Una violencia intolerable contra profesionales de la información

La FeSP rechaza las agresiones a periodistas registradas en las movilizaciones posteriores a la sentencia del Tribunal Supremo sobre ‘el procés’.

Junta Ejecutiva Federal de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP)

La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) rechaza las agresiones registradas a lo largo de la semana pasada contra profesionales de la información, tanto en Barcelona y otras localidades catalanas como en Madrid, en el marco de las movilizaciones de protesta contra la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés.

Según los últimos recuentos, en Catalunya ha habido 66 compañeros/as que han sufrido la violencia mientras realizaban su trabajo, por parte algunos agentes de los cuerpos de seguridad –Mossos  d’Esquadra y Polícia Nacional– y también por parte de manifestantes. A esos casos hay que añadir varios más en Madrid, durante las concentraciones convocadas por el mismo motivo.

La Junta Ejecutiva Federal de la FeSP considera que estas agresiones contra quienes están cumpliendo con su misión de informar son totalmente rechazables e impropias de una democracia. Los servidores públicos y la ciudadanía deben respetar el trabajo de los y las profesionales de la información, cuya tarea consiste en garantizar el derecho a la información de la ciudadanía. Los y las periodistas no somos más que el resto de las personas. Nos gustaría que todas las manifestaciones fueran pacíficas y acudimos a ellas para informar a la opinión pública de lo que sucede en la calle.

 La FeSP siempre ha rechazado todas las agresiones a profesionales de la información, vengan de donde vengan y sean quienes sean las personas afectadas. Esta Federación se solidariza con los profesionales de la información que han desarrollado su tarea en condiciones tan difíciles, y felicita al Sindicato de Periodistas de Catalunya (SPC) por el seguimiento que ha realizado de estas agresiones;  sus datos han servido a la Federación Europea de Periodistas (FEP) -de la que forma parte la FeSP- para denunciar los hechos ante las organizaciones europeas correspondientes. Instamos a las instituciones a adoptar las medidas necesarias para que situaciones como éstas no se repitan.

La FeSP reitera la petición que viene haciendo desde hace años al Gobierno y los grupos parlamentarios para que regulen de una vez por todas el derecho a la información de la ciudadanía como lo está en muchos países de nuestro entorno, mediante una ley en la que se establezcan los derechos y las obligaciones de los y las periodistas para garantizar este derecho, y también la obligación que tienen los servidores públicos de respetar el trabajo de los y las profesionales para que se pueda cumplir de manera eficaz ese derecho.

En Cataluña, el 72,3% de las agresiones recibidas por profesionales de la información han sido realizadas por agentes policiales, tanto de los Mossos d’Esquadra como del Cuerpo Nacional de Policía. El consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, deben impulsar las investigaciones necesarias para depurar las responsabilidades que correspondan ante estos casos de violencia inadmisibles. Y si no lo hacen, deben ser ellos quienes asuman esa responsabilidad.

Hay que destacar que prácticamente todos los casos –tal como evidencian las imágenes sobre estos ataques– han sido voluntariamente dirigidos contra periodistas para alejarlos de las zonas de actuación policial, lo que lleva a que no puedan ser testigos de lo que sucede ni informar de ello a la ciudadanía. Los servidores públicos, insistimos, deben proteger el derecho a la información de la ciudadanía, no perseguirlo, y facilitar el trabajo de quienes deben realizarlo, sin entorpecer las tareas policiales.

Por todo ello, la FeSP apoya el manifiesto que varias organizaciones catalanas de profesionales y sindicales de la información han hecho público hoy, lo firma y hace un llamamiento al resto de organizaciones, comités de empresa y consejos profesionales de los medios de comunicación para que se adhieran a esta iniciativa.

Sin información no existe una democracia plena y sin profesionales encargados de ella no se cumple el derecho constitucional y humano de la ciudadanía a recibirla.

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