Parlamento:

• tramite una ley que garantice el derecho a la información de la ciudadanía y regule la profesión periodística, en la que se defina a los y las periodistas profesionales, a la pieza, freelances y colaboradores, y se establezcan sus deberes y derechos;
• modifique las leyes que han limitado y recortado el derecho a la información, como la Ley Mordaza, para recuperar los derechos perdidos;
• modifique las reformas del mercado laboral, que han contribuido a precarizar el trabajo en los medios de comunicación -y en los demás sectores- y han facilitado miles de despidos.
• resuelva con la máxima urgencia el concurso público para designar el Consejo de Administración y la Presidencia de RTVE.

La FeSP también denuncia los despidos en la agencia Europa Press -cinco en los últimos días, sin informar a los representantes de los trabajadores- y en Prensa Ibérica, que después de comprar el Grupo Zeta ha efectuado despidos en varios medios, los más recientes dos en Diario de Córdoba.

Esta Federación también expresa su apoyo a las movilizaciones que han iniciado los trabajadores de los servicios informativos externalizados de la radiotelevisión pública balear, IB3, para reclamar una mejora urgente de sus condiciones laborales y la internalización de sus puestos de trabajo en el ente público. Con sueldos obsoletos y una pérdida del 30% de su poder adquisitivo en los últimos 14 años, casi dos terceras partes de los cerca de 300 trabajadores externalizados siempre son los grandes perdedores, porque sus reivindicaciones de mejora laboral han caído en el vacío entre los intereses de esa empresa pública y los responsables políticos que la sustentan, y los de la empresa privada concesionaria que busca su máximo beneficio.

Asimismo, la Federación de Sindicatos de Periodistas condena las agresiones que vienen sufriendo periodistas de medios de Bolivia, y la expulsión de informadores extranjeros por parte del Gobierno de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez, desde que Evo Morales renunció a su cargo y tuvo que abandonar el país obligado por los militares, en lo que, tal y como muchos países reconocen, ha sido un golpe de Estado.