21/05/2015

Peticiones del SPM ante las elecciones del 24 de mayo

• El Sindicato de Periodistas de Madrid plantea 16 grandes propuestas a las candidaturas en las elecciones autonómicas y municipales 

La necesidad de los medios de comunicación como parte fundamental de la democracia es reconocida por todos los partidos y formaciones políticas. Pero, salvo excepciones, ese reconocimiento no se traduce en propuestas concretas en sus programas electorales. Se olvida que el derecho de la ciudadanía a la información y la comunicación es un derecho humano y constitucional como lo son la educación, la sanidad y otros.

El Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM) –integrado en la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) que, a su vez, forma parte de la Federación Internacional de Periodistas (FIP)– considera que el derecho constitucional que tiene la ciudadanía a recibir información veraz y plural no será una realidad plena si los poderes públicos no adoptan las medidas necesarias para garantizar que los profesionales de todos los medios puedan trabajar sin injerencias políticas y en condiciones laborales dignas.

El sector de los medios de comunicación ha sufrido con dureza los efectos de la crisis económica, con el despido de miles de personas y el cierre de muchos medios. Eso no solo ha perjudicado gravemente a las empresas y a los trabajadores, sino al derecho de la ciudadanía a la información y, en consecuencia, a la calidad de la democracia.

Para evitar que continúe el deterioro del sector de la comunicación, con sus nefastas consecuencias para la ciudadanía, el Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM) insta a los partidos políticos y formaciones que concurren a las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo de 2015 a que se comprometan a adoptar las medidas que estén a su alcance, tanto en la Asamblea de Madrid como en los ayuntamientos de la Comunidad, para garantizar que los medios de comunicación puedan hacer efectivo el derecho a la información que consagra el artículo 20 de la Constitución.

El SPM propone a todas las candidaturas:

1. Compromiso político con el Derecho a la Información y la Comunicación de la Ciudadanía (DICC)

Que busquen fórmulas legislativas para regular y desarrollar en el ámbito autonómico madrileño ese derecho constitucional, siguiendo el ejemplo de comunidades más avanzadas en ese capítulo y que incluso lo han recogido en sus Estatutos de Autonomía, como Cataluña (artículo 52) y Andalucía (artículo 207). Esa regulación es fundamental porque el ejercicio del derecho a la información y la comunicación es imprescindible para el ejercicio de los demás derechos y, por tanto, para la plena participación democrática de la ciudadanía.

2. Transparencia en todos los ámbitos de la comunicación

Que hagan de la transparencia una característica esencial en todos los ámbitos de la comunicación y una seña de identidad de todas las políticas de comunicación: concesión de licencias de emisión en el sector audiovisual; registro público de operadores de radio y televisión; subvenciones, ayudas y publicidad institucional en los medios; conocimiento público de la propiedad de los medios relacionados comercialmente con las Administraciones municipales y autonómica de la Comunidad de Madrid…

3. Seguridad en el ejercicio del periodismo

Que adopten medidas eficaces para que la Policía Local de los municipios madrileños facilite el libre ejercicio del periodismo y el derecho ciudadano a la comunicación, así como la seguridad de periodistas y comunicadores en la cobertura de protestas, manifestaciones y otras actividades ciudadanas. Tales medidas deberían alcanzar también a los servicios de seguridad privada sujetos a normativas municipales o autonómicas.

4. Apoyo al empleo en el sector de la comunicación

Que promuevan medidas de ayuda a cooperativas de trabajadores de la comunicación, jóvenes emprendedores, trabajadores víctimas de despidos colectivos, y a la creación de puestos de trabajo en los medios de comunicación.

5. ‘Freelances’ y periodistas a la pieza

Que promuevan, en su ámbito de competencias municipal o autonómico, medidas para facilitar el trabajo profesional de ‘freelances’ y periodistas a la pieza, y en particular su libre acceso a los lugares e instituciones donde se produzcan hechos o convocatorias de interés informativo.

6. Periodistas en la Administración

Que promuevan la existencia de gabinetes de comunicación en el Gobierno regional, en sus consejerías y en los ayuntamientos que los necesiten, y que sus plazas tengan carácter estructural y sean cubiertas por periodistas y comunicadores cualificados mediante concurso público. No hay justificación alguna para que esos puestos sean ocupados durante años por profesionales de libre designación contratados por el gobierno de turno.

7. Estudiantes en prácticas

Que adopten medidas para evitar los abusos con los estudiantes en prácticas en los medios de comunicación e insten a las universidades a que controlen el cumplimiento de los convenios de colaboración por parte de las empresas con las que los firman. Establecer mecanismos para que esos estudiantes no ocupen puestos de trabajo estructurales ni sean utilizados para cubrir las vacaciones y libranzas del personal de plantilla.

