Transcripción íntegra de la intervención de Dardo Gómez en la 2ª Asamblea Anual del SPM

A continuación, se transcribe íntegra la intervención inicial de Dardo Gómez durante la 2ª Asamblea del SPM, que se celeberó el pasado 11 de febrero bajo el título: «Consejos Audiovisuales: ¿Solución o problema?. En los próximos días se subirá a ésta web la transcripción del debate entre Joan Botella, Dardo Gómez y los asistentes al mismo. Foto Antonio Peiró.

«El debate sobre los consejos audiovisuales hay que inscribirlo en la preocupación sobre la futura existencia de un Consejo de la Información, tal como se reclama en el Estatuto del Periodista Profesional que está en el Congreso de los Diputados. Yo creo que todo lo que se ha dicho en los últimos meses sobre los consejos del audiovisual a través de los medios periodísticos en España es casi algo que justificaría el Consejo de la Información, porque todo lo que se ha dicho es malo y falso. Entonces, podemos caer en dos escenarios, o que no se cumple el hecho que recomienda el Tribunal Constitucional cuando habla de la veracidad, que se falta a la verdad cuando empresas encargan información sin diligencia suficiente como para saber la verdad lo más aproximada, o que se ha mentido, simplemente, para distorsionar a la opinión pública.

Lo que se ha dicho en primera versión ha sido siguiendo la estela del consejo del audiovisual existente en España, en el ámbito catalán desde el año 1996, como si fuera un invento de la semana anterior. Pero inmediatamente, una autoridad de las asociaciones de la prensa de España, concretamente su presidente, dijo que esto era una enormidad que no existía en ninguna parte de Europa. Como las hemerotecas existen y algunas personas recuerdan, en 24 horas se le contestó que sí que existen en otras partes de Europa e incluso, que existen en número ingente porque hay 38 consejos del audiovisual en 34 países europeos, sin hablar del resto del mundo. Luego se ha dicho que no todos tienen estas atribuciones; evidentemente, unos sí las tienen y otros no, y algunos, como en el caso francés las han ejercido en algunas ocasiones, pero están ahí.

La mentira tiene patas cortas así que como ya no se podía argumentar apoyándose en esta falsedad, la última que hemos recibido esta semana es que el presidente de la FAPE considera que los españoles no estamos preparados para esto porque estos organismos están estructurados en países con gran experiencia democrática y que aquí no tenemos esa capacidad y esa inteligencia. Abundando en esta falta de experiencia de los españoles para vivir en democracia, dice que, además, en España las instituciones están desprestigiadas y habla en concreto del Parlamento español, que es la esencia de la democracia de un país, la representación de sus ciudadanos. Yo, que he vivido muchos años en Suramérica, y además, se me nota, cuando oigo que alguien dice que las instituciones están desprestigiadas pienso que en 48 horas tendremos los tanques en la calle. Cuando después de tantos años de dictadura en España alguien dice que las instituciones democráticas no tienen prestigio, a mí me da mucho miedo porque significa que las instituciones democráticas no sirven y si no sirven es que alguien está pensando en reemplazarlas y la siguiente pregunta lógica es por qué o por quién.

Se dice que los consejos del audiovisual son intervencionistas porque los designan los políticos, pero da la casualidad que los políticos que existen, cuando son elegidos en elecciones democráticas, y pasan a ser diputados del Estado, pasan a ser representantes del pueblo, es decir, los representantes de la voluntad popular expresada en las urnas. Pero es que, además, la actividad de legislar es para lo que están, no para otra cosa. Desde Montesquieu para acá, el poder está dividido y lo único que les compete a los diputados y senadores es legislar, por eso, si alguien me dice que los diputados y senadores de España no tienen capacidad para legislar, vuelvo a preguntar ¿quién tiene que hacerlo?. Otra fórmula no tenemos, o el Sr. Urbaneja cree que somos muy torpes los españoles.

