El País, ABC, El Mundo, La Razón y La Vanguardia, con el mismo lema: ¡Todos contra la independencia de los periodistas!

Noviembre de 2005. (Dardo Gómez, secretario de Organización de la FeSP).

Con una coincidencia inédita, los editoriales de estos periódicos y una serie de artículos de sus periodistas de confianza se lanzan contra el proyecto de Estatuto del Periodista Profesional (EPP) y se repiten en la pobreza de sus argumentos y en sus mentiras. Para mayor despropósito, hasta niegan la competencia del Parlamento español para legislar.

Aunque los periodistas esperábamos esta actitud reaccionaria, no ha dejado de sorprendernos la conjunción de argumentos que son capaces de pergeñar los enemigos de la regulación de nuestra profesión. Las similitudes en los ataques al EPP son tan miméticas que sólo pueden haber sido dictadas por la tozuda resistencia de los propietarios de esos medios españoles a reconocer que la información es un derecho de los ciudadanos y que éstos son sus únicos propietarios.

Tanto ellos como los directivos de algunas asociaciones profesionales, genuflexos ante esos empresarios, ven en la independencia de los periodistas una traba a su ambición desmedida de poder. Aunque ese poder usurpado, como reconoce uno de los editoriales publicados, esté atentando «contra las instituciones básicas del Estado, degradando la dignidad de los periodistas, provoque la indefensión de la ciudadanía y atente, en suma, contra la democracia».

Frente a este grave atentado contra esos valores esenciales, el remedio que recomienda el mismo editorialista y otros acólitos de los empresarios es que los causantes de todo ese desorden se llamen a sosiego y se autorregulen. La inocencia angelical de esa propuesta sería para enternecernos si creyéramos en su sinceridad; pero no podemos hacerlo, porque tanto en los editoriales como en las declaraciones abundan las mentiras y medias verdades que ofenden a nuestra profesión y faltan al respeto a sus lectores. El objetivo de todos ellos es el mismo: mentir, que algo quedará; por eso, conviene apostar por la transparencia y responder a tantos desatinos uno a uno.

Para qué regular

En uno de los editoriales se reconoce que la situación de deterioro de la prensa española «no tiene parangón en el resto de Europa»; y no lo tiene porque en esos países, una vez derrotadas las dos grandes dictaduras que asolaron el continente, vieron que era imprescindible regular para que no se repitieran impunemente los ‘goebbels’ que desde la prensa propiciaron el acceso del horror al poder. Así lo han hecho, y en todos estos años no hay periodistas italianos, franceses, portugueses o nórdicos que se hayan manifestado contra las regulaciones de sus respetivos países.

De hecho, el proyecto que está en trámite en el Parlamento español recoge esas experiencias; sobre todo, las de los modelos de los países más afines a nosotros. Sin embargo, el presidente de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) asegura que el proyecto está inspirado en el modelo italiano, que es heredero de Mussolini, y que a los periodistas italianos les ha ido bastante mal. Tan mal les ha ido que tienen la organización profesional más potente de Europa, que poseen capacidad para frenar las ambiciones del señor Berlusconi y que no permiten los fraudes en la contratación que imperan en la mayoría de los medios españoles.

Libertad de prensa

Miente a sabiendas quien alega que el proyecto de Estatuto atenta contra la libertad de prensa; ésta se halla sólidamente garantizada por la libertad de empresa, que otorga total potestad a los medios para marcar su línea editorial y publicar de la forma que consideren más conveniente a sus intereses. Lo que pretende el Estatuto es que quede claro para el lector cuándo el medio está expresando su opinión y cuándo está informando; y señala que esa información debe ser veraz, plural y completa. ¿A quién puede molestarle que sea así?

No deja de sorprender que algunos de los que tanto velan por su libertad de prensa no tengan inconveniente en firmar documentos de autocensura para ‘empotrar’ a sus periodistas en fuerzas militares o que admitan que clubes deportivos y partidos políticos impidan el acceso a sus actos públicos a fotógrafos o cámaras y después utilicen sin pudor las imágenes que esas entidades les entregan.

