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29/07/2005

El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal

Madrid, 29 de julio de 2005 (Referencia del Consejo de Ministros de este viernes).

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal. El Proyecto de Ley abre una nueva etapa en los medios públicos, porque garantiza la gestión de un servicio público profesional e independiente, un futuro despejado para los medios públicos gracias al diseño de un modelo de financiación mixta y estable, y prevé mecanismos eficaces de control interno y externo a la gestión de la nueva Corporación de Radiotelevisión Española.

El Proyecto de Ley acaba con el actual régimen jurídico del Ente como organismo público del Estado y crea la Corporación RTVE, que tendrá forma de sociedad anónima pública, con capital íntegramente estatal, y tendrá sociedades participadas al 100 por 100 por la citada Corporación para la prestación directa del servicio público de radio, televisión y servicios conexos e interactivos. Asimismo, gozará de autonomía en su gestión, actuará con independencia del Gobierno y estará sujeta al control del Parlamento y del nuevo Consejo Estatal de Medios Audiovisuales.

Definición del Servicio Público de radio y televisión del Estado

El Proyecto de Ley define la función del servicio público estatal de televisión y radio, que tiene por objeto la producción, edición y difusión de un conjunto de canales de radio y televisión con programaciones diversas y equilibradas para todo tipo de público, cubriendo todos los géneros y destinadas a satisfacer necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento de la sociedad española; difundir su identidad y diversidad culturales; impulsar la sociedad de la información; promover el pluralismo, la participación y los demás valores constitucionales, garantizando el acceso de los grupos sociales y políticos significativos. La definición de servicio público de radio y televisión implica una programación de calidad y el fomento de la producción española y europea, e incorpora la oferta de servicios conexos e interactivos.

El Proyecto de Ley encomienda dicha función a la Corporación RTVE y a sus sociedades filiales, TVE y RNE, encargadas de la prestación directa del servicio público que comprende la producción de contenidos y la edición y difusión de canales generalistas y temáticos, en abierto o codificados, en el ámbito nacional e internacional, así como la oferta de servicios conexos o interactivos, orientados a los fines mencionados en el apartado anterior.

Sus servicios de difusión de radio y televisión tendrán por objetivo alcanzar una cobertura universal, entendiendo por tal la mayor cobertura posible dentro del territorio nacional.

Mandato-marco de nueve años

El Proyecto introduce la figura del mandato-marco con una duración de nueve años. Cada tres años, un contrato-programa de RTVE con el Estado concretará los objetivos, gestión y administración del servicio público y la contraprestación económica correspondiente.

El modelo económico establecido en el Proyecto de Ley es viable, tendrá financiación mixta y es compatible con la normativa comunitaria, eliminando el aval ilimitado del Estado y acabando con la financiación vía endeudamiento de los últimos quince años. Se introducen criterios de gestión para su transparencia y adecuación a los criterios comunitarios.

La financiación se canalizará a través de una subvención pública fijada en el contrato-programa y de los ingresos comerciales por publicidad, que será inferior a la que emitan los canales comerciales, así como por la venta de productos.

El Proyecto de Ley establece un sistema que garantiza una gestión económica ordenada y viable, basada en una financiación mixta, con una subvención pública dentro de los límites marcados por las normas y los criterios de transparencia y proporcionalidad que establece la Unión Europea, y unos ingresos derivados de su actividad comercial sujetos a principios de mercado. Asimismo, el Proyecto de Ley establece la posibilidad de incorporar reglas adicionales sobre las limitaciones de emisiones publicitarias a las previstas para los operadores privados de televisión, a concretar en los contratos-programa.

Diez consejeros para seis años

El nuevo modelo de Corporación de RTVE tendrá un Consejo con diez miembros de los que cuatro serán elegidos por el Congreso; otros cuatro, por el Senado, y dos, propuestos por las organizaciones sindicales más representativas en España y elegidos por el Congreso. Todos los candidatos requerirán mayoría de dos tercios del Congreso y del Senado para ser elegidos por un mandato de seis años; superior, por tanto, al de una legislatura para situarlos al margen de los vaivenes políticos.

El Director General ya no será designado por el Gobierno, sino que será seleccionado por el Consejo de Administración mediante procedimiento público, y dispondrá de los más amplios poderes ejecutivos otorgados por el propio Consejo. Será una persona seleccionada y contratada con criterios profesionales por el Consejo de Administración.

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