La libertad de prensa no está en peligro; la independencia de los periodistas, sí

Madrid, 9 de diciembre de 2004.

(Artículo de Dardo Gómez, secretario de Organización de la Federación de Sindicatos de Periodistas)

No nos ha sorprendido a los informadores la virulencia con que algunas empresas periodísticas se han revuelto, como era de esperar, contra la decisión del Congreso de los Diputados de tramitar un proyecto de ley de Estatuto del Periodista Profesional. Tampoco nos sorprende, por lo repetido, el discurso tremendista contra esta reivindicación de los periodistas para regular legalmente el ejercicio de nuestra profesión y garantizar el derecho de la ciudadanía a una información veraz y plural. Sin embargo, esperábamos mayor altura en sus alegatos.

El pasado 4 de diciembre, el periódico El Mundo publicó un artículo de Víctor de la Serna, con el esperpéntico título Los enemigos de la libertad de prensa vuelven a la carga. Si el editorial de días antes del mismo periódico mostraba una falta de rigor impropia de ese medio, este artículo destaca por su falta de documentación y exactitud.

Una somera lectura del proyecto de ley habría bastado para evitar un título tan lamentable. De verdad: yo no he conocido ningún periodista que esté en contra la libertad de prensa, ni a nadie en su sano juicio que piense que está en peligro en toda Europa, donde la libertad de empresa la garantiza.

El articulista adjudica la paternidad del proyecto de Estatuto a la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), lo que nos honraría; pero sólo hemos sido partícipes en una tarea común de los Colegios de Periodistas de Cataluña y de Galicia, las Agrupaciones de Periodistas de CC.OO. y UGT, la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) y la FeSP. Todos estos grupos están integrados en el Foro de Organizaciones de Periodistas, que ha asumido la tarea de dar forma a un proyecto que ha sido debatido y aprobado en las tres ediciones de la Convención de Periodistas de España celebradas durante los últimos años.

Dice el señor De la Serna que la Federación de Asociaciones de la Prensa se ha desenganchado de este proyecto. Está mal informado, porque eso no ha sucedido; sólo ha habido declaraciones contrarias del presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, pero otras Asociaciones de la FAPE han reafirmado su respaldo al proyecto. Hace pocos días, el presidente de la Federación de Asociaciones de la Prensa de Andalucía abogó por una ley de prensa y un Estatuto del Periodista para mejorar la independencia y las condiciones laborales de los que se dedican a esta profesión. Lo mismo ha hecho la Asociación de la Prensa de Asturias, que, junto a todas las organizaciones del Foro de Periodistas en esa autonomía, ha solicitado y obtenido el voto unánime del Parlamento asturiano, incluido el PP, para pedir al Parlamento de España el respaldo al proyecto.

En cuanto a los apoyos que ha tenido en el Congreso el proyecto de ley que presentó el grupo parlamentario Izquierda Unida-Izquierda Verde-Iniciativa per Catalunya Verds, que el articulista denomina respaldo del bloque progubernamental, hay que aclararle que todos los grupos parlamentarios –con la única excepción del PP– votaron a favor de que se tramite este proyecto, e incluso anunciaron que presentarán enmiendas para mejorarlo. Algunos de ellos son tan poco proclives a «sovietizar» las redacciones (otra perla del articulista) como el PNV, CiU o Coalición Canaria.

Un derecho y un deber

Como Víctor de la Serna confiesa que no comprende la coexistencia del derecho y el deber de informar y dice que no hay por dónde cogerlo, lo explicaremos apelando al abundante material que catedráticos, juristas y muchos fundamentos legales de varios países nos permite disponer. Un repaso por la facultad a todos nos rejuvenece.

Así como el derecho a informar incluye la libertad de expresión, la de imprenta y la de constitución de empresas informativas, el derecho a ser informado incluye la facultad de recibir información objetiva y oportuna, que debe ser completa y universal. Es decir, que el receptor tiene el derecho a conocer toda la información disponible y ésta debe ser para todas las personas, sin exclusión alguna.

