La Generalitat evita el desarrollo y la regulación de los medios catalanes sin ánimo de lucro tras la multa a La Tele

La ciudadanía que está participando en la campaña de protesta impulsada por el medio sin ánimo de lucro La Tele de Barcelona, el cual ha sido sancionado por laGeneralitat de Catalunya con una multa de medio millón de euros y el precintado de todos sus equipos, ya está recibiendo respuestas por parte de la administración catalana competente en materia audiovisual.
Frente a las peticiones de retirada del proceso sancionador y de la correcta regulación del Tercer Sector de la Comunicación, la Dirección General de Medios de Comunicación ha contestado a dichas peticiones alegando que las leyes de comunicación audiovisual española y catalana contemplan sanciones por emitir sin licencia y que dichas licencias reservadas para medios sin ánimo de lucro corresponden a una planificación del gobierno estatal, no del autonómico.
Sin embargo, las leyes de telecomunicaciones que existen en democracia desde el año 1987 contemplan que las licencias se otorgan a la gestión indirecta del espectro radioeléctrico a personas físicas o jurídicas, sin entrar a discutir si estas figuras han de tener o no ánimo de lucro, como sería el caso de La Tele y de su colectivo gestor, la Assemblea per la Comunicació Social, que carece del mismo.
De hecho, a lo largo de las últimas décadas, comunidades autónomas como Madrid, Comunitat Valenciana, Andalucía, Galicia, Canarias, Asturias, Castilla-La Mancha, Navarra, La Rioja y la propia Catalunya han otorgado licencias de comunicación audiovisual a asociaciones sin ánimo de lucro.
No sólo eso, sino que en numerosas preguntas realizadas a los diferentes gobiernos españoles de PP y PSOE desde el año 1998 y hasta el 2012 por parte de diversos diputados/as sobre quién tiene la competencia de otorgar licencias a entidades sin ánimo de lucro, el gobierno central ha contestado que no hay absolutamente ninguna normativa que impida a las comunidades autónomas reservar de motu proprio frecuencias para este tipo de medios y, no sólo eso, sino que en el caso de que efectivamente fuera el gobierno central quien tiene que reservar estas frecuencias tal y como parece entender la Generalitat, ésta no ha solicitado en ningún momento al Gobierno español una planificación de frecuencias para sus servicios de comunicación comunitarios (sólo lo ha hecho Andalucía y Castilla-La Mancha) y además no ha desarrollado reglamentariamente ninguna normativa específica para este tipo de medios.
Se puede consultar la relación completa de licencias a entidades sin ánimo de lucro y de las respuestas del gobierno central en la página de opinión del Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM).

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