Sindicato de Periodistas de MadridLa FeSP rechaza que ‘El Mundo’ deba entregar al juez documentos del 11-M
Madrid, 29 de julio de 2005. (Comunicado de la Junta Ejecutiva Federal de la FeSP).
La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) expresa su profunda preocupación por la decisión del juez Juan del Olmo, de la Audiencia Nacional, de exigir al diario ‘El Mundo’ que le entregue los documentos que tiene en su poder del sumario sobre los atentados islamistas del 11 de marzo de 2004. Tan insólita petición judicial no sólo es un intolerable intento de amedrentar a un medio de comunicación, sino un clarísimo ataque al derecho a la información.
Los medios de comunicación están obligados a informar sobre todo lo que conozcan que sea de interés general, como ocurre en este caso. Si el juez cree que se ha cometido un delito al revelar datos del sumario –cuyo secreto ya había levantado–, debe investigar quién ha facilitado esa información a los periodistas, pero no puede impedir que un diario la publique.
La FeSP lamenta que la fiscal de este caso haya reclamado esos documentos, y también que el juez haya asumido y tramitado esa petición. Coaccionar al director del citado periódico con la posibilidad de emprender acciones penales que pueden acarrear la cárcel si no entrega los documentos que tenga en su poder, no sólo supone un insulto al más elemental sentido común, sino un ataque directo al derecho a la información de la ciudadanía.
El secreto profesional es uno de los ejes fundamentales del periodismo, por lo que ‘El Mundo’ no está obligado a entregar los documentos que tenga ni tampoco a decir quién se los ha facilitado o le ha hecho llegar la información. Ese secreto, un derecho y un deber para los informadores, es uno de los aspectos que se regula en el Proyecto de Ley de Estatuto del Periodista Profesional que está en tramitación en el Congreso de los Diputados.
La FeSP expresa su solidaridad a los compañeros y compañeras de ‘El Mundo’ y espera que el fiscal general del Estado actúe para evitar este atropello al derecho constitucional de la ciudadanía a recibir información veraz.
