Por unos medios de comunicación públicos y democráticos

La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) se ha hecho eco este pasado 28 de octubre, a través de su sección de noticias en Internet, de la propuesta de elaboración de la Ley de garantías del Derecho a la Información de la ciudadanía, incluida por Izquierda Unida en su programa para las próximas elecciones del 20 de noviembre.

Recoge, además,otras referencias de dicho programa a los medios de comunicación públicos:

«5º. Por unos medios de comunicación públicos y democráticos

  • Que la Ley general de la Comunicación audiovisual garantice de verdad el reparto equitativo de las licencias entre el servicio público, las iniciativas sociales y los negocios audiovisuales, de manera que los tres sectores puedan disponer de radios y televisiones de cobertura municipal, autonómica y estatal.
  • Que se establezca un modelo definitivo de financiación para RTVE con recursos suficientes para que la rentabilidad social de su neutralidad garantice un servicio público estatal que fortalezca una democracia de calidad con ciudadanos bien informados.
  • Mantenimiento y blindaje del carácter público del espacio radioeléctrico.
  • Que la legislación sea la misma para todos los servicios públicos (municipales, autonómicos y general del estado), impidiendo la privatización y su utilización en beneficio de los intereses de los gobiernos.
  • Que se aplique el derecho de acceso (bloqueado durante treinta años) en todas las radios y televisiones de titularidad pública como un mandato constitucional que obliga al reparto de espacios de libre disposición entre los partidos, los sindicatos y las organizaciones sociales.
  • Que se abra un debate público sobre el proyecto de decreto con el que se pretende imponer un reglamento que impide el desarrollo de las iniciativas sociales en la radio y la televisión.
  • Que se constituya inmediatamente el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) al que la Ley General de la Comunicación Audiovisual encarga la supervisión del servicio público, la vigilancia de los negocios audiovisuales, la correcta aplicación del derecho de acceso y la extensión de la alfabetización audiovisual para que el conocimiento sobre los medios facilite que los ciudadanos los utilicen para controlar al poder económico y político.
  • Que se garantice la buena formación universitaria, la autonomía profesional y las dignas condiciones laborales de las plantillas laborales de la comunicación para impedir que su precariedad contribuya a la desinformación de los ciudadanos.
  • Un marco jurídico, con rango de ley, como la forma de garantizar de forma efectiva el respeto y ejercicio efectivo de los derechos del artículo 20 de la Constitución, puestos en peligro, por la fuerte situación de concentración empresarial en el sector de medios de comunicación a la que acompaña la terrible precariedad de las relaciones laborales en las empresas informativas y la fragilidad del conjunto de la profesión periodística.
  • Constituir en el seno de las empresas informativas órganos de participación y para la consulta e interlocución entre las profesionales de la información y las empresas, para todo lo referido a los contenidos informativos, línea editorial, elaboración de las informaciones en las redacciones y su gestión».

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