La FeSP apoya la ‘Declaración de Cádiz’ en defensa de una mayor transparencia

La Coalición ProAcceso ha impulsado el manifiesto con motivo del Día Internacional del Derecho a Saber celebrado el 28 de septiembre

28 de septiembre de 2018

Con motivo del Día Internacional del Derecho a Saber celebrado el 28 de septiembre, la Coalición ProAcceso –a la que pertenece la Federación de Sindicatos de Periodistas, FeSP— ha impulsado un manifiesto para reclamar diversas medidas para que la transparencia sea una realidad palpable en la vida pública española. La Declaración de Cádiz ha sido hecha pública en el marco del Congreso Internacional de Transparencia, celebrado en esa ciudad andaluza entre el 26 y el 28 de septiembre.

En el texto del manifiesto se recuerda lo que establece la Ley de Transparencia, de Acceso a la Informació Pública y al Buen Gobierno aprobada en diciembre de 2013: “La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Solo cuando la acción de las y los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando la ciudadanía puede llegar a conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones, podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación”.

Por ello, con motivo de este 28 de septiembre, en la declaración se pide “un apoyo explícito a nuestro trabajo y un compromiso decidido en la implantación y éxito de la nueva cultura de la transparencia”. Se reclama también una reforma “que ahonde, profundice y mejore las garantías que el derecho de acceso y la transparencia activa han supuesto hasta la fecha en nuestro país, tanto a escala estatal, autonómica como local”. Entre las reformas que se plantean se incluye “consagrar el derecho de acceso como un derecho fundamental, la dotación de medios humanos y económicos suficientes para los órganos de garantía, el desarrollo efectivo de la potestad sancionadora, la mejora del procedimiento de acceso para hacerlo más sencillo y eficaz, mejorar la concreción de los límites de acceso y las causas de inadmisión, unificar en la medida de lo posible los regímenes de acceso y desarrollar una gestión documental y de archivos moderna que sirva como vehículo de todos estos cambios”.

La ONU fijó en 2002 el 28 de septiembre como Dia Internacional del Derecho a Saber. En esa jornada se reclama el derecho a acceder a la información de las administraciones públicas como vía esencial para facilitar la participación ciudadana y garantizar la rendición de cuentas. En España, el derecho a saber se reconoció en 2013, pero no como un derecho fundamental. Sus cuatro principios básicos son:

  • El acceso a la información es un derecho de todos. Cualquier persona puede solicitar información sin requisitos previos y sin necesidad de justificar las razones por las que está buscando la información.
  • El acceso debe ser la norma, y el secretismo la excepción. Toda la información que mantienen las administraciones es pública en principio. La información solo puede ser reservada o secreta cuando existan razones legítimas que lo justifiquen (seguridad, privacidad personal, etcétera).
  • El derecho aplica a todos los entes públicos. Los datos públicos en realidad pertenecen a la ciudadanía, y por lo tanto deben ser accesibles para toda la sociedad sin ninguna discriminación y para cualquier uso.
  • Realizar solicitudes debe ser sencillo, rápido y gratuito. Los datos públicos deben estar al acceso de la ciudadanía, en formatos digitales, estandarizados y abiertos, siguiendo una estructura clara que permita su comprensión y reutilización.

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