La FeSP y el SJ portugués defienden la RTV Pública y la información al servicio de la ciudadanía

Madrid, 20 de febrero de 2013. (Comunicado conjunto del SJ portugués y la FeSP).

Con el pretexto de una crisis económica en la que la ciudadanía no tiene responsabilidad alguna y que es consecuencia de la especulación financiera, los gobiernos europeos han puesto en práctica políticas de austeridad que, además de inútiles y perjudiciales para los propósitos de recuperación económica, están afectando a los valores culturales y los derechos de los pueblos.

Entre estos, dos se están viendo directamente afectados: la preservación de su diversidad cultural y su derecho a la información. Un peligro que se está concretando a través de acciones gubernamentales destinadas a privar a los pueblos de sus medios de comunicación públicos.

Ante esto, el Sindicato dos Jornalistas (SJ) y la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) se ven en la obligación de reclamar de sus gobiernos y de todas las agrupaciones políticas de sus respectivos países que pongan freno a estas políticas de recortes a la comunicación y les recuerdan que, tal como ha sido manifestado por todos los foros europeos, los sistemas de radiotelevisión pública están directamente relacionados con “las necesidades democráticas, sociales y culturales de cada sociedad, así como con la necesidad de proteger el pluralismo en los medios de comunicación”.

El propio Parlamento Europeo señalaba en 2010 –ya desatada la crisis económica europea– que este “es un sector especial. Influye en los valores y opiniones de las personas y sigue siendo la principal fuente de información para la mayoría de los ciudadanos de la UE. Por ello, reviste un significado especial para la protección y el fomento de los valores fundamentales y la democracia, incluida la cohesión social”.

Esas recomendaciones deberían alertar a gobiernos y políticas que, precisamente, en estos momentos de incertidumbre social es cuando deberían poner mayor empeño en preservar y promover la calidad de los medios públicos como un servicio esencial a la democracia.

Unos medios públicos que, lejos de ser minimizados o privatizados, deberían verse reforzados para contribuir al fortalecimiento de una opinión pública democrática, mediante de la garantía del ejercicio libre e independiente de la profesión periodística y apoyada en presupuestos que garanticen la calidad de su función social.

Las organizaciones firmantes de este manifiesto remarcamos que la actividad de los medios de comunicación social de propiedad pública debe inspirarse y profundizar en los siguientes principios:

  • La objetividad, veracidad e imparcialidad en las informaciones.
  • La separación entre informaciones y opiniones, con clara identificación de quienes sustentan estas últimas y respetando su libre expresión.
  • Claro respeto al pluralismo político, religioso, social, cultural y lingüístico, que se debe manifestar en el diseño de su oferta programática.
  • El respeto por la honra, dignidad, notoriedad y vida privada de las personas y por los derechos y libertades consagrados en la Constitución de los respectivos países y por la Carta de Derechos Humanos.
  • El respeto de los valores de igualdad y el rechazo de toda forma de discriminación por género, etnia, condición sexual o fe religiosa, así como la protección de la juventud y de la infancia.
  • Para garantizar todo lo anterior, en la información de estos medios se debe garantizar de manera estatutaria la independencia y pluralidad de opiniones dentro de sus redacciones.

Por todo ello reclamamos y exigimos en nuestro respectivos Estados un pacto entre sus gobiernos y todos los partidos políticos para que se atiendan las recomendaciones comunitarias y se den garantías para el sostenimiento de un sistema de radiotelevisión pública independiente, competitiva, de calidad e imparcial que cumpla con las funciones sociales de servicio público, que han de garantizar la promoción de la lengua y de la cultura, la cohesión social y el derecho de la ciudadanía a la información.

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