Historia de cinco meses de dura negociación en el Grupo Zeta

Madrid, 24 de abril de 2009 (José Mª de la Torre, delegado sindical del SPM / foto A. Peiró)

Durantela última fase de la crisis del Grupo Zeta hemos incluido en esta página noticias puntuales sobre las negociaciones y movilizaciones de las plantillas y de sus representantes sindicales para minimizar la destrucción de puestos de trabajo y lograr las condiciones más favorables para los despedidos. José María de la Torre, afiliado al SPM y representante sindical en el grupo periodístico, recopila ahora los datos de esos cinco meses para ofrecer una visión unitaria del proceso.

Historia de cinco meses de dura negociación en el Grupo Zeta

Corrían los primeros días de diciembre de 2008 cuando los gestores del Grupo Zeta convocaron a los representantes sindicales para presentarles lo que tantas veces se les había requerido durante el ya para entonces frustrado proceso de venta: un plan de futuro para la empresa. Sin embargo, y tras ese pomposo titular, los informes que nos hicieron llegar sólo argumentaban excusas de tipo generalista sobre la mala marcha del sector, la crisis publicitaria, la bajada de ventas, etc. para constatar el declive de las distintas publicaciones. También adjuntaban algunas cifras de los últimos ejercicios con resultados antes de impuestos que tenían beneficios en algunos casos (lógicamente antes de descontar gastos de estructura considerablemente hinchados con los sueldos de la alta dirección, locales, etc.).

Pero en ninguno de esos sesudos estudios se hablaba de planes de futuro. Nada había de inversiones ni de proyectos ni de cómo afrontar la crisis o de qué hacer para recuperar lectores. Los mismos gestores responsables de la crítica situación empresarial sólo tenían una manera para seguir adelante: despedir a 533 trabajadores de una plantilla de 2.200. Ante las insistentes preguntas sobre cómo pretendían sacar el mismo número de publicaciones con esa drástica reducción de personal, su única respuesta era el “ya se verá” o “reduciremos contenidos, pliegos de páginas” o simplemente “cerraremos las publicaciones deficitarias”. En definitiva, un futuro prometedor para los empleados que consiguiesen conservar su trabajo.

Un gestor llegado desde los acreedores

La jugada estaba clara: el grupo arrastraba unas deudas multimillonarias que habían lastrado el proceso de venta y la estrategia planteada por el flamante director ejecutivo Joan Llopart, llegado desde la órbita de unos de los muchos bancos acreedores –La Caixa– pasaba por convertir simple y llanamente los números rojos en negros. ¿Cómo?, pues ajustando las clavijas a la parte más débil: los trabajadores. ¿Y los directivos responsables de la mala gestión económica? Pues nada, claro: ningún alto cargo iba a abandonar el grupo.

Pero eso no era todo. La situación económica no permitía afrontar las indemnizaciones para tanta gente. Para ello, Joan Llopart se comprometió a renegociar con los bancos acreedores la deuda y poder sacar adelante su plan de despidos.

Los representantes de los trabajadores del Grupo Zeta, constituidos en Coordinadora Estatal de Comités de Empresa desde los días en que reclamábamos infructuosamente información sobre el proceso de venta, entendimos que la mejor salida para esos compañeros sobre los que planeaba el despido era comenzar un proceso de negociación que permitiera un buen acuerdo antes de que la empresa presentara el tan temido ERE y sus consecuencias (un mes de periodo de consultas, 20 días de indemnización…). Con ese espíritu comenzamos a reunirnos con la empresa, quien para esa labor había contratado a Cusán Abogados, uno de cuyos insignes socios, Juan Chozas (inspector de Trabajo en excedencia, ex director del INEM y secretario general de Empleo con el Gobierno del Partido Popular) lleva la voz cantante.

Intentando acercar posturas, llegamos hasta después de Navidad. En la última reunión del año, la empresa amenazó con presentar un ERE, algo que hizo realidad el mismo día 31. Una siniestra forma de felicitar a los trabajadores el nuevo año. Los representantes de los trabajadores nos encontramos con un nuevo y temido escenario: el ERE. Treinta días para negociar y el temor a no llegar a un acuerdo y que los trabajadores fueran despedidos con los miserables 20 días por año que marca la ley.

