Menos derechos, también con los medios públicos

Es posible que a la derecha española le gusten los medios públicos de comunicación y el periodismo. Por usos y costumbres no parece probable; más bien confía en la propaganda y en la manipulación de los medios públicos cuando los ocupa. Desde hace años. Valgan los ejemplos de Canal 9 en la Comunidad Valenciana y de Telema-drid y las patrañas que difunden los medios afines a la ideología conservadora.

Las recientes acusaciones al PSOE de apoyar los minoritarios brotes de violencia en algunas manifestaciones estudiantiles (portadas de ABC y La Razón) no son nuevas. Ya lo hicieron durante las protestas contra la guerra de Iraq, aunque todo el que participó en ellas sabe que los socialistas se incorporaron a última hora, sin organización y minoritariamente. Hace un año, tuvieron la humorada de afirmar que el Movimiento 15-M tenía tufo a Rubalcaba. Y no cesan los bulos sobre los atentados del 11-M, esparcidos o creados por los propios medios. Patético. Así que con la derecha ocupando casi todo el poder político y mucho del mediático, no corren buenos tiempos para el periodismo, la información y los medios públicos para los que no hay más receta que privatizar o debilitar.

Hasta la Ley 17/2006 de la radio y la televisión de titularidad estatal, que configuró la Corporación RTVE, lo normal era que el nombramiento del director general fuese una de las pri-meras palancas de poder de los nuevos gobiernos. Incluso dentro del mismo partido gobernante, si había cambio de sensibilidad, había cambio en RTVE. Desde el director general hasta las secretarias de cualquier despacho, pasando por los directores de TVE y RNE, jefes de personal y de informativos, responsables y presentadores de programas o tertulianos. En pocas semanas llegaban los amigos (del alma o no), masivamente con los años en el caso de la radiotelevisión valenciana, donde han llegado a doblar la plantilla con el consiguiente problemón financiero (tramas Gürtel aparte) desde que vienen mal dadas en la economía. En la estatal, las dos legislaturas de José María Aznar fueron muy significativas, en especial la de mayoría absoluta, que llevó hasta RTVE a lo más burdo del panorama mediático de la derecha y de la extre-ma derecha. Fueron esos profesionales que después han llenado las ondas audiovisuales de segunda y tercera categoría.

Sin poder colocar a la Corporación inmediatamente a su servicio (en la pública Agencia EFE acaban de hacer-lo con la designación de José Antonio Vera -La Razón, ABC- porque el Par-lamento ha sido incapaz de poner en marcha un estatuto similar al de RTVE), la derecha ha optado por la asfixia financiera para debilitarla. Antes de las elecciones, con infundadas denuncias de sectarismo, que siguen repitiendo actualmente, y ya en el Gobierno recortando su financiación en 200 millones, el 17 por ciento de su presupuesto. Con la excusa de la crisis, como con la reforma laboral, se van a cargar otro derecho de la ciudadanía, el que tiene a una radiotelevisión pública independiente, neutral, objetiva y con un modelo financiero “que permita cumplir su tarea de servicio público con eficacia, calidad y reconocimiento público” (el subrayado es mío), como dice la Ley. Claro que también dice que la Corporación deberá ser supervisada “por una autoridad audiovisual independiente”, organismo fundamental que Zapatero, en cinco años, no constituyó. El Consejo de Ministros del 3 de junio de 2011 apenas acordó “impulsar la constitución efectiva del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales”. Ahora, Mariano Rajoy ha decidido que nada de regulaciones, independencia, neutralidad y pluralismo en el sector audiovisual y por boca de su vicepresidenta ha anunciado que el CEMA “no es conveniente ni necesario”. Y en la recámara, una ley para las auto-nómicas, las de proximidad.

En vez de extender el modelo de la Corporación RTVE, lo que hará la derecha es permitir su privatización. Claro, como en otros muchos pasos atrás, darán los que les permitamos dar.

Antonio Peiró, periodista y afiliado del SPM.

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