La FeSP reclama una Ley General Audiovisual que defina la función pública de todos los operadores de televisión

Madrid, 6 de enero de 2010. (Comunicado de la Junta Ejecutiva Federal de la FeSP).

La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados va a debatir mañana -con una sorprendente prisa que todos los grupos han criticado, excepto el PSOE- el proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual. Es el último paso que ha dado el Gobierno después de haber aprobado antes del verano, también con urgencia, varias medidas que solo han sido aplaudidas por la patronal de las televisiones privadas (UTECA): facilidades para la fusión de cadenas, TDT de pago y eliminación de la publicidad en TVE.

El PSOE ha negociado esta ley solamente con una formación de derechas (Convergència i Unió), en vez de hacerlo con los partidos con los que más coincide ideológicamente. La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) lamenta que, por esa falta de diálogo con los demás grupos parlamentarios, el proyecto de ley que elaboró el Gobierno apenas haya sido mejorado con enmiendas, pero todavía hay tiempo para hacerlo.

El proyecto de ley se caracteriza porque:

•Define el sector audiovisual como un mercado, en vez de como una función pública al servicio del pluralismo, la educación, la cultura y la cohesión social, lo que contradice las normativas europeas.

•No define funciones de servicio público para los medios privados y, en cambio, sí restringe este carácter para los públicos.

•No garantiza competencias ejecutivas claras para el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales en lo relativo a la adjudicación y retirada de licencias y a la capacidad para sancionar las infracciones de la ley. Tampoco que sus integrantes sean elegidos por sus méritos profesionales y no por sus afinidades ideológicas o políticas.

•No contempla criterios de legalidad laboral o de vigilancia profesional para la adjudicación de licencias.

•No garantiza la autonomía de los medios públicos autonómicos y locales en su financiación, que ahora es mixta (presupuestos públicos más publicidad).
•No establece unos criterios homogéneos para la creación de organismos públicos autonómicos y locales, en la línea de la reforma de RTVE. Es decir, que continuarán al servicio del gobierno o el alcalde de turno.

•No garantiza la producción y edición de programas por los medios públicos, no solo su emisión.

•Tampoco reconoce a los medios comunitarios como un tercer sector, junto al privado y al público, que no puede ser residual por falta de financiación o por obstáculos legales. Olvida que su existencia garantiza el derecho constitucional de la ciudadanía a comunicar información veraz, junto a la libertad de expresión y el derecho a la información.

Por todo ello, la Federación de Sindicatos de Periodistas hace un llamamiento a los diputados para que mañana actúen en conciencia y eviten un mal comienzo de la regulación del sector audiovisual, y especialmente a aquellos en cuyas comunidades autónomas ya están en vigor leyes audiovisuales con unos contenidos diferentes y contrarios al proyecto que mañana van a debatir en el Congreso.

Después de tanto tiempo esperando esta ley, la ciudadanía no se merece que se desperdicie esta ocasión por intereses partidistas coyunturales y para no molestar a la patronal.

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