8. Consejos Profesionales

Que promuevan la creación de Consejos Profesionales o Consejos de Información en las empresas de comunicación, como vía de participación de los profesionales, y que estos sean escuchados, con carácter vinculante, en los nombramientos de los cargos directivos.

9. Ley Audiovisual de la Comunidad de Madrid

Que promuevan, elaboren y aprueben una Ley Audiovisual de la Comunidad de Madrid, con la colaboración de empresarios, sindicatos, asociaciones profesionales y ciudadanas. Dicha ley debe incluir:

• Creación del Consejo de Medios Audiovisuales de la Comunidad de Madrid, que vigile el cumplimiento de la ley, garantice la aplicación del derecho de acceso e intervenga en la concesión de las licencias, que deberán ser repartidas a partes iguales entre el servicio público, los negocios audiovisuales privados y las iniciativas sociales.

• Nuevo sistema de medición de audiencias. 

• Reparto equitativo de la publicidad institucional. 

• Reglamentación justa para las iniciativas sociales que no limite ni su financiación ni su cobertura. 

• Alfabetización audiovisual. 

• Consideración del futuro de la radio y de la televisión en Internet y mediante su difusión a través de todos los procedimientos. 

10. Medios públicos

Que el Gobierno de la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos incluyan en los concursos públicos para la concesión de licencias de radio o televisión, así como en los contratos con  productoras audiovisuales u otras empresas, cláusulas sociales que garanticen: igualdad entre hombres y mujeres, tanto en salarios y promoción profesional como en el tratamiento informativo; conciliación de la vida personal y la actividad profesional; códigos éticos para el tratamiento de la información sobre la violencia de género, siguiendo las recomendaciones de Naciones Unidas; máxima transparencia, con información periódica a la ciudadanía, sobre las subvenciones, ayudas y publicidad institucional de la Administración regional y municipal a los medios de comunicación.

11. Ente Público Radio Televisión de Madrid

Que garanticen la pervivencia de Radio Televisión Madrid como servicio público, impidiendo su privatización, y que aprueben un nuevo Estatuto de RTVM que regule:

• RTVM como servicio público esencial, con establecimiento del modelo y de sus obligaciones. 

• Financiación estable y suficiente, fundamentalmente pública, mediante un acuerdo de la Asamblea de Madrid. 

• Producción propia en la mayoría de la programación, con prohibición de contratación externa para los informativos. 

• Derecho de acceso, mediante espacios de libre disposición, con apoyo técnico y profesional en la producción. 

• Consejos de Informativos.  

• Control institucional, político, profesional y social a cargo, respectivamente, del Consejo de Medios Audiovisuales,Comisión parlamentaria, Consejos de Informativos y Consejo Ciudadano.

• Consejo Ciudadano, constituido por representantes de organizaciones sociales que hagan recomendaciones y reclamaciones al Consejo de Administración. 

• Consejo de Administración con participación política, social, profesional y sindical: un delegado de cada partido con representación en la Asamblea de Madrid, el presidente del Consejo Ciudadano, un portavoz de los Consejos de Informativos y un representante del Comité de Empresa. 

• Presidente del Consejo de Administración nombrado en la Asamblea de Madrid por mayoría de tres cuartos para un periodo que no coincida con el del Gobierno regional. 

• Defensor de la Audiencia. 

• Establecimiento de la plantilla necesaria como consecuencia de la definición del modelo de servicio público y de su correspondiente financiación. 

• Recuperación de los trabajadores despedidos. 

12. Derecho de acceso

Que garanticen el derecho de acceso a los medios de comunicación públicos de las asociaciones, sindicatos e instituciones representativas de la ciudadanía.

13. Ordenar el espectro radioeléctrico

Que establezcan mecanismos de control sobre las frecuencias de radio y televisión en la Comunidad de Madrid. La concesión de nuevas licencias deberá efectuarse mediante concurso público, con total transparencia y teniendo en cuenta, en igualdad de condiciones y conforme a la regla de los 3/3, al sector público, las empresas privadas y los medios comunitarios.

14. Emisoras locales

Que adopten medidas para garantizar que los ayuntamientos que soliciten y obtengan concesiones para radios o televisiones locales no podrán ceder su explotación a empresas privadas. En el caso de que las mantengan inactivas durante un tiempo que sobrepase el período máximo fijado en la concesión, la licencia será revocada y sacada de nuevo a concurso público.

15. Educar en el derecho a la información y la comunicación

Que el Gobierno regional promueva campañas sobre el derecho a la información y la comunicación de la ciudadanía y el uso responsable de Internet, para fomentar una opinión pública informada y crítica.

16. Accesibilidad

Que la Administración pública, junto con las empresas del sector, facilite a las personas con discapacidad el acceso a la información, mediante la utilización de subtítulos en televisión, lenguaje de signos, etc., así como a ser tratadas por los medios con respeto y sin ser discriminadas.