Informe para la Reforma de los Medios Públicos: Resumen y Conclusiones

Madrid, 21 de febrero de 2005. (Para acceder al Informe completo: http://www.la-moncloa.es/im.pdf).


El Real Decreto por el que se creó el Consejo para la Reforma de los medios
de comunicación de titularidad del Estado (744/2004, de 23 de abril), recuerda
que el mandato del artículo 20.3 de la Constitución establece que se regulará
por Ley su organización y control parlamentario, con garantía del acceso a
dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el
pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. Al mismo
tiempo, señala que ese mandato constitucional no tiene reflejo fidedigno en el
actual marco formativo regulador de los medios de comunicación pública,
por lo que encomienda a un Consejo independiente la elaboración de un
informe que contenga una propuesta sobre el modo más adecuado de su
articulación jurídica, los contenidos de programación más idóneos y la
financiación más adecuada.

En RTVE, el Estatuto de 1980, aunque supuso un avance importante en su
momento, no fue concebido para un régimen mixto de concurrencia públicoprivada
ni ha servido para afrontar eficazmente los numerosos cambios
surgidos desde entonces. Pero, sobre todo, su inadecuada aplicación ha dado
lugar a una serie de evidentes deficiencias:
o Indefinición de las señas características de servicio público en los
contenidos de sus emisiones.
o Excesiva presión comercial sobre la programación, que ha conducido a
la saturación publicitaria y a una escasa diferenciación respecto a las
televisiones privadas.
o Estructura societaria anómala, que ha propiciado una gestión carente de
objetivos claros, impidiendo su evaluación adecuada y la atribución de
responsabilidades a los administradores.
o Sistema de nombramiento gubernamental del Director General, que lo
sitúa bajo la continua sospecha de intervencionismo.
o Control débil y deficiente, por inoperancia de los organismos previstos
(especialmente, el Consejo de Administración) y por la inexistencia de
un Consejo Audiovisual homologable a los vigentes en la Unión
Europea.
o Modelo financiero inadecuado, sostenido por el endeudamiento, e
inaceptable en el marco europeo.
o Concepción centralista de la estructura territorial, no adaptada al Estado
de las autonomías y a la presencia de televisiones y radios autonómicas.

En la Agencia EFE, pese a la expresa y reiterada demanda de los grupos
parlamentarios durante un cuarto de siglo, ningún gobierno ha implantado un
estatuto democrático, previsto en el artículo 20.3 de la Constitución, que
garantice:
o La independencia y el pluralismo de sus informaciones.
o La definición y control externo de sus funciones como servicio público
informativo.
o Una financiación suficiente para cumplir sus obligaciones de respeto a
una ciudadanía democrática ilustrada, y para la proyección de la lengua
y cultura españolas.

Durante nueve meses, el Consejo ha estudiado una copiosa documentación
sobre la larga experiencia de nuestros vecinos más cercanos (Alemania, Reino
Unido, Francia, Portugal, Italia), así como las propuestas remitidas, tras
nuestra solicitud, por más de 80 entidades (Administración pública y
representantes de la sociedad civil española).

Un estudio comparativo de la realidad y la doctrina europeas al respecto,
coloca a España muy lejos de lo realizado en los países de nuestro entorno.
Sobre todo, cuando Europa se ha definido, claramente, a favor de unos
auténticos medios de servicio público, capaces de articular la fragmentación
social derivada de la multiplicidad de canales propia de la era digital.

Como síntesis de nuestro trabajo, elevamos al Gobierno la propuesta de un
nuevo modelo de medios de comunicación de titularidad estatal, potentes y de
calidad, acordes con la normativa española y comunitaria, independientes, con
financiación mixta y presupuestos equilibrados, bajo controles efectivos para
la eficacia y responsabilidad de su gestión, y generadores de producciones y
emisiones variadas con destino final en las más amplias audiencias.
Consideraciones y propuestas, muchas de ellas innovadoras, frente al
estancamiento actual, y enraizadas en la más cuidadosa atención a un
verdadero servicio público, dentro de la dinámica comunicativa del siglo XXI.
Las sintetizamos en los siguientes puntos:

Por una auténtica misión de servicio público para España.

