La FeSP exige la dimisión del MInistro del Interior

Al mantener la “Ley Mordaza”. pese a las críticas generalizadas, parece que pretende reprimir las protestas ciudadanas y la información periodística

La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) -a la que pertenece el SPM- reclama la dimisión o destitución del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, porque durante sus tres años al frente de esa cartera ha hecho méritos más que de sobra para dejar el cargo. La gota que ha colmado el vaso ha sido su empecinamiento en mantener y defender el proyecto de Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, a pesar de las críticas generalizadas de todos los partidos de la oposición -que han votado unánimemente contra ese texto en sus primeros trámites en el Congreso- y de numerosos colectivos sociales y ciudadanos.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. 21/11/2014. Pool Moncloa / Acceso libre

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. 21/11/2014. Pool Moncloa / Acceso libre

Este proyecto -conocido como Ley Mordaza y que tiene el respaldo del Consejo de Ministros- ha provocado las protestas no sólo de la FeSP sino de organizaciones tan variadas como Amnistía Internacional, Reporteros sin Fronteras, Greenpeace, SOS Racismo, la plataforma No Somos Delito, Jueces para la Democracia, Ecologistas en Acción, Red Internacional de Abogados Eureka y la Federación Europea de Periodistas (FEP), entre otras.

Pese a las modificaciones introducidas en el borrador inicial, el gran incremento que prevé del número de faltas relacionadas con los derechos a la libertad de expresión y de manifestación permite concluir que, con esta ley, el ministro y el Gobierno pretenden limitar y reprimir tanto el derecho de la ciudadanía a protestar en las calles como el de los periodistas y fotógrafos a difundir esas protestas en cumplimiento de su obligación profesional.

Por todo ello, la FeSP considera necesario que el presidente del Gobierno ordene retirar el citado proyecto de ley, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados, y pida al ministro que dimita o lo destituya.

La Junta Ejecutiva Federal de la FeSP, reunida este fin de semana en Madrid, también ha acordado alertar del oscurantismo que rodea las negociaciones secretas que mantienen Estados Unidos y la Unión Europea sobre el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP, por sus siglas en inglés).

De llevarse a cabo este acuerdo, además de suponer un grave atentado contra la defensa de la regulación europea en materias como la economía, los derechos laborales, el medio ambiente o los servicios públicos (salud, educación…), afectará directamente al derecho a la información y la comunicación de la ciudadanía: la creación del llamado “Mecanismo de solución de controversias inversionistas-Estado” acarrearía la indefensión de los Estados contra la concentración de los medios de comunicación en manos de unos pocos monopolios, una práctica que limita el necesario pluralismo informativo.

La FeSP comparte la indignación del Consejo de Informativos y de muchos trabajadores de TVE, que han protestado por la  destitución de tres jefes de área de la redacción y cuatro adjuntos, acordada por el nuevo director de los Servicios Informativos, José Antonio Álvarez Gundín. En una televisión pública debe prevalecer la experiencia y la trayectoria profesional -que las personas destituidas han demostrado sobradamente- y las normas de funcionamiento interno de RTVE existentes, en vez del “amiguismo” o los intentos de incrementar el control político de la información de cara a las próximas elecciones, como sospecha el Consejo de Informativos.

Asimismo, la FeSP respalda a la Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC), que ha exigido al Parlamento autonómico las medidas necesarias para la destitución del director de Radiotelevisión Canaria (RTVC), Guillermo García, por las numerosas irregularidades detectadas en esa cadena. Entre ellas figuran los contratos muy costosos con productoras privadas o la compra de programas que se han pagado pero nunca han sido emitidos, que se suman a otras denunciadas ante la Fiscalía Anticorrupción por la UPCC e Izquierda Unidad Canaria.

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