En defensa del derecho de acceso a la información

Treinta organizaciones de la Coalición ProAcceso, entre ellas la FeSP, piden al Gobierno que rectifique para responder a la ciudadanía por el Portal de la Transparencia en el plazo previsto en la ley, que suspendió por la pandemia del coronavirus

Junta Ejecutiva Federal de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP)

Una treintena de organizaciones integradas en la plataforma Coalición ProAcceso, entre ellas la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) -a la que pertenece el Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM)-, han trasladado al Gobierno su preocupación por los efectos que pueda tener la pandemia del coronavirus sobre el derecho de acceso a la información. Han pedido al Ejecutivo que garantice el ejercicio de ese derecho, «que en este momento se encuentra seriamente limitado por la suspensión de plazos administrativos» que se aprobó en el real decreto de declaración del estado de alarma.

En una carta enviada hoy a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, las organizaciones firmantes indican que es «precisamente en tiempos de crisis cuando el derecho de acceso a la información y la transparencia deben ser una prioridad, pues favorecen que los ciudadanos conozcan las actuaciones gubernamentales y aseguran la adecuada rendición de cuentas por parte de las instituciones públicas, condiciones indispensables para afianzar la confianza de la sociedad en los gobiernos».

Cuando el Gobierno declaró el estado de alarma, el pasado 14 de marzo, entre otras medidas acordó suspender los plazos fijados en la ley para que responda a las solicitudes de información que formule la ciudadanía a través del Portal de la Transparencia: un mes como máximo, ampliable otros mes más si la solicitud es muy compleja o voluminosa.

Las organizaciones firmantes de la carta recuerdan que otros países europeos y americanos también han suspendido esos plazos administrativos, pero algunos han rectificado posteriormente esa decisión, entre ellos Argentina. El Consejo de Europa y la Comisión Europea también mantienen el plazo de 15 días para responder a las preguntas, aunque puedan retrasarse algo durante la pandemia. En España, administraciones públicas como la comunidad autónoma de Castilla y León o el Ayuntamiento de Valencia también están contestando en el plazo establecido por ley.

En la carta piden al Gobierno que garantice el derecho de acceso de la ciudadanía a la información sobre las actividades de las administraciones públicas, para lo cual deberá modificar ese apartado del real decreto de declaración del estado de alarma; o, en el caso de no modificarlo, que inste a la Administración General del Estado a responder de forma prioritaria «las peticiones de información sanitaria, legal, laboral, económica, científica, de contratación, presupuestaria y medioambiental, entre otras, relacionadas con la Covid-19».

También solicitan que el Gobierno garantice la transparencia de las instituciones públicas, mediante la creación de una página web específica, o una sección en el Portal de la Transparencia, donde se recoja toda la información relacionada con la gestión de la pandemia a nivel estatal, autonómico y municipal.

Entre las organizaciones firmantes de la carta, además de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), figuran Access Info Europa, Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), Asociación pro Derechos Humanos de España (APDHE), Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), Coordinadora ONGD–España, Fundación Civio, Greenpeace España, Reporteros Sin Fronteras y Archiveros Españoles de la Función Pública (AEFP).

 

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