Se dice que cómo puede ser que se vaya a emitir opinión sobre lo que es o no verdad cuando, en realidad, lo que se va a hacer es emitir opinión, si es que se emite, sobre lo que es veraz, porque la veracidad no tiene nada que ver con lo que es verdad. Es muy sencillo, no es verdad lo que es mentira. Pero, además, el Tribunal Constitucional ya se ha expresado y considera que un periodista no es veraz en su información cuando se demuestra que hay un intento de engañar en una información porque, dice literalmente, «no ha puesto la debida diligencia en contrastar esa información». Yo creo que esto no es sólo exigible a los medios audiovisuales, es exigible a todos los medios porque esto de la veracidad de la información no es algo que compete a un medio sino que compete a un derecho de los ciudadanos, vean televisión, escuchen radio o lean un periódico.

Otra de las cosas que se dicen es que se quiere controlar a los medios cuando lo que se quiere hacer es que los ciudadanos estén protegidos en sus derechos. Es posible que el señor Urbaneja sepa más que muchos, como Robert Pinker que lleva 40 años metido en esto de regular en la prensa británica y que defiende la autorregulación. Pero si los medios no se autorregulan, el gobierno tiene el deber de regular. Otros dicen que para eso están los tribunales y que el que se sienta damnificado que vaya a los tribunales pero cuando se hace esta opción hay que esperar a que un tribunal se pronuncie y mientras tanto queda en suspenso su derecho. Pinker argumenta que las leyes son lentas, caras e inseguras mientras que los dictámenes de los organismos de autorregulación, como el consejo de la prensa del Reino Unido, ofrecen reparaciones justas, rápidas y gratuitas.

La autorregulación se puede aplicar con posterioridad a una norma previa, lo que no puede ser es que la autorregulación se entienda como el criterio de cada uno para autorregularse. El defensor del lector de The Guardian dice que cualquier editor que invoque el interés público para publicar una información tiene que demostrar que existe tal interés público. En España estamos viendo que un señor, en base a la libertad de expresión, hace un editorial, da su opinión y esa opinión pasa a convertirse en una información y el señor pasa a hablar en nombre del interés público que no existe.

Otra cosa que dicen no entender los patronos de los medios es que los periodistas tenemos la obligación de informar con libertad además del derecho. Me gusta esto porque si uno se fue a tomar café el día que en la facultad daban derecho a la información le sirve para refrescar conceptos, aunque tengo la impresión de que en este país mucha gente se iba a la cafetería a la hora del derecho a la información. Resulta que uno de los ejemplos que se da de derecho de doble vía es el derecho de información. Además, en los últimos días se confunde derecho a la información, libertad de expresión y libertad de prensa, pensando que todo es lo mismo y no lo es aunque están en el mismo saco. La libertad de prensa es la libertad que tiene cualquier ciudadano a montar una empresa y dar información y además, de publicar en esa empresa según una línea editorial que nadie le puede prohibir ni cerrar. En un periódico, si yo no quiero dar ni una información de religión pues no la doy o si quiero publicar sólo información de religión pues lo hago. Esa es la libertad de prensa. La libertad de expresión es el derecho que tenemos todos, periodistas y no periodistas, a decir lo que queramos y el que se sienta damnificado, si es que me he extralimitado, podrá demandarme. La libertad para informar, en el caso de los periodistas, tiene la contrapartida, que parece que no terminan de entender los medios, de que la información debe ser veraz, plural y completa. Lo señalan el Tribunal Constitucional y la Constitución española. La información no es un derecho ni de las empresas peri
odísticas ni de los periodistas, es un derecho de los ciudadanos. Y como todo derecho que tenemos todos los ciudadanos, el Estado, no tanto el gobierno o los políticos, que también se está confundiendo todo en las últimas semanas, tiene la obligación de preservarlo. Como tiene la obligación de preservar el derecho a la salud de los ciudadanos, a la educación o, en última instancia, el derecho de los ciudadanos a circular por el país. ¿Tenemos que confiarles ese derecho a los dueños de los periódicos, a los dueños de las emisoras?, ¿dónde se ha visto eso?. Como dijo alguien alguna vez, ¿le vamos a confiar al zorro el cuidado de las gallinas?. En los últimos 25-27 años de democracia en España, lo que han demostrado los medios periodísticos españoles es que no tienen ninguna intención de autorregularse.