Libertad de expresión

Tampoco está en peligro, ya que los medios de información sólo se expresan –o deberían hacerlo– a través de sus editoriales o de sus columnistas, y nada en el proyecto de Estatuto los limita en ese aspecto. Evitemos la confusión: el derecho a difundir información no tiene nada que ver con la libertad de expresión.

Acreditación profesional

El presidente de la FAPE afirma que la emisión de esta acreditación por una autoridad independiente, como sería el Consejo Estatal de la Información, es absolutamente irregular… y no existe en ningún país del mundo. Simplemente, esto es mentira. Ese es el sistema habitual adoptado desde hace decenios en todos los países de nuestro entorno, donde ese documento es respetado por las autoridades públicas y por las entidades privadas. En España no hay ningún documento de este rango, ya que los que circulan los otorgan entidades corporativas sin ningún respaldo oficial. En un país tan «franquista» o «sovietizado» como Francia ese carné lo otorga el Ministerio del Interior; y en Portugal o Italia los aspirantes a él deben acreditar solvencia y experiencia ante un tribunal de competencia. Supongo que tendrán sus razones probadas, después de tantos años de experiencia.

Derechos de autoría

Alegan los patronos de la prensa que es un desatino reclamar derechos de autoría en una obra colectiva como es un periódico. Sin embargo, una mirada al entorno europeo bastaría para saber que en todos los países nórdicos y en alguno mediterráneo ya se gestionan este tipo de derechos de manera satisfactoria para los autores. Conviene recordar que varias empresas españolas de medios de comunicación que esgrimen este pretexto no vieron que eso fuera un impedimento cuando intentaron crear Gedeprensa, una gestora propia de esos derechos que pretendía cobrar peaje a los medios digitales. Eso sí, lo hicieron sin ni siquiera consultar a los periodistas, que somos los autores.

Estatutos de Redacción

Es otra de las fijaciones de las empresas de medios, que anuncian el peligro de «sovietizar» las redacciones, aunque El Mundo y El País disponen de ellos y los alaban. Sin embargo, mienten cuando afirman que esos Estatutos menoscaban las competencias del director del medio, porque bien saben que las opiniones de los Comités de Redacción no son vinculantes para las empresas. ¿Por qué lo que es bueno para El País debe ser malo para el resto? Porque, según el autor del editorial, sólo es bueno si se formaliza por la mutua voluntad de las dos partes.

Conviene recordar que los Estatutos de Redacción están recomendados por el Código Deontológico del Periodismo del Consejo de Europa, que lo aprobó por unanimidad de sus parlamentarios en 1993. Sin embargo, la inmensa mayoría de las empresas periodísticas españolas se niegan de forma rotunda a negociar este punto y son muy pocas las que disponen de este Estatuto tras 25 años de democracia. Incluso RTVE niega este derecho profesional y la agencia Efe lo está considerando ahora.

Consejo de la Información

Inflama a los propietarios de los medios y sus corifeos el proyecto de crear un Consejo de la Información, ya que consideran que ellos se bastan y sobran para preservar la salud del derecho a la información. Lo evidente es que, después de más de dos decenios de democracia, lo que han demostrado es su total incapacidad para hacerlo. Las acusaciones diarias de prevaricación en la información que se cruzan entre ellos, aunque sólo fueran verdad en una cuarta parte, demuestran que estamos ante los causantes de la enfermedad. Y si fueran falsas en su totalidad, todavía peor.

Hasta un medio propiedad del Estado que fue condenado por alterar la verdad de la información mantuvo en su cargo al director que, por lo menos, autorizó esa manipulación. ¿Alguien puede pensar que estos medios tienen capacidad o intención de autorregularse?

Más sobre el Consejo

En concesión a la demagogia fácil, los portavoces de los empresarios se irritan ante la posibilidad de que el Consejo de la Información sea financiado por los presupuestos del Estado. ¿De dónde vienen los fondos para el cuidado del derecho a la salud o a la educación?
Parece que para estos señores el derecho a la información no merece ser cuidado y aspiran a que los ciudadanos se olviden de su existencia y no lo ejerzan. Nosotros queremos recordarles que este es el derecho que está en la génesis de los restantes.

