La Federación de Sindicatos de Periodistas rechaza el sacrificio de TVE ante las privadas

Madrid, 28 de julio de 2009 ((foto Antonio Peiró)

La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) denuncia que el Gobierno, una vez más, incumple sus compromisos electorales respecto a los medios de comunicación públicos, como lo hizo cuando debilitó a RTVE -a través de la SEPI- antes de que fueran aprobados su nueva ley reguladora, el mandato marco y un contrato programa que todavía está pendiente.
Cuando se avanzaba hacia un modelo de estabilidad financiera de TVE -gracias a un proyecto de ley derivado del informe de un comité de expertos-, el Gobierno ha empezado a improvisar decretos y proyectos de ley que obedecen exclusivamente a los intereses de los operadores privados, ya sea en lo referido a la liberalización de las fusiones entre cadenas como sobre la TDT de pago o la eliminación de la publicidad en los medios públicos estatales. Tras aplazarla, ahora rescata la propuesta de Ley General Audiovisual para aprobarla después el verano, pero con unos contenidos que la alejan mucho del proyecto inicial y que desarbolan aspectos clave de lo que debiera ser una verdadera Autoridad Audiovisual garante de la programación de calidad.
La Junta Ejecutiva Federal de la FeSP considera imprescindible que, antes de un debate técnico sobre la financiación de RTVE, se reafirme la función esencial que corresponde al servicio público de la radiotelevisión. Un servicio que sólo puede ofrecerse con una radiotelevisión pública potente y que disponga de los medios y recursos necesarios para ello.
Si esto no se prioriza y se atiende sobre todo a las exigencias del sector privado -que reclama la eliminación de la publicidad de TVE y de todos los medios públicos-, se llega a la situación actual, que supone un auténtico retroceso en el camino hacia una televisión pública al servicio de la democracia.
Se pueden criticar los defectos e ineficiencias del sector público, empezando por el control gubernamental o partidista de las radios y televisiones, pero eso no es comparable a las aberraciones que se han cometido desde el sector audiovisual privado contra principios democráticos y derechos constitucionales.
En esa situación, la FeSP denuncia que el proyecto de ley que va a debatir mañana el Senado está pensado para satisfacer los intereses de UTECA -la patronal de las grandes televisiones privadas-, que desde hace años reclama para sí todo el pastel publicitario y ahora, además, exige que se limite a TVE la compra de derechos de retransmisiones deportivas y de cine norteamericano, peticiones que son plenamente satisfechas por el Gobierno en su proyecto de ley.
Quizá por ello, el Gobierno ha preferido que esta futura ley sea tramitada con urgencia y no ha buscado el necesario consenso político y social.
La propuesta de gravar los ingresos de las cadenas privadas en abierto o de pago y los de los operadores de telecomunicaciones, no asegura una financiación estable de RTVE, como se indica en el proyecto de ley, porque no garantiza que la publicidad de TVE pase en bloque a las televisiones privadas.
Con este modelo sólo se conseguirá lo que pretenden la derecha política y económica, y también los sectores neoliberales de la profesión periodística: reducir la incidencia de la TVE pública y su papel vertebrador de valores democráticos y de integración social.
A juzgar por los hechos, parece que el Gobierno comparte ese modelo de quienes quieren que la televisión pública se limite a ofrecer una programación «alternativa» que no interfiera en su concepción mercantilista del audiovisual, sin asumir que al gozar de una concesión estatal también debieran cumplir una función de servicio público.

Junta Ejecutiva Federal de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP)

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