La AGP-UGT considera urgente la regulación legal del “derecho de todos» a la libertad de expresión

Madrid, 26 de diciembre de 2005. (Comunicado de la Junta directiva estatal de la AGP-UGT).

El grave conflicto internacional originado por la ‘gracia’ de la cadena de radio de la Iglesia católica, la COPE, ha tenido, a pesar del lamentable espectáculo dado por ese medio de comunicación, algo de positivo. Ha mostrado la urgente necesidad de avanzar en la aprobación y entrada en vigor de la legislación necesaria para frenar los desmanes. No se puede abusar de la buena fe de la gente –en este caso, de Evo Morales, presidente electo de Bolivia— para hacer una broma cuya risa provocada es de intensidad inversamente proporcional a la calidad cerebral en juego.

Pocos recursos mentales deben de tener el Grupo Risa de la COPE y la propia cadena eclesiástica, si acuden al abuso de la buena fe de la gente. Al menos, han hecho un favor a toda la clase política y a todos los ciudadanos. Han hecho evidente la necesidad de aprobar el Estatuto del Periodista Profesional y de crear un Consejo Audiovisual de ámbito estatal y Consejos autonómicos, siguiendo el modelo del prestigioso Consejo Superior del Audiovisual francés y del no menos prestigioso Consejo catalán.

Si no son los mismos, al menos comen en la misma mano quienes tildan de soviético el proyecto de ley del Estatuto del Periodista Profesional que se tramita en el Congreso de los Diputados, quienes atacan la nueva Ley del Consejo Audiovisual de Cataluña y quienes se ríen del presidente electo de un país soberano.

Hay que estar a las duras y a las maduras. La libertad de expresión consagrada por la Constitución española en su artículo 20, es para todos; no sólo para quienes tienen el micrófono para levantar la voz.

La Agrupación General de Periodistas de la UGT (AGP-UGT), ante la interesada campaña contra el Estatuto Profesional y contra los Consejos Audiovisuales, quiere que sea público el apoyo de esta organización de periodistas a la regulación legal de derechos y deberes. Hay que poner en evidencia la incoherencia de quienes se amparan en una ley (la primera y de mayor rango normativo) que protege constitucionalmente la libertad de expresión, para exigir que no se regule legalmente el ejercicio de esa libertad.

Llama la atención que algunos medios y algunos sectores sociales poderosos se aferren al concepto, que por ser constitucional también tiene fuerza de derecho positivo, sin aceptar de ninguna manera que se sancione el incumplimiento. La transgresión de un derecho comporta que se conculque el ajeno, merecedor de la suficiente protección. Se deben establecer medidas punitivas para reparar la lesión del derecho ajeno.

La AGP-UGT reclama la creación de un Consejo Audiovisual Estatal, y de Consejos autonómicos, y la aprobación de un Estatuto Profesional para el ejercicio del periodismo, un Estatuto que proteja a los periodistas y a la sociedad de los abusos de quienes se creen con poder para imponer sus criterios por la fuerza del dinero o por la fuerza de la tinta o los micrófonos.

Estamos en condiciones de asegurar que mienten algunas asociaciones del sector que afirman que los periodistas estamos mayoritariamente contra la regulación profesional. Es evidente que mienten, y lo saben. Porque saben que el Foro de Organizaciones de Periodistas (plataforma estatal en la que estamos integradas prácticamente todas las agrupaciones estatales de periodistas, tanto sindicales como profesionales), apoya, sin ambages, la aprobación por ley de un Estatuto del Periodista Profesional y la creación de los Consejos del Audiovisual.

En todo caso, la regulación profesional no ha de ser, y esperamos que no sea, un privilegio de los informadores, sino un instrumento de defensa de la sociedad. Una sociedad que, en aplicación de la Constitución, tiene derecho a una información plural y veraz, a la separación de información y de opinión y al acceso a los medios de comunicación, especialmente a los públicos.

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