La izquierda ‘gana’ con amplitud a la derecha en propuestas sobre periodismo, comunicación y derecho a la información

PSOE y UP presentan menos proyectos comunicacionales que en las elecciones de 2016, ‘compensados’ por los programas más completos de IU y En Comú Podem

PP solo se refiere a RTVE, Ciudadanos plantea eliminar los medios públicos que no puedan autofinanciarse y Vox quiere cerrar las televisiones autonómicas

22 de abril de 2019

El Partido Popular (PP) no incluye en su programa electoral para el 28 de abril ninguna propuesta referida al derecho constitucional a la información de la ciudadanía ni, en general, a la comunicación y el periodismo. Ciudadanos (C’s) se refiere casi exclusivamente a RTVE, y Vox lo único que propone es cerrar las televisiones autonómicas –además de otros organismos– para reducir el gasto público.

Los partidos de la izquierda sí incluyen en sus programas distintas propuestas, muchas de ellas coincidentes con las peticiones que les han trasladado la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y otras organizaciones. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP) presentan menos propuestas sobre esta materia que las que llevaban para las elecciones generales de 2016.

Además de las propuestas de los partidos de ámbito estatal, en el siguiente resumen se incluyen también las de Izquierda Unida (IU) y En Comú Podem (ECP) porque, aunque los escaños que consigan se integrarán en el grupo parlamentario de Unidas Podemos, sus programas en materia de comunicación son los más completos:

PP: Seguir aplicando la ‘Ley Mordaza’

    • Los medios de comunicación públicos estarán guiados por criterios de profesionalidad, transparencia, pluralidad y racionalidad económica. El PP propone terminar con el modelo de administrador único en RTVE e impulsar un gobierno corporativo elegido por los principios de profesionalidad, mérito y capacidad.
    • Seguir aplicando la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza).
    • Sustituir la Ley de Secretos Oficiales por una nueva Ley de Protección de la Información Clasificada que incorpore las prácticas internacionales y se adapte a los adelantos en el tratamiento de la información.
    • Crear una Fiscalía especializada en la protección de la propiedad intelectual.

PSOE: Impulsar una estrategia nacional contra la desinformación

    • Aprobar una nueva Ley de Seguridad que sustituya a la Ley Mordaza.
    • Aprobar una nueva Ley Integral de Protección de Testigos, Informadores y Denunciantes que proteja a quienes denuncian casos de corrupción y preserve sus datos personales.
    • Impulsar una estrategia nacional para la lucha contra la desinformación, con actividades de concienciación y formación para la ciudadanía.
    • Elaborar guías e impartir cursos para combatir la desinformación en Internet y las redes sociales, para que la ciudadanía sepa detectar las noticias falsas y haga análisis críticos de las informaciones.

UP: Acabar con el fraude de los falsos autónomos

  • Libertad en Internet y gestión transparente de los derechos de autoría. Devolver a los jueces la competencia para decidir qué páginas webs y servicios de la sociedad de la información infringen las normas sobre propiedad intelectual, reformando la ley para adaptarla a los nuevos hábitos culturales.
  • Reconocer como autores y autoras a los periodistas.
  • Reformar RTVE para que sea más plural y democrática y siga el modelo de la BBC, garantizando la transparencia, participación de profesionales y público, prestigio del servicio público y renovación de la cúpula directiva por concurso público. Asegurar un programa de inversión en producción propia en el ámbito digital, que elimine la externalización de servicios informativos e incremente progresivamente la financiación hasta llegar al nivel previo a los recortes de 2012.
  • Prohibir que los bancos y los fondos de inversión sean propietarios de medios de comunicación.
  • Fomentar la responsabilidad informativa y la ciudadanía crítica frente a las noticias falsas. Para ello se introducirán programas de alfabetización y de ciberseguridad en todas las fases del sistema educativo y se aumentará la transparencia sobre los gastos de las Administraciones Públicas en comunicación.
  • Acabar con la Ley Mordaza y las reformas del Código Penal, para terminar con la criminalización de la libertad de expresión y de opinión.
  • Garantizar que las prácticas externas de la universidad estén incluidas en los planes de estudios, sean formativas, estén tuteladas por profesionales y sean retribuidas al menos según el salario mínimo interprofesional, en proporción al número de horas cotizadas y con jornadas máximas de cinco horas.
  • Acabar con el fraude de los falsos autónomos. Iniciar una intensa campaña de inspección laboral.
  • Reforzar las leyes antimonopolio. [Podemos no cita de manera expresa a las empresas periodísticas, pero esta propuesta también es aplicable a ellas.]

C’s: Proteger por ley a denunciantes de corrupción

  • Garantizar la independencia y pluralidad de RTVE. Reforzar el procedimiento del concurso para evitar bloqueos políticos interesados y asegurar la elección de un Consejo de Administración integrado por profesionales expertos e independientes.
  • Auditar las televisiones autonómicas para reducir gastos innecesarios y asegurar que sus contenidos no sirvan para hacer propaganda ideológica. Garantizar la neutralidad y pluralidad de los medios públicos, promover su autofinanciación y, en su caso, impulsar la eliminación de aquellos que resulten manifiestamente inviables.
  • Aprobar una ley que proteja a quien denuncie casos de corrupción u órdenes ilegales de sus superiores.
  • Reforzar los instrumentos para proteger la propiedad intelectual y luchar contra la piratería. Crear juzgados especializados en derechos de autoría y promover acuerdos sectoriales de autorregulación.

