Pulsa fuera para salir.

13/11/2018

La FeSP pide a los partidos que defiendan un periodismo digno e independiente en la campaña electoral andaluza

Lamenta el retraso en resolver el concurso público de RTVE y reclama a los grupos parlamentarios que elijan por criterios profesionales y no por afinidad ideológica

12 de noviembre de 2018 / Comunicado de la Junta Ejecutiva Federal de la FeSP

Ante el inicio de la campaña para las elecciones autonómicas en Andalucía, el próximo 16 de noviembre, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) pide a todos los partidos políticos que se comprometan a adoptar medidas para facilitar el ejercicio de un periodismo digno e independiente, fortalecer el papel de los medios de comunicación en la sociedad -especialmente los públicos- y garantizar el derecho constitucional de la ciudadanía a recibir información veraz y plural, porque si no se cumple plenamente este derecho se resienten gravemente todos los demás.

La Junta Ejecutiva Federal de la FeSP, reunida este fin de semana en Madrid, celebra que el Parlamento andaluz haya aprobado recientemente y por unanimidad la Ley Audiovisual de Andalucía, en cuya tramitación se han tenido en cuenta las aportaciones del Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) y de otros colectivos y organizaciones. Es una norma progresista que incluye importantes avances respecto a la Ley General de la Comunicación Audiovisual estatal de 2010, como la regulación de las emisoras comunitarias sin ánimo de lucro, el derecho de acceso, la participación ciudadana o la consolidación de la radio y televisión públicas como servicio público.

Esta organización apoya la campaña #RecuperarLaNuestra, que han puesto en marcha los trabajadores de Canal Sur para reclamar una radiotelevisión pública renovada, plural y con financiación suficiente, para que pueda prestar con eficacia el servicio público informativo al que la ciudadanía tiene derecho.

Para que ese modelo de radiotelevisión pública sea posible es necesario, tanto en Andalucía como en las demás comunidades autónomas y en RTVE, que el Gobierno central y los autonómicos no se inmiscuyan en ellas para controlarlas, como vienen haciendo –con más o menos intensidad y desvergüenza, según los casos– y dejen trabajar con plena libertad a sus profesionales.

También expresamos nuestro apoyo y solidaridad a la plantilla de la radio y televisión públicas de Galicia en sus protestas contra el control y la manipulación que, según han denunciado, ejerce el Gobierno autonómico que preside Alberto Núñez Feijóo.

La FeSP lamenta que se esté retrasando la resolución del concurso público para elegir el Consejo de Administración de RTVE y su presidente o presidenta, por causas atribuibles fundamentalmente a los grupos parlamentarios, que primero mostraron escaso o nulo interés para ponerlo en marcha, y después actuaron en algunos casos guiados más por sus intereses partidistas que en beneficio de la radiotelevisión pública estatal. Les pedimos que elijan las mejores candidaturas por sus méritos profesionales y no por afinidad ideológico o por amiguismo.

Asimismo, la FeSP pide al Gobierno y a los grupos parlamentarios que promuevan de una vez por todas una regulación del derecho constitucional a la información que tiene la ciudadanía, en una ley que regule los derechos y deberes de los periodistas, entre ellos los freelances y los periodistas a la pieza, un colectivo cada vez más numeroso que se ve obligado a trabajar en condiciones de precariedad extrema. Esta regulación por ley viene siendo reclamada por la FeSP y otros sindicatos y asociaciones profesionales desde hace muchos años, pero hasta ahora no ha sido aprobada en el Parlamento por falta de voluntad política de los gobiernos de PSOE y PP.

La Junta Ejecutiva Federal de la FeSP ha acordado integrarse en la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP), una plataforma unitaria que agrupa a numerosas organizaciones sociales, sindicales y políticas de distinta orientación ideológica pero que comparten un objetivo común: promover una reforma de la Constitución para que en ella se prohíba cualquier medida que rebaje el poder adquisitivo de las pensiones o la privatización total o parcial del sistema público de las mismas.

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