· La existencia, organización y financiación del servicio público integral
en la comunicación y la información, con atención a sus principios de
proporcionalidad y transparencia financieras respecto a las misiones
encomendadas, está avalada de manera amplia y suficiente por la
doctrina legal y la jurisprudencia europeas. Ni los cambios tecnológicos
ni la internacionalización mediática debilitan la necesidad de unos
medios gestionados públicamente.
· La misión de servicio público debe enmarcarse en el artículo 20 de la
Constitución, que establece el derecho a la libertad de expresión y los
límites del mismo. Debe también vincularse a la defensa y el fomento
de otros valores y principios constitucionales: la igualdad de los
ciudadanos, el pluralismo y la participación democráticas, la cohesión y
articulación del Estado español, y el derecho a la educación y la cultura,
mediante las Instituciones e instrumentos que promuevan estos ideales.
· La definición clara de unos objetivos de servicio público, acorde con
las directrices de la Unión Europea, y que distinga los medios públicos
de los privados, justifica plenamente la tutela del Estado sobre aquéllos.
Esto implica perseguir prioritariamente una rentabilidad social, sin
abandonar los criterios de sostenibilidad económica.

Por unos contenidos de calidad para todos los ciudadanos.

· Ofrecer unos contenidos de servicio público que abarquen la
información, la cultura, la educación y el entretenimiento, respetando el
pluralismo y la atención expresa a los sectores sociales que más lo
necesitan, todo ello con una especial exigencia de calidad, así como de
respeto a la dignidad de las personas y a la protección de la infancia.
· Impulsar especialmente la producción propia de programas de
televisión. Al mismo tiempo, la radiotelevisión pública ha de ser uno de
los motores de la industria audiovisual española y deberá promover la
coproducción independiente, europea e iberoamericana.
· Dedicar más esfuerzo a la proyección exterior de la lengua y la cultura
españolas, fomentando una mayor cooperación de la radiotelevisión
pública española con otros países, en especial con los de la Unión
Europea e Iberoamérica, así como a la presencia de España en las
relaciones internacionales.
· Regular el derecho constitucional de acceso de los grupos sociales y
políticos significativos a los medios públicos, como elemento
fundamental de la participación ciudadana.
· Concretar, periódicamente, las obligaciones comunicativas e
informativas de servicio público, a través de mandatos-marco de larga
duración (nueve años), con desgloses en contratos-programa trianuales,
aprobados por el Parlamento, que permitan en el medio y corto plazo
una fijación precisa y un control estricto de las funciones
encomendadas.
· Reducir gradualmente el tiempo dedicado a emisiones publicitarias,
hasta niveles claramente inferiores a los establecidos para las
televisiones comerciales, y con determinación de límites estrictos a sus
modalidades y formas de inserción.
· Crear, lo antes posible, un Consejo Audiovisual plenamente autónomo,
con capacidad de regulación y sanción, que establezca el seguimiento y
el control de la misión de servicio público, a través de indicadores
cuantitativos y cualitativos que sirvan para medir permanentemente su
rentabilidad social y no la meramente económica. El establecimiento de
este Consejo parece imprescindible para asegurar un sistema
audiovisual armónico

Por una gestión independiente y responsable.