Frente a la agresión del ERE, movilizaciones

Después de las sesiones negociadoras previas, el ERE fue percibido por la parte social como una agresión y como tal respondimos con un calendario de huelgas y manifestaciones. Recurrimos también a distintas instancias sociales y políticas para dar a conocer nuestro conflicto, consiguiendo la mediación de la Consejería de Trabajo de la Generalitat de Catalunya, en cuya sede llegamos a un acuerdo el día 13 de enero, previo a la primera jornada de huelga, por el cual la empresa se comprometía a suspender durante 15 días el periodo de consultas del ERE –con un mínimo de 10 sesiones negociadoras– y a reducir el número de afectados durante las negociaciones. A cambio, la parte social desconvocó la huelga y redujo el número de miembros de la mesa negociadora.

Se iniciaba así una sesión maratoniana de reuniones con el fin de llegar a un acuerdo, conseguido prácticamente en la madrugada del día 3 de febrero. Un acuerdo en el que primaba la voluntariedad en la salida de trabajadores y en el que se establecían una serie de tramos indemnizatorios según los salarios y unos planes de prejubilación desde los 57 años y con hasta el 80 por ciento del salario. Se estipulaban también unos plazos, concretamente 15 días, para la presentación de voluntariedades, una semana para tratar los vetos presentados por la empresa y otra semana para la salida forzosa del resto de trabajadores. Durante las negociaciones, también se redujo el número de afectados, que pasaron de los 533 iniciales a los 442 que recoge el acuerdo. Además, y en previsión de posibles desinversiones hasta el 31 de diciembre de 2011, empresa y trabajadores acordamos firmar un documento, complementario al ERE, que garantiza las mismas condiciones de salida para los empleados que puedan verse afectados.

Sin embargo, cuando íbamos a firmar el acuerdo, Joan Llopart nos dijo que todavía no tenía el dinero con el que hacer frente a las indemnizaciones. Había conseguido el crédito de los principales bancos, pero aún quedan otros por avalar el préstamo. Los representantes de los trabajadores decidimos firmar el acuerdo, pero con una cláusula que lo condicionaba a la obtención de financiación. También quedaba pendiente la firma del acta que certificaba el final del periodo de consultas del ERE.

Por fin, el día 17 de marzo llegó el dinero (245 millones de euros) y el acuerdo se desbloqueó. Comenzaron así los plazos contemplados en el mismo: los comités presentamos a la empresa los documentos firmados por los trabajadores en los que solicitaban su baja voluntaria. Durante la semana siguiente, la empresa nos presentó una lista con las bajas aceptadas y las vetadas.

Trucos empresariales hasta el último momento

En el nuevo proceso negociador, los gerentes de la empresa intentaron –con escaso éxito por cierto– explicar los motivos de los vetos (con argumentos tan peregrinos como que son magníficos profesionales o personas insustituibles). Pero la realidad era otra: entre las personas vetadas nos encontramos gente de baja con graves enfermedades, con situaciones familiares que les impedían realmente desempeñar su trabajo o simplemente con muchos años de antigüedad, lo que hacía muy costoso su despido. La llegada de la tercera fase –la de los forzosos– no hizo sino aumentar nuestra desconfianza: cuando al final nos entregaron las listas, comprobamos que se quería echar a gente con la misma categoría profesional de otras personas a las que se m
antenía inexplicablemente el veto. Tras unos días más de dura negociación, conseguimos levantar alguno de esos vetos y recolocar a personas inicialmente despedidas en puestos no afectados directamente por el ERE, pero a cuyos ocupantes se le había aceptado la salida voluntaria.

Ha sido un proceso largo y duro, pero en el que no ha faltado el necesario talante negociador por parte de los representantes del Grupo Zeta. El resultado es muy triste: 442 personas han perdido su puesto de trabajo, pero a los representantes de los trabajadores nos queda la satisfacción de haber conseguido para ellos unas indemnizaciones económicas decentes. Ahora nos resta saber si el esfuerzo va a fructificar, si el Grupo Zeta va a salir adelante o, como muchos nos tememos, termine vendido en trozos al mejor postor. Una pena para un grupo de comunicación históricamente comprometido con las libertades y hoy en manos de un heredero que parece no creer en los principios del fundador, su padre. Y es que desde que se hizo cargo del negocio, no ha hecho sino poner en manos de gestores de dudosa competencia las riendas de este antaño grande y prestigioso grupo de comunicación.

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