Si vamos a profundizar en lo que ellos mismos dicen, insisto en algo que a los señores Polanco y Cebrián se les escapó cuando confiaron un editorial de El País contra el proyecto de Estatuto del Periodista Profesional con la siguiente descripción del periodismo en España, con exquisiteces como que «el periodismo en España ha llegado a cotas realmente insostenibles» y que «está atentando contra las instituciones básicas del estado, degradando la dignidad de los periodistas, provocando la indefensión de la ciudadanía y atentando en suma contra la democracia». Más adelante señala que «la situación del deterioro de la prensa española no tiene parangón en el resto de Europa». Lo que no dice es que en el resto de Europa hay Estatuto del Periodista Profesional, Consejos de Información, Consejos del Audiovisual y que no se llega a estos límites. Lo interesante es que después de completar este diagnóstico tan tremendo, el editorial de El País opina que lo que cabe es no hacer nada y dejar que los medios se autorregulen. Es como si uno va a un hospital y se encuentra que los médicos no le asisten, que en lugar de salvarlo tratan de matarlo, etc. y se pregunta qué hacer y la respuesta es, nada, que los médicos reflexionen porque el código ético, como señalaba un editorial de El Mundo (y el señor Urbaneja), es algo individual; pues nada, cuando llegue alguien del Samur, se le pregunta primero qué código ético tiene. Concretamente, El Mundo dice que el código ético es un compromiso personal y colectivo de quienes aceptan voluntariamente unas reglas de comportamiento en el ejercicio de su profesión. La pregunta es, qué pasa si no las aceptan. Pues si no las aceptan, no pasa nada.

Tampoco aceptan que las condiciones profesionales estén unidas a las condiciones laborales de los periodistas, eso que el Código Ético del Consejo de Europa señala que para que un periodista pueda elaborar una información con diligencia, las empresas tienen que dotarle de todos los recursos para elaborarla. Realmente, cuando se ve a compañeros corriendo de una rueda de prensa a otra, recogiendo las fotocopias que les dan, etc. se tiene la sensación de que las empresas no están poniendo los recursos necesarios para que alguien haga información con diligencia. Por eso, derechos laborales y profesionales son inseparables y si los ciudadanos quieren estar bien informados tienen que saber que esas dos necesidades de los periodistas tienen que estar bien cubiertas. Salvo que los señores Polanco, Pedro Jota y Zarzalejos me demuestren otra cosa, en Europa lo que se ha establecido para que esto vaya adelante, y no ocurran cosas como las que los propios medios dicen que ocurren en España, tiene que haber estatuto profesional que garantice la independencia y la pluralidad dentro de los medios, que se den los recursos necesarios para actuar diligentemente y que haya autoridades que pueden obligar a las empresas periodísticas a que publiquen delante de los lectores que lo que les han dado no era información.

La libertad de expresión se está confundiendo últimamente porque ¿quién de nosotros se expresa en su agencia, en su periódico, en su revista o en su radio?. Lo que hacemos es dar información. La expresión de un medio se da en sus editoriales, en sus columnistas firmados, que es donde se opina, pero yo cuando leo quiero saber si usted está dando información u opinión. Hay radios y televisiones que editorializan y levantan polémicas sobre una opinión pero no sobre una información. No estamos contra las empresas periodísticas estamos a favor de que los ciudadanos reciban una información veraz, plural y completa. Esta es la cuestión y no todas las tonterías que se están diciendo aunque las diga mucha gente. Una tontería repetida un millón de veces se convierte en un millón de tonterías.»

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