Visto para sentencia el juicio contra el fotoperiodista Raúl Capín

La defensa recalca que “la fiscalía tiene que acreditar las pruebas, y no lo ha hecho”

La PDLI protesta ante la Comisión Europea por las frecuentes denuncias contra periodistas

Madrid, 23 de febrero de 2016

Raúl Capín, a la salida del juzgado. ©SPM

Raúl Capín, a la salida del juzgado. ©SPM

Este martes ha quedado visto para sentencia el juicio contra el fotoperiodista Raúl Capín, que se ha declarado inocente de la acusación de “atentado contra la autoridad” por la que la fiscalía le pide dos años de prisión. “La fiscalía tiene que acreditar las pruebas, y no lo ha hecho”, ha remarcado en sus conclusiones el abogado defensor, Andrés Fariñas, mientras el propio Capín rechazaba de plano la versión policial de que –mientras cubría una protesta de las Mareas Ciudadanas hace justo tres años– agredió a una agente para que no detuviera a una manifestante: “En ningún momento traté de impedirlo. No utilicé la fuerza. No intenté entorpecer la labor de la policía. Solo sacaba fotos”.

El juicio había sido aplazado el 19 de enero porque la policía aportó como única prueba unas fotocopias de unas fotografías “poco claras” de los hechos. Y aunque esta vez las seis imágenes presentadas tenían mayor calidad, la defensa consideró que “las fotos no deben ser tenidas en cuenta” porque la fiscalía “no ha acreditado su autoría ni si han sido tratadas”, porque los testimonios policiales –por videoconferencia– señalaron “cosas diferentes” sobre su procedencia, y porque “no sabemos de dónde han salido” más allá de un impreciso “las sacamos de Internet” días después “y nos dimos cuenta de que una persona era Capín”. El abogado Fariñas también subrayó que en los dos vídeos aportados por la acusación “no aparece Raúl Capín” y “no se ve el hecho concreto” por el que se le ha procesado.

Al elevar a definitivas sus conclusiones, la fiscal argumentó que las fotos y los vídeos se han “obtenido de las redes sociales de manera lícita”, y consideró que “corroboran” la versión policial del acusado “poniendo la mano sobre la agente y clavándole la rodilla”. En cambio, la defensa recordó que “ninguno de los policías puede certificar quién ha empujado o no empujado” –tanto Capín como la testigo y videoperiodista Alicia Armesto coincidieron en que había “un círculo de periodistas grabando y haciendo fotos, trabajando”–, ni “tampoco la agente” supuestamente agredida, que dijo haberlo sido “varias veces” pero no aportó “ningún parte de lesiones”.

Aunque la fiscal insistió en que “nadie pone en duda la condición de periodista” de Raúl Capín –colaborador de Diario Independiente Digital Mundo Obrero y afiliado al Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM), la defensa enfatizó que “basta la lectura del atestado” policial para darse cuenta de que “sí se está hablando de la profesionalidad” del fotoperiodista. El documento incluye interpretaciones de tono descalificador como “habitualmente se hace pasar por periodista”, “supuesta cobertura” periodística, labor informativa “carente de imparcialidad”. Y los testimonios policiales por videoconferencia abundaron en esa línea de opinión respecto a Capín –“asiduo a muchísimas manifestaciones; sabemos que cuelga sus fotos en Internet; a lo mejor es freelance o algo así”– y sobre “determinados medios” que “solo ofrecen cobertura de la actuación policial y no de los grupos radicales”.

Queja de la PDLI

Este mismo martes, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI, a la que pertenece la Federación de Sindicatos de Periodistas) ha presentado un escrito de queja ante la Comisión Europea por las frecuentes denuncias contra periodistas en España. En concreto, se ha dirigido a los comisarios de Economía y Sociedad Digital, Günther H. Oettinger, y de Derechos Humanos, Nils Muižniek, así como al vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, a quienes ha transmitido su preocupación por la situación de la libertad de información en nuestro país.

La PDLI subraya que junto con las recientes ‘leyes mordaza’ aprobadas el año pasado por el Gobierno, se repiten “procedimientos judiciales dirigidos contra periodistas” que incluyen peticiones de pena de cárcel. Estos juicios, añade, “son el resultado de las denuncias de las que vienen siendo objeto, en particular, periodistas que informan de manifestaciones u otras acciones de protesta, como encierros o intentos de paralización de desahucios”. La Plataforma cree que, como evidencia el caso de Capín, “tanto la ausencia de pruebas solventes como la desproporción de las medidas que rodearon la detención del fotoperiodista, contribuyen a que estos episodios puedan considerarse como un intento de amedrentar a periodistas molestos para las instituciones y, por tanto, una vulneración del derecho a la información”.

La PDLI, que ha elaborado una “cronología de ataques a la libertad de información” que refleja esa situación, insta a la Comisión a promover “el cese de este tipo de denuncias selectivas” y a realizar “las reformas legales necesarias para que las libertades de información y expresión estén adecuadamente garantizadas en España”, de acuerdo con las normas comunitarias.

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