Vulnera el Código Penal

En un disloque mental se afirma que el proyecto de EPP aspira a sustituir aspectos del Código Penal. Esto no se plantea en ningún momento, muy mal estaría el parlamentario que lo admitiera y los periodistas españoles no somos tan ignorantes ni torpes como para concebir un despropósito de ese tamaño. No les queda sino mentir ante la falta de fundamentos.

Código Deontológico

El que se ha incluido en el proyecto EPP es casi idéntico a los de todas las organizaciones de periodistas españolas e internacionales, pero es de obligado cumplimiento. Es decir, pretende hacer del Código un documento eficaz. Ante esto se nos dice que la ética no se impone por ley. ¿Quién puede negar tal máxima de Perogrullo? Tampoco el respeto a la propiedad privada se puede imponer por ley, pero el robo se castiga; las faltas a la ética profesional de los médicos tampoco se dejan a la libre voluntad. No veo diferencia entre nuestra ética y la de esos profesionales. Dice también un editorialista que un Código Deontológico es un compromiso personal, y al tiempo colectivo, de quienes aceptan voluntariamente unas reglas de comportamiento en el ejercicio de su profesión. Y si no las aceptan, ¿qué pasa? Que pueden cometer impunemente todos los atentados que el mismo redactor del editorial dice que cometen. Ningún periodista cree que un Código Deontológico de obligado cumplimiento nos hará mejores ciudadanos, pero tendremos herramientas para preservar la dignidad de nuestra profesión y la ciudadanía podrá defenderse de los peores de los nuestros.

Otorga prebendas a los periodistas

Otra mentira. El EPP no nos da prebendas, sino que nos impone los deberes propios de quien debe cumplir una función social; y el periodismo lo es. Los profesionales del periodismo, aunque tenemos el mismo derecho a la información que cualquier ciudadano, al mismo tiempo tenemos el deber de hacerlo de manera veraz, plural y completa. La doble vía del derecho a la información para los periodistas está explicitada en numerosos tratados y recogida en múltiples legislaciones a uno y otro lado de los mares. No creemos que exista ignorancia al respecto, sólo ocultación de la verdad.

Derechos laborales

Aunque no dejan claro de qué están hablando, todos encuentran inconsistente que el EPP deba ir acompañado de una Ley de Regulación de los Derechos Laborales de los Periodistas. Alegan que para para eso está la negociación y la legislación laboral. Para ilustrar sobre la falacia de estos comentarios hay que explicar cómo actuan nuestros patronos y cuál es la situación de precariedad de los trabajadores de la información, que el propio editorial de El País reconoce:

–La patronal Asociación de Editores de Diarios de España (AEDE) se ocultó durante decenios y se negó a reconocer su capacidad para negociar un convenio de la prensa diaria; sólo lo hizo cuando, por una disposición ministerial, se extendió a todas las empresas el convenio de una de ellas.

–En ninguno de los convenios de sector o de empresa existentes admite la patronal negociar los derechos laborales de los periodistas ‘a la pieza’ y de los corresponsales bajo este régimen. El trabajo de estos trabajadores abarca, según las empresas, entre el 32% y el 80% de su producción total, pero se les niega toda representación: simplemente «no existen».

–En la mayoría de las empresas de medios de España, desde las más grandes a las más pequeñas, se vulneran los convenios de las prácticas de los estudiantes; y en algunas, más de la mitad de los puestos estructurales son cubiertos por esos estudiantes. Si las universidades quieren hacer cumplir esos convenios, son extorsionadas por las empresas, que cierran sus puertas a los estudiantes de ese centro.

Ante este estado de precariedad e indefensión resulta necesaria una intervención directa de los legisladores, porque estamos hablando de profesionales que deberían tener en sus manos herramientas para defender el derecho a la información. Reclamar que defiendan los principios deontológicos en esas circunstancias, o que actúen desde la precariedad de acuerdo a los deberes que les impondría el EPP, sería injusto y canallesco.

Autorregulación e intervencionismo

El País, ABC, El Mundo, La Razón y algunos otros medios unidos en la cruzada contra la independencia de los periodistas, presionan sobre los legisladores y la opinión pública, para que acepten su falsa promesa de autorregulación y que no se apruebe un instrumento legal que preserve a los ciudadanos de sus abusos. Pero