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03/04/2019

Ahora Madrid intentará que el Ayuntamiento apoye el blindaje constitucional de las pensiones

Pensiones - MERP

La primera teniente de alcalde se compromete a llevar el tema al próximo pleno tras reunirse con la Mesa Estatal que lo propone (MERP), de la que forma parte la FeSP

3 de abril de 2019

La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Marta Higueras, se ha comprometido este miércoles a intentar que todos los grupos políticos de la corporación local aprueben una declaración institucional de apoyo al blindaje de las pensiones en la Constitución, a petición de la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP).

Si no consigue el apoyo de todos los partidos, Higueras ha dicho que su grupo (Ahora Madrid, que gobierna la corporación municipal bajo la presidencia de la alcaldesa, Manuela Carmena) presentará una moción de apoyo a esa propuesta de la MERP, como han hecho otros ayuntamientos e instituciones de España, para que sea votada en el pleno del 30 de abril, el último antes de las próximas elecciones municipales.

La primera teniente de alcalde se ha reunido este miércoles con 40 representantes de las 300 organizaciones que constituyen la MERP —entre ellos el secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Agustín Yanel—, que habían solicitado el encuentro para pedirle el apoyo del Ayuntamiento a su reivindicación.

Higueras les ha confirmado que está “absolutamente de acuerdo” con la propuesta de la MERP. Esta pide una reforma de la Constitución “que incluya las pensiones públicas como derecho fundamental, con la prohibición expresa de que cualquier gobierno, actual o futuro, pueda tocar, recortar o privatizar, total o parcialmente, el sistema público de pensiones”.

Según la MERP, esa reforma de la Constitución debe recoger “como obligación constitucional el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones, y por tanto la imposibilidad de que ningún tipo de medida —ya sean recortes, subidas de impuestos, copagos, aumento de las tarifas de los servicios básicos o cualquier otra— pueda afectar a las pensiones”.

La MERP se constituyó hace seis años con el objetivo unitario de conseguir que las pensiones sean reconocidas en la Constitución como un derecho fundamental, y que se prohíba su privatización o pérdida de poder adquisitivo. Esta propuesta ya ha sido apoyada por el Parlamento de Navarra, la Generalitat Valenciana, el Gobierno de Cantabria, el cabildo de Gran Canaria y 60 ayuntamientos. También estudian si la respaldan los Parlamentos de Galicia, Comunidad Valenciana y Aragón.

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