La Junta Electoral Central desautoriza a Vox:
no puede vetar a periodistas ni medios

Le  recuerda que el derecho a comunicar y recibir libremente información es “uno de los pilares de la democracia”

9 de noviembre de 2019.

La Junta Electoral Central (JEC) ha comunicado a Vox que no puede discriminar a determinados medios de comunicación y periodistas de sus actos electorales públicos, como había anunciado hace unos días ese partido, porque “el derecho a comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, que dimana del artículo 20.1.d) de nuestra Constitución, constituye uno de los pilares de la democracia, como garantía para la formación de una opinión pública libre, y su titularidad corresponde a la colectividad y a cada uno de sus miembros”.

La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) celebra esta decisión de la JEC. Esta Federación había condenado y rechazado los vetos de Vox, porque constituyen un ataque al derecho constitucional a la información de la ciudadanía, que “no pertenece a los periodistas y tampoco a los partidos políticos, sino a los ciudadanos. Por eso, en democracia nadie debe impedir que los periodistas puedan desempeñar su trabajo con libertad y sin presiones”. Es de esperar que, a partir de ahora, ese partido cese en su práctica de vetar a determinados medios o periodistas, como ha hecho en distintas localidades desde hace meses.

Con esta resolución, la JEC responde a la reclamación que había planteado el Grupo Prisa contra ese veto. El viernes 8 de noviembre, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) –con el apoyo de la FeSP, que es una de las organizaciones fundadoras de ese colectivo– también promovió otra queja de varios medios de comunicación ante la JEC por los vetos que Vox ha impuesto a una docena de medios. Ese partido envió un escrito en agosto a sus 24 diputados, con una relación de los medios con los que no deben hablar “nunca”, y hace unos días anunció que no permitirá a ningún periodista del Grupo Prisa acceder a su sede ni a los actos que organice “en espacios privados”.

En el acuerdo que adoptó el viernes día 8, la JEC indica que “difícilmente podría ser desempeñada por dichos medios su actividad informativa si las formaciones políticas contendientes en las elecciones pudiesen discriminar entre unos medios y otros a la hora de acceder a sus actos públicos de campaña, con independencia del lugar en que estos se desarrollen”.

Añade que el derecho a recibir información veraz está configurado en la Constitución como un derecho de toda la ciudadanía, y se concreta en la facultad de cada persona y de la colectividad para acceder libremente a la información que transmitan los medios de hechos relevantes. “Ese derecho, colectivo e individual a la vez, se vería obstaculizado si las formaciones políticas pudiesen arbitrariamente impedir a determinados medios el acceso a sus actos electorales públicos, con el consiguiente menoscabo, a su vez, de las garantías de transparencia y objetividad del proceso electoral”.

Cuando la JEC comunicó a Vox esta queja para que formulase sus alegaciones, como hace siempre con todas las reclamaciones que recibe, el partido que lidera Santiago Abascal no planteó ninguna y tampoco expresó ninguna justificación a su decisión de vetar a determinados medios.

La JEC ha acordado “comunicar a Vox que no puede discriminar al medio solicitante [en referencia a El País, la Cadena Ser y Grupo Prisa] en relación con el resto de medios, impidiéndole el acceso a sus actos públicos de naturaleza electoral, dado que ello comporta una vulneración del artículo 66.2 de la LOREG, interpretado de conformidad con el derecho a comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, recogido en el artículo 20.1.d) de la Constitución Española”.

Queja de la PDLI

La queja promovida por la PDLI fue presentada ayer por su secretaria general y portavoz, Yolanda Quintana, a quien acompañó el secretario general de la FeSP, Agustín Yanel, en apoyo a esta denuncia. Además de la PDLI, la queja va firmada por los directores de InfoLibre, Jesús Maraña; Público, Ana Pardo de Vera, y Eldiario.es, Ignacio Escolar, y el director de los servicios informativos de la cadena SER, Daniel Anido.

Los firmantes del escrito presentado ante la JEC indican que, desde la campaña de las elecciones generales del pasado 28 de abril, “esta ha sido la actuación constante” de la dirección nacional de Vox y no han acreditado “a los periodistas de medios que no les son afines a los actos que organizan fuera del Congreso y tampoco atienden sus peticiones de información”.

Los firmantes del escrito consideran que esta práctica de impedir el acceso de determinados medios a las fuentes oficiales del partido o a sus actos electorales “es contraria a lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Española y en los tratados internacionales, vulnerando un derecho fundamental y pieza angular de la democracia como es la libertad de información”.

En el escrito citan sentencias del Tribunal Constitucional que amparan el papel de los medios de comunicación como intermediarios entre las noticias y los ciudadanos que no están en condiciones de conocerlas directamente. Añaden que estos vetos “no son compatibles con la actual legislación reguladora del ejercicio de la libertad de información”, que protege el derecho a la libertad de información, y “son contrarios a la normativa electoral en la medida en que socavan un principio básico como es la transparencia del proceso electoral y el principio de igualdad”.

Por todo ello, solicitan a la Junta Electoral Central que ordene una investigación sobre estos hechos y “proceda a sancionar este tipo de actuaciones”.

La PDLI, con el apoyo de la FeSP, también presentó el viernes día 8 en el registro del Congreso de los Diputados sendos escritos dirigidos a los portavoces de los principales grupos parlamentarios en la Diputación Permanente de la Cámara, a quienes pide que cuando el Gobierno en funciones les remita el real decreto-ley 14/2019, de 32 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones, voten en contra de su convalidación para que esta materia sea regulada con todas las garantías en un proyecto de ley en la próxima legislatura.

La FeSP ya había expresado en su momento su rechazo a este decreto, porque considera que es un ataque a la libertad en Internet y permitirá cerrar páginas webs sin una orden judicial.

La queja de la PDLI y varios medios puede consultarse en: http://libertadinformacion.cc/escrito-junta-electoral-vox-081119%c2%ad-pdf/

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