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14/02/2005

Caso Frechoso: El juez Moreiras sostiene que las empresas editoriales pueden limitar la libertad de expresión de sus redactores

Madrid, 14 de febrero de 2005.

El magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Miguel Moreiras -ex juez de delitos monetarios de la Audiencia Nacional-, ha revocado una sentencia del juzgado de lo social número 11, que condenaba a la empresa editora de El Mundo (Unedisa) por vulnerar la libertad de expresión de su redactor-jefe Francisco Frechoso -afiliado del SPM-, al entender que las empresas de comunicación pueden limitar a sus redactores el ejercicio de este derecho fundamental.

La citada sentencia del juzgado de lo social consideraba probado que la dirección de El Mundo prohibió a Frechoso mantener su colaboración en la tertulia de Tele 5 «La mirada crítica», en la que participó durante cuatro años, en represalia por criticar en ese programa la actuación de la empresa durante la huelga general del 20 de junio de 2002.

El juez Moreiras, por el contrario, basa su decisión de absolver a Unedisa en dos sentencias: una del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo y otra del Tribunal Constitucional español.

Tribunal Europeo

En la primera, se niega el amparo en su derecho a la libertad de expresión a un editor turco que fue sancionado por publicar en su revista dos cartas de lectores en las que éstos acusaban al Ejército del país de «masacrar intencionadamente a la población kurda», y a las instituciones de la República, de «ser cómplices en la encarcelación, tortura y asesinato de dirigentes» de esa etnia.

El magistrado interpreta que, en su fallo, el tribunal europeo «reconoce expresamente la facultad de un empresario de la comunicación a que los periodistas que trabajen para él en los medios de su propiedad se ajusten y sigan la linea editorial que aquél establezca. La libertad del periodista radica, en consecuencia, en la posibilidad de elegir entre los distintos medios de comunicación con distintas orientaciones ideológicas aquel que estime más acorde con sus ideas. Pero si se ha comprometido libre y voluntariamente para trabajar por cuenta de uno de esos medios en particular, debe hacerlo `…de conformidad a las reglas de la buena fe y la diligencia (…); cumpliendo las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio de sus facultades directivas; y no concurriendo con la actividad de la empresa en los términos fijados en esta ley´, dice el artículo 5º a), c) y d) del Estatuto de los Trabajadores, que en su artículo 21.1 dice que `no podrá efectuarse la prestación laboral de un trabajador para diversos empresarios cuando se estime concurrencia desleal o cuando se pacte la plena dedicación mediante compensación económica expresa, en los términos que al efecto se convengan´. De lo que se desprende que la conducta seguida frente al demandante por la empresa editorial fue conforme a las normas legales y a la jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos».

Tribunal Constitucional

La sentencia del Tribunal Constitucional español que utiliza Moreiras como argumento jurídico, rechaza que se haya vulnerado el derecho a la libertad de expresión de «un funcionario», sancionado por «suscribir un comunicado en el que se criticaba al Gobernador Civil de la provincia». Recuerda el juez que el ejercicio de ese derecho «se encuentra sometido a determinados límites» para los funcionarios públicos «en virtud del grado de jearquización o disciplina al que estén sometidos». Cabe precisar, porque la resolución no lo hace, que el funcionario aludido es un policía nacional.

Entiende el magistrado que, si bien este supuesto «se refiere a un funcionario público, el grado de jerarquización o disciplina interna, aunque modulado para los trabajadores por cuenta ajena, no es inexistente, sino que viene regulado en los artículos 5 y 20 del Estatuto de los Trabajadores, como ya se ha manifestado con anterioridad. Y esta obligación contractual puede ser exigida por el empresario».

Aunque el juez Moreiras no lo tiene en cuenta, es imprescindible recordar que, según doctrina consolidada del Tribunal Constitucional, «la celebración de un contrato de trabajo no implica, en modo alguno, la privación para una de las partes, el trabajador, de los derechos que la Constitución le reconoce como ciudadano, así como también que la libertad de empresa (art. 38 CE) no legitima que los trabajadores hayan de soportar limitaciones injustificadas de sus derechos fundamentales y libertades públicas». Tampoco existe «un deber genérico de lealtad con un significado omnicomprensivo de sujeción del trabajador al interés empresarial, pues no resultaría acorde con el sistema constitucional de relaciones laborales». Por eso recomienda el Constitucional que «los órganos judiciales preserven el necesario equilibrio entre las obligaciones del trabajador dimanantes del contrato de trabajo y el ámbito de sus derechos y libertades constitucionales, pues dada la posición preeminente de éstos en el Ordenamiento jurídico, en cuanto `proyecciones de los núcleos esenciales de la dignidad de la persona´ (art. 10.1 CE) y fundamentos del propio Estado democrático (art. 1 CE), la modulación que el contrato de trabajo puede producir en su ejercicio ha de ser la estrictamente imprescindible para el logro de los legítimos intereses empresariales, y proporcional y adecuada a la consecución de tal fin».

Asimismo, el TC ha reiterado que «la libertad de información es, en términos constitucionales, un medio de formación de opinión pública en asuntos de interés general, cuyo valor de libertad preferente sobre otros derechos fundamentales viene determinado por su condición de garantía de la opinión pública, que es una institución consustancial al Estado democrático que los poderes públicos tienen especial obligación de proteger. Este valor preferente alcanza su máximo nivel cuando la libertad es ejercitada por los profesionales de la información a través del vehículo institucionalizado de formación de la opinión pública, que es la prensa, entendida en su más amplia aceptación.

«Hartazgo»

El autor de la demanda ha dirigido un escrito, a través del Comité de Empresa, a todos sus compañeros de El Mundo. Frechoso, después de analizar la resolución, concluye: «Ante una sentencia de este calado, sólo me quedan dos opciones: pedir perdón y abandonar la profesión, puesto que siempre la he ejercido ilegalmente, es decir, sin tener en cuenta las limitaciones que, según Moreiras, impone la Justicia española, o bien recurrir a una instancia superior por si la interpretación de este magistrado no fuera la correcta. Aún no lo he decidido. Después de más de dos años de litigio, y aunque el balance no es malo -dos sentencias a favor y una en contra-, es fácilmente comprensible mi hartazgo».

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