La FeSP lamenta y rechaza el cierre de Canal9

Las televisiones públicas son necesarias, bien gestionadas y sin interferencias de los gobiernos autonómicos.

Concentración contra el cierre de Canal 9 en Valencia, noviembre de 2013 Foto en movimiento (www.fotomovimiento.org) CC BY-NC-ND 2.0

Concentración contra el cierre de Canal 9 en Valencia, noviembre de 2013 Foto en movimiento (www.fotomovimiento.org) CC BY-NC-ND 2.0

La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) lamenta y rechaza rotundamente el anuncio de cierre de la Radiotelevisión Valenciana (RTVV), una decisión que ha adoptado el Gobierno de Alberto Fabra (PP) en vez de cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que le obliga a readmitir a los mil trabajadores despedidos en un Expediente de Regulación de Empleo plagado de irregularidades y ahora anulado por la justicia.

Este cierre es un grave atentado contra el derecho constitucional de la ciudadanía a  la información y echa exclusivamente sobre las espaldas de más de 1.700 trabajadores las consecuencias de una nefasta gestión de esta radiotelevisión pública de la que ellos no son responsables.

Las demagógicas explicaciones del presidente Fabra, quien ha dicho que no va a “cerrar ningún colegio ni hospital ni dejar de atender a las personas más necesitadas para mantener RTVV”, no se sostienen. El derecho a la información es uno de los derechos fundamentales de la Constitución, como lo son la educación y la salud, y no pueden ponerse uno de ellos por encima ni por debajo de los otros.

La obligación de un gobernante es cumplir las resoluciones judiciales, como cualquier ciudadano. Si la Generalitat valenciana no puede asumir la gigantesca deuda que tiene Canal Nou, no achacable a sus trabajadores, debe buscar las fórmulas para subsanarla pero sin prescindir de este servicio público.

Las radiotelevisiones públicas autonómicas son necesarias, no sólo para preservar y defender la cultura y la lengua propia en las comunidades que la tienen sino para cohesionar a la sociedad y facilitar a la ciudadanía la información más cercana que no le van a ofrecer TVE ni las cadenas privadas. Los gobiernos autonómicos deben adoptar las medidas necesarias para que sean gestionadas correctamente, no utilizarlas con fines partidistas y dejar su funcionamiento en manos de los profesionales.

La Junta Ejecutiva Federal de la FeSP expresa su solidaridad a los trabajadores de RTVV y hace un llamamiento a los ciudadanos para que exijan al Gobierno valenciano, con todos los medios legales a su alcance, el mantenimiento de una televisión que les pertenece y que necesitan.

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