Por eso, el derecho a la información ha sido reconocido como un derecho de doble vía: del emisor y del receptor. Para cumplir esa doble función se debe garantizar al informador la elaboración y emisión independiente, porque el derecho a informar se concibe al servicio de la opinión pública. Cualquier interferencia en ese proceso, provenga del poder político, del poder económico o de los propios medios, atenta no sólo contra los derechos individuales de los informadores y de los ciudadanos, sino contra las bases y fundamentos del Estado democrático.

Por lo tanto, el informador tiene el derecho a informar y, al mismo tiempo, el deber de hacerlo de manera veraz y objetiva. Hay que partir del principio de que la información es propiedad de la ciudadanía y no de los medios ni de los periodistas.

Hablemos de Europa

En cuanto a la mención al Estatuto del Periodista francés que hace el señor De la Serna, debería haberse informado de que éste data del 29 de marzo de 1935 y de que, aunque nació fundamentalmente para regular la cláusula de conciencia, los legisladores galos tuvieron el suficiente talento como para entender que debía ser un instrumento para preservar la independencia del cuarto poder y reunieron en un único documento legal derechos profesionales y laborales. De haberlo consultado, habría visto que hay en su contenido mucho más que una simple cuestión de impuestos.

Igualmente es recomendable alguna lectura del Ordine dei Giornalisti italiano que, por lo que escribe, tampoco ha tenido tiempo de hojear. Fue sancionada el 3 de febrero de 1963 –para entonces, la herencia fascista que le atribuye estaba un tanto lejana–, y ha servido, entre otras cosas, para impedir que el señor Berlusconi impusiera los derechos de empresa por encima de los de la información y para evitar que los periodistas digitales fueran denominados proveedores de contenidos y excluidos del convenio de periodistas.

En cuanto a esta mordaza que el Estatuto nos impondría a los latinos y que, según el señor De la Serna, no padecen los suecos, cabe recordarle que entre las variadas leyes que en Suecia regulan el derecho a la información se recoge que, aun teniendo en cuenta la relevancia de la más amplia libertad de expresión y de información en las materias políticas, religiosas, profesionales, científicas y culturales, la aprobación de normas que regulen detalladamente un modo particular de difusión o de recibir información, sin atender a su contenido, no será considerada como una restricción a la libertad de expresión y de información. Como se ve, los periodistas nórdicos tampoco piensan que regular signifique recortar libertades ni perjudicar el derecho de expresión o la libertad de prensa.

También el Consejo de Europa

Ya que el articulista invoca, también con ligereza, el respaldo de organismos internacionales a sus alegaciones, cabe mencionarle el punto 32 del Código Europeo del Periodismo, aprobado por unanimidad del Consejo de Europa el 1 de julio de 1993, que establece: En el interior de la empresa informativa deben convivir los editores, propietarios y los periodistas. Para ello es necesaria la elaboración de Estatutos de la Redacción periodística con la finalidad de ordenar las relaciones profesionales de los periodistas con los propietarios y editores en el interior de los medios de comunicación, con independencia de las obligaciones laborales. Dentro de estos Estatutos se preverá la existencia de Comités de Redacción. Espero que nadie prejuzgue que en todos los parlamentarios europeos anida la intención de «sovietizar» las redacciones.

Hay que lamentar que el señor De la Serna haya sido víctima de la precariedad profesional. Da la sensación de que le han metido prisa y de que por eso no ha podido contrastar la información, recopilar la documentación necesaria o recurrir a fuentes bien informadas… De haberlo hecho, habría podido redactar un artículo digno de su valía profesional y, de haber contado con un buen Estatuto de los Periodistas, hasta habría podido negarse a poner su firma a un texto tan endeble en sus argumentos. Esperamos que pronto contemos todos con esas garantías.

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