Manifestación en defensa de las radios y televisiones públicas

Madrid, 7 de febrero de 2013

Varios centenares de trabajadores se han manifestado hoy en el centro de Madrid y se han concentrado en la Puerta del Sol, donde han leído un manifiesto en defensa de las radios y las televisiones públicas. El acto ha sido convocado conjuntamente por las agrupaciones de CCOO y UGT, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP, a la que pertenece el SPM), CGT y la Intersindical de Valencia.
Han acudido a la manifestación representantes de los comités de empresa y delegados sindicales de TVE, Telemadrid, Canal Nou, TV3, Canal Sur, Radiotelevisión de Castilla-La Mancha, Radiotelevisión de Castilla y León y Radiotelevisión de Aragón. Otras radios y televisiones públicas autonómicas que no han podido enviar representantes de sus comités han trasladado mensajes de apoyo, entre ellas IB3 y la Radiotelevisión de Galicia.
Durante todo el recorrido los manifestantes han coreado gritos contra el Gobierno autonómico de Madrid que preside Ignacio González, del PP, en protesta por el ERE que ha costado el puesto de trabajo al 70% de la plantilla de la radiotelevisión autonómica madrileña. También han gritado contra los despidos en CanalNou, IB3 y otras radios y
televisiones públicas. Han coreado consignas como “¿dónde está el dinero? Lo tiene el tesorero” (en referencia a Luis Bárcenas, del PP) y otras.
La marcha iba encabezada por una pancarta con la frase “En defensa de la radio televisión pública”, firmada por las cinco organizaciones sindicales convocantes. En otras pancartas se leía “En defensa de una
radiotelevisión pública de calidad”, “Per la defensa del servei public audiovisual” y otras. Frases similares estaban escritas en los chalecos que lucían la mayoría de los asistentes.

Tras unos minutos coreando consignas frente a la sede del Gobierno regional de Madrid, los periodistas Isabel Martínez Reverte y José Manuel Martín Medem, de RTVE, han leído un manifiesto en defensa de las radiotelevisiones públicas. En él, los sindicatos afirman que la actual situación de crisis económica no puede servir de justificación para “entregar a grupos políticos y empresariales privados un servicio público de gran valor social,ya que si este servicio fundamental se privatiza, se pondrá en riesgo el derecho de la ciudadanía a una información pública, veraz y de calidad, recogido en la Constitución Española y se perderá la custodia del fondo y archivo audiovisual estatal y autonómico”.

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