Inquietud en Efe ante otro posible plan de prejubilaciones voluntarias

La agencia de noticias estatal pretende reducir costes y rejuvenecer la plantilla, pero los trabajadores temen que no cubran todas esas bajas y se deteriore más el servicio

11 de junio de 2019

La agencia de noticias Efe estudia la posibilidad de poner en marcha un nuevo plan de prejubilaciones voluntarias, para aplicarlo en cuatro años y que afectaría a unas 200 personas, con el objetivo de reducir los costes salariales y rejuvenecer la plantilla, cuya edad media es de 53 años. Esta noticia ha provocado inquietud entre los trabajadores y trabajadoras, porque el servicio que presta esta agencia estatal de información se vería afectado negativamente en el caso de que, como temen, la empresa no cubra todas las bajas que se produzcan.

La plantilla de Efe se vio reducida en más de un centenar de personas en 2012 por prejubilaciones y algunas bajas voluntarias, a las que hay que añadir las jubilaciones que ha habido desde entonces. En la actualidad continúan sin cubrir muchas de esas plazas, sobre todo en las delegaciones de la agencia en toda España, por lo que un nuevo plan de prejubilaciones que no vaya acompañado de una reposición del total de las bajas sería muy perjudicial, según fuentes de los trabajadores.

La directora gerente de la agencia ha comunicado a los representantes de la plantilla que ya estudian la manera de llevar a cabo ese plan. Deberán negociarlo con la representación sindical, pero de momento no pueden iniciar las conversaciones porque tiene que autorizarlo la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), accionista único de la empresa, y no podrá hacerlo hasta que se constituya el nuevo Gobierno.

La agencia Efe tuvo en 2018 unas pérdidas de casi ocho millones de euros, y no prevé obtener beneficios este año ni el próximo. La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) -a la que pertenece el Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM)– defiende la necesidad de que esta agencia de noticias, lo mismo que RTVE y todas las radios y televisiones públicas, reciban la financiación pública necesaria y estén gestionadas por profesionales y sin injerencias externas, para garantizar su independencia respecto de los gobiernos correspondientes.

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