El reparto electoral como consecuencia de la exclusión informativa

José Manuel Martín Medem, miembro de la Junta Ejecutiva del SPM

Repartir proporcionalmente la información electoral en el servicio público según los resultados de la votación anterior es como si la financiación estatal se distribuyera antes de acudir a las urnas por el apoyo que se recibió y no por el que se va a conseguir. Además, ese reparto mantiene una desigualdad de oportunidades que contribuye a reproducir el bipartidismo.

Martín Medem (izquierda) reflexiona sobre la cobertura de las elecciones al PE.  © Antonio Peiró y Parlamento Europeo.

Martín Medem reflexiona sobre la cobertura informativa de las elecciones al PE. © Antonio Peiró y Parlamento Europeo.

La información, incluyendo la electoral, no debe ser el resultado de una proporcionalidad impuesta, sino el resultado de un trabajo profesional de calidad con una democratización de los medios de comunicación que establezca el equilibrio de un doble respeto al pluralismo: en cada emisión y en el conjunto de las que reciben los ciudadanos.

El reparto proporcional de las informaciones electorales tiene su origen en el desequilibrio habitual de los grandes medios de comunicación (también en el servicio público), que excluyen lo que no sea bipartidismo y que harían lo mismo en cada convocatoria a las urnas sin la imposición de una proporcionalidad que no resuelve la desigualdad estructural pero abre una oportunidad de visibilidad para los marginados.

Si TVE repite continuamente la declaración del Consejo de Informativos contra el sistema de reparto proporcional no es como consecuencia de la defensa del pluralismo y de la calidad en la información, sino porque los controladores del PP quieren mantener la exclusión de las alternativas en beneficio del bipartidismo mediante la arbitrariedad de las decisiones de sus directivos.

El doble respeto al pluralismo reclama una democratización de los medios de comunicación con por lo menos dos condiciones: el reparto de las licencias equitativamente entre el servicio público, los negocios audiovisuales y las iniciativas sociales, y la aplicación del derecho de acceso en el servicio público, establecido por las leyes pero bloqueado por el bipartidismo. 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*