Protestas nacionales e internacionales contra los registros judiciales e incautaciones de material periodístico en medios de Baleares

FeSP, FEP y FIP denuncian la “grave vulneración del secreto profesional, reconocido en el artículo 20 de la Constitución española y en todas las legislaciones democráticas”

14 de diciembre de 2018 

Mensaje del SPIB al agradecer el apoyo a sus iniciativas de protesta.

Una auténtica cascada de críticas y protestas periodísticas, tanto nacionales como internacionales, ha seguido a la decisión del juez de Palma Miquel Florit de ordenar —con apoyo de la Fiscalía Anticorrupción— los registros en Europa Press Baleares y ‘Diario de Mallorca’ y las incautaciones de documentación y material de dos periodistas de esos medios que han informado sobre un caso de corrupción.

Además de las concentraciones de profesionales de la información en Palma de Mallorca, Madrid y Barcelona, organizaciones como la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y su rama europea (FEP) se han sumado a las críticas de sindicatos y asociaciones españolas integradas en ambas: Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Comisiones Obreras (CC.OO.) y Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).

Las Federaciones Internacional y Europea de Periodistas comparten la denuncia de sus organizaciones españolas y consideran que tales hechos “son una grave violación del derecho de los periodistas a proteger sus fuentes de información”, derecho que es “un pilar fundamental de la libertad de prensa, recogido en el artículo 20 de la Constitución”.

En una nota de prensa, la FIP y la FEP recogen las declaraciones del secretario general de la FeSP, Agustín Yanel, para quien esa actuación judicial “constituye una grave vulneración del secreto profesional de los periodistas, reconocido en el artículo 20 de la Constitución española y en todas las legislaciones democráticas sobre libertad de información”.

Palma, Madrid, Barcelona

Las protestas contra la decisión judicial han sido numerosas y se han expresado de diversas formas: comunicados, concentraciones de periodistas, firmas masivas de manifiestos y denuncias en las redes sociales. Las primeras protestas tuvieron como escenario Palma, donde el Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB-FeSP) y la Associació de Periodistes de les Illes Balears (APIB) reaccionaron con un comunicado conjunto el mismo martes en que se estaban produciendo los registros. Dos días después, ayer jueves, ambas organizaciones convocaron una concentración ante la sede del Ayuntamiento, que reunió a cerca de 200 profesionales de la información.

En Madrid, el mismo jueves tuvo lugar una concentración en la sede central de Europa Press, convocada por los comités y delegados de personal del Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM-FeSP). Este viernes se ha producido otra concentración en la capital, esta vez ante el Tribunal Supremo, que había sido convocada por periodistas que cubren la información judicial —los más afectados por la decisión del juez de Palma, un grave precedente que puede condicionar su trabajo diario— y que fue respaldada por varias organizaciones sindicales y profesionales, incluida la FeSP. Paralelamente, en Barcelona, ha habido otra protesta ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que contó entre sus apoyos con el del Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC-FeSP).

La concentración madrileña ante la sede del Tribunal Supremo reunió a cerca de 200 periodistas bajo el lema “Nuestro secreto profesional, tu derecho a la información”, y en ella se escucharon consignas como “El secreto no se toca”, “Sin periodismo no hay democracia” y “Juez, respeta nuestros derechos”. Además de numerosos periodistas de tribunales, acudieron el secretario general de la FeSP, Agustín Yanel; el presidente de la FAPE, Nemesio Rodríguez; el presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Cabiedes, y el director de esa agencia. Javier García Vila; el presidente del grupo Prensa Ibérica y de la Asociación de Medios de Información (AMI), Javier Moll, y el director general de esta organización empresarial, Ramón Alonso.

En declaraciones a los medios, Yanel y Rodríguez coincidieron en denunciar la gravedad de este atentado sin precedentes contra el secreto profesional periodístico y su influencia muy negativa en el derecho constitucional de la ciudadanía a recibir información veraz y plural, porque la decisión judicial ataca directamente a las fuentes de la información en un caso de corrupción de interés general.

Las diligencias judiciales por supuesta revelación de secretos del caso Cursach se iniciaron tras difundir el 5 de julio Europa Press y ‘Diario de Mallorca’ una noticia titulada “La Policía acusa al Grupo Cursach de defraudar 51 millones a Hacienda y otros 14 a la Seguridad Social”.

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