Los medios de comunicación españoles suspenden en transparencia para garantizar su independencia y credibilidad

Un informe de la Fundación Compromiso y Transparencia recomienda estatutos de redacción o códigos deontológicos en todas las empresas periodísticas

8 de mayo de 2019

Los grupos de comunicación y los medios no son transparentes en cuanto a las políticas y las prácticas que emplean para garantizar su independencia y su credibilidad editorial, según el informe Primera plana que ha  elaborado la Fundación Compromiso y Transparencia.  El hecho de que no faciliten información suficiente impide que los lectores, oyentes o telespectadores puedan saber si las noticias que difunden tienen algún sesgo por razones políticas o empresariales.

Se trata de la segunda edición de este informe, en el que se analizan distintos aspectos de 21 grupos y medios de comunicación: cinco que cotizan en Bolsa (Atresmedia, Mediaset, Prisa, Unidad Editorial y Vocento) y 16 no cotizados (Zeta, Godó, Planeta, Prensa Ibérica, Joly, Henneo-El Heraldo, La Voz de Galicia, Cope, El Confidencial, Diario.es, El Español, El Punt Avui, Diari de Tarragona, Segre, Imagina Media e Intereconomía).

Entre las recomendaciones para mejorar la credibilidad e independencia de los medios, el informe sugiere que todos adopten un código deontológico o un estatuto de redacción. La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) siempre ha defendido que las empresas periodísticas implanten Estatutos de Redacción y apliquen códigos éticos como el Código Europeo de Deontología del Periodismo que aprobó la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa por unanimidad en 1993.

Según publica el digital Vozpópuli [https://www.vozpopuli.com/medios/informe-comunicacion-transparencia-medios-espanoles-credibilidad-independencia_0_1242776838.html], en el informe se indica que, aunque la ley no obliga a las empresas editoras a hacer públicos todos los datos que han analizado para elaborarlo, eso no debería «servir para la extrema opacidad que muestran en todo lo que se refiere a sus políticas y prácticas para garantizar su independencia y credibilidad editorial».

Los autores del informe han analizado los datos que ofrece cada medio sobre la identidad de sus accionistas significativos; vínculos de estos con otros medios o con una administración pública o partido político; medidas para evitar que los accionistas pongan en riesgo la independencia; integrantes del consejo de administración y demás cargos; criterios de selección de los consejeros; ingresos por publicidad institucional; nombre y cuantía de los anunciantes que superen el 5% de los ingresos totales; directrices para respetar el honor y la intimidad; normas para buscar y contrastar la información; garantías de rectificación, y formación a la plantilla sobre principios éticos, entre otros aspectos.

Toda esa información debería estar bien visible en la página web de cada medio, de fácil acceso sin necesidad de un permiso o registro, actualizada y completa. Los autores han establecido un baremo de entre cero y 38 puntos y han fijado el aprobado en alcanzar 24 puntos, puntuación a la que no llega ninguno de los medios estudiados.

Para defender y fortalecer la credibilidad e independencia editorial de los medios de comunicación el informe recomienda, entre otras, las siguientes medidas:

  • que las empresas periodísticas informen con transparencia de quiénes son sus dueños, algo que no hace ninguno de los medios analizados que no cotizan en Bolsa;
  • que expliquen los vínculos de sus titulares (económicos, políticos, familiares, etc.) que puedan afectar a la independencia y credibilidad editorial;
  • que todos los medios adopten un código deontológico o un estatuto de redacción y lo hagan público, para que puedan conocerlo los lectores, la sociedad civil, los inversores, los accionistas…
  • que sean transparentes los contenidos patrocinados (branded content), un modo de publicidad cada vez más significativo en los medios, para evitar confusiones en lectores, periodistas y anunciantes.
  • que las empresas estudien la posibilidad de nombrar una persona responsable de verificar que se cumplen los códigos deontológicos u otras iniciativas que garanticen la independencia y credibilidad de los medios.

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