La FeSP abre un buzón seguro y anónimo para denunciar corrupciones o ilegalidades, con el apoyo de la Fundación Internacional Baltasar Garzón

La iniciativa forma parte del proyecto europeo Expanding Anonymous Tipping y será presentada el 28 de octubre, en un debate telemático sobre Alertadores y seguridad digital: los nuevos retos de la democracia

27 de octubre de 2020
La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), con el apoyo de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), pone a disposición de la ciudadanía un buzón de alertas para que en él se pueda denunciar, de forma totalmente segura y con el anonimato garantizado, cualquier caso de corrupción o conducta ilegal que se conozca, tanto de las administraciones públicas como de empresas u organizaciones públicas o privadas. Esas denuncias, tras las comprobaciones iniciales necesarias, podrán ser conocidas públicamente por los medios de comunicación y, en su caso, podrá intervenir la Justicia.

Este buzón forma parte del proyecto europeo Expanding Anonymous Tipping (EAT), cofinanciado por la Comisión Europea y liderado por la Fundación Internacional Baltasar Garzón. Será presentado en un acto público telemático mañana 28 de octubre, de 9:30 a 11:00 horas, en el que se debatirá sobre Alertadores y seguridad digital: los nuevos retos de la democracia. En este debate, que se enmarca en el octavo mes europeo de la ciberseguridad, intervendrán Baltasar Garzón, presidente de FIBGAR; Agustín Yanel, secretario general de la FeSP; Hervé Falciani, presidente de la asociación Tactical Whistleblower; Joan Antoni Llinares, director de la Agencia Valenciana Antifraude, y Estelle Raso, de KPI Risk Ethics & Compliance.
Estas dos iniciativas se enmarcan en un contexto social y político en el cual la comunidad internacional está siendo testigo de que, en Portugal, se está juzgando a un hombre por haber expuesto irregularidades fiscales que alcanzan 65 millones de euros, y de que, en Londres, se piden 175 años de cárcel para otro por haber permitido que salgan a la luz prácticas de torturas masivas, asesinatos extrajudiciales y otros crímenes atribuidos a estados gobernantes.
Rui Pinto y Julian Assange son solo dos ejemplos de los muchos en que se criminaliza a quienes defienden con sus actos una sociedad en la que la transparencia hacia la ciudadanía debería ser una obligación para los poderes públicos. Pero exponer los hechos que van en contra del interés general tampoco debería ser considerado como un acto heroico, sino como una simple manifestación de la democracia. Para ello es necesario institucionalizar la participación ciudadana, promoviendo una protección efectiva de los alertadores a fin que la defensa de un bien común y la construcción colectiva de una sociedad más justa y transparente sean las raíces de la democracia.
La aprobación de la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, es un gran avance al respecto, aunque propone estándares mínimos de protección que deben ser ampliados por cada Estado miembro.
El proyecto EAT se ha concebido como respuesta y apoyo a esa Directiva que, como primera etapa para una protección efectiva de los alertadores, acuerda poner a su disposición canales de denuncia seguros y anónimos. El objetivo es promover una seguridad digital accesible y fácil de uso, mediante la implementación de buzones seguros y anónimos para proteger a quienes, con sus reportes, consolidan la democracia.

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