· La Corporación RTVE y la Agencia EFE deberán constituirse como
entidades jurídicas autónomas, dentro del marco legal español vigente
para la Administración Pública. Contarán con independencia gerencial
y editorial respecto al poder ejecutivo, con dimensiones estrictamente
ajustadas al cumplimiento de la misión de servicio público, y sin
perjuicio de la agilidad necesaria para estimular su responsabilidad y su
dinamismo en las actuaciones mercantiles.
· Consejos de Administración para RTVE y para la Agencia EFE, con
plena capacidad de control de la gestión, elegidos por diversas
instancias, para aumentar su pluralismo, con mandatos superiores a una
legislatura, irrevocables y no prorrogables, a fin de reforzar su
independencia. Sus componentes deberán ser personas de reconocida
competencia en el ámbito de la comunicación, con dedicación exclusiva
y sometidas a un estricto régimen de incompatibilidades.
· Directores Generales elegidos, previa convocatoria pública, por los
respectivos Consejos de Administración. Serán responsables del logro
de los compromisos de servicio público ante los propios Consejos y las
autoridades establecidas (Consejo Audiovisual, en su caso, y una nueva
Comisión parlamentaria de control de los medios estatales).
· Participación sistemática de los informadores (mediante Estatutos y
Consejos de Redacción), para salvaguardar la independencia del
servicio público; y atención permanente a la sociedad civil, a través de
Consejos Asesores representativos, con la presencia y operatividad
necesarias.

Por una financiación transparente, estable y sostenible.

· Modelos que garanticen la estabilidad económica, evitando el
endeudamiento financiero de las empresas, a la vez que impiden una
excesiva presión publicitaria sobre sus actividades y que estimulan una
diversificación mayor de los ingresos comerciales. Todo ello de
acuerdo con las exigencias de la normativa europea y el respeto estricto
al principio de proporcionalidad.
· Aplicación en RTVE de un modelo financiero mixto (recursos públicos,
publicidad reducida de forma gradual, y mejora del patrocinio y de la
venta de productos), a fin de normalizar el respaldo del Estado con el
límite máximo del 50 por 100 de los presupuestos que fijen los futuros
contratos-programa.
· Asunción por el Estado de la deuda de RTVE, de acuerdo con los
compromisos gubernamentales, e inclusión de las futuras aportaciones
de fondos públicos a RTVE y EFE en los Presupuestos Generales del
Estado, según los correspondientes contratos-programa. No obstante, y
pese a los inconvenientes señalados para la aplicación de un canon, no
se descarta el recurso del Gobierno a esa medida, en el caso de que lo
estimara necesario para cumplir con el compromiso de sostener unos
presupuestos estables y suficientes.
· Aportación estatal de fondos que cubra el precio del servicio público
informativo de la Agencia EFE, sin perjuicio del esfuerzo que resulte
exigible en materia de producción y de actividad comercial, sobre todo
en el mercado exterior.
· En contrapartida a ese esfuerzo del erario público, y además de la
prohibición legal de endeudamiento en el porvenir, se proponen líneas
básicas gerenciales. Entre otras: transparencia en todo tipo de contratos
laborales y comerciales, revisión de ocupación y uso de instalaciones,
contención de gastos en todos los servicios ordinarios, reorganización
funcional de categorías o potenciación de ventas en los actuales
mercados y apertura de otros nuevos.
· Elaboración de auténticos planes estratégicos en el corto y medio plazo,
destinados a lograr ahorros de costes y ganancias de productividad, así
como a la diversificación de ingresos, y que garanticen la máxima
eficiencia y responsabilidad en la administración del gasto público.

Este Consejo está convencido de que nos encontramos ante la gran
oportunidad de regenerar y fortalecer un servicio público de información y
comunicación homologable a los de los países europeos de nuestro entorno,
vital para la calidad de la democracia española, y fundamental para la
educación de nuestra ciudadanía. Sin la pretensión de determinar el futuro,
hemos asumido, con entusiasmo, la tarea de ayudar a construir ese eslabón
esencial en el desarrollo y progreso de nuestra sociedad. Pero somos
conscientes de que ni este Informe, ni la regulación legal a que debe dar lugar,
pueden transformar la realidad por sí solos. Ese cambio debe partir,
inevitablemente, de una toma de conciencia general de los ciudadanos
españoles, especialmente de los Gobiernos, los partidos políticos, los gestores
y los profesionales, en relación con la necesaria independencia, la
responsabilidad y los costes que implica un buen servicio público de
comunicación e información para nuestro país.

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