Retroceso en la Ley de Comunicación de Uruguay

José Manuel Martín Medem, secretario de Medios Públicos del SPM y miembro de la Junta Ejecutiva Federal de la FeSP

 

El nuevo gobierno de Uruguay, formado por una alianza de la derecha y la extrema derecha, prepara la derogación parlamentaria de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una de las más democráticas de América Latina, aprobada por el Frente Amplio durante la presidencia de José Mujica (2010/2015).

El nuevo proyecto de ley elimina los avances de la anterior legislación, a la que se habían opuesto los dueños de las radios y las televisiones comerciales, agrupadas en la patronal ANDEBU. El Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (OBSERVACOM) considera que esta contrarreforma del gobierno presidido por el conservador Luis Alberto Lacalle Pou “fortalece a los negocios audiovisuales contra el servicio público y significa un retroceso para la democracia”.

La nueva ley de comunicación elimina las restricciones para la concentración de la propiedad de los medios, facilita que los empresarios del sector audiovisual puedan controlar también la telefonía e internet, entrega al gobierno la decisión sobre la asignación de frecuencias, amplía de diez a quince años la duración de las licencias de emisión y elimina la supervisión del Consejo de Comunicación Audiovisual y los procedimientos administrativos y judiciales que protegían los derechos de la audiencia.

Hay además otros dos cambios de especial repercusión. Ya no habrá emisión gratuita de las campañas electorales y sólo tendrán acceso a la radio y a la televisión los grupos políticos que

puedan pagar los espacios de propaganda. Antes se emitían en abierto los partidos de la selección nacional de fútbol en las competiciones más importantes. Ahora, quién quiera verlos tendrá que contratarlos en la televisión de pago.

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