IU:  Garantizar buena formación, autonomía profesional y dignidad laboral en los medios 

    • Modificar la Ley General de la Comunicación Audiovisual para que garantice el reparto equitativo de las licencias de emisión entre los medios públicos, las iniciativas sociales (medios comunitarios sin ánimo de lucro) y las empresas audiovisuales privadas.
    • Establecer un modelo definitivo de financiación suficiente para RTVE.
    • Blindar el carácter público del espacio radioeléctrico. Que la legislación sea la misma para todos los servicios públicos (municipales, autonómicos y general del Estado), impidiendo la privatización y su utilización en beneficio de los intereses de los gobiernos y/o conglomerados empresariales.
    • Que se aplique el derecho de acceso, bloqueado desde hace treinta años, en todas las radios y televisiones de titularidad pública, con espacios de libre disposición para partidos, sindicatos y organizaciones sociales.
    • Garantizar la buena formación universitaria, la autonomía profesional y las dignas condiciones laborales de las plantillas de los medios de comunicación, para impedir que su precariedad contribuya a la desinformación de la ciudadanía.
    • Garantizar por ley y de forma efectiva el respeto y ejercicio efectivo de los derechos del artículo 20 de la Constitución, puestos en peligro por la fuerte situación de concentración empresarial en el sector de medios de comunicación, la terrible precariedad de las relaciones laborales y la fragilidad del conjunto de la profesión periodística.
    • Constituir en las empresas informativas órganos de participación y para la consulta e interlocución entre las profesionales de la información y las empresas, para todo lo referido a contenidos informativos, línea editorial, elaboración de las informaciones y su gestión.
    • Regular y controlar las becas para asegurar que son formativas, y prohibir las prácticas no remuneradas fuera del ámbito curricular educativo.
    • Derogar la Ley Mordaza y modificar el Código Penal para recuperar los derechos a la libertad de reunión y de expresión.
    • Crear un Consejo Audiovisual para que vigile y sancione las intromisiones en el derecho al honor, la intimidad familiar y personal y la propia imagen de los niños, niñas y adolescentes.

ECP: Aprobar una Ley del Derecho a la Información y un Estatuto del Periodista

  • Garantizar la independencia y el pluralismo de RTVE; fijar una financiación transparente en un contrato-programa; fomentar la participación ciudadana mediante un Consejo Social; potenciar los Consejos de Informativos, el Defensor del Espectador y las áreas de medios interactivos.
  • Poner a disposición de la ciudadanía los archivos audiovisuales de interés histórico de RTVE y la agencia Efe.
  • Hacer efectivo el derecho de acceso de las organizaciones sociales a los medios públicos.
  • Garantizar el derecho a una información plural y de calidad, para lo cual se aprobará una Ley del Derecho a la Información y la Comunicación y se buscará el consenso parlamentario para crear un Consejo de la Información y la Comunicación.
  • Aprobar un Estatuto del Periodista Profesional que proteja y dé garantías a los y las profesionales de los medios de comunicación.
  • Garantizar que las licencias de explotación y las ayudas públicas no se adjudicarán de manera sesgada, sino transparente y objetiva.
  • Acabar con el uso partidista y los amiguismos en el reparto de la publicidad institucional y la compra de suscripciones institucionales a los medios de comunicación.
  • Reducir las ayudas a los medios de comunicación privados mientras no se puedan garantizar recursos suficientes para los medios públicos. Las ayudas a los medios privados deben ser públicas y transparentes y estar condicionadas a que las empresas estén al día en sus obligaciones fiscales y laborales, incluida la contratación legal e igualitaria de los trabajadores y trabajadoras.
  • Fomentar los medios de comunicación comunitarios sin ánimo de lucro (tercer sector de la comunicación) y aprobar el reglamento que establece la Ley General de la Comunicación Audiovisual del año 2010 para conceder licencias a los que ya existen.
  • Conseguir un amplio consenso para constituir el Consejo Estatal de Servicios Audiovisuales, independiente del Gobierno y con competencias para conceder las licencias e imponer sanciones.
  • Garantizar el pluralismo impidiendo que un mismo grupo de comunicación supere una audiencia media del 30% en el conjunto de sus canales de ámbito estatal en los 12 primeros meses de la adquisición; cuando eso se produzca, tendrá un año de plazo para realizar desinversiones.
  • Establecer que las empresas de televisión y radio deban incluir en su página web los datos de identidad y dirección, forma de contacto directo e identificación de las personas físicas o jurídicas de su accionariado.
  • Conceder las licencias audiovisuales por concurso público. Quien la reciba no podrá modificar las condiciones con las que fue otorgada: un canal de noticias no podrá pasar a ser de realities, una televisión autonómica no podrá dejar de informar sobre su comunidad autónoma, etc.
  • Crear un Consejo del Audiovisual independiente, similar a los de los países europeos.

Vox: Cerrar y cerrar (incluidas cadenas de TV autonómicas)

    • Reducción drástica del gasto público, para lo cual se eliminarán cargos y organismos duplicados y se cerrarán organismos destinados a crear estructuras paralelas al Estado: televisiones autonómicas, defensores del pueblo, Consejos Consultivos, Agencias Meteorológicas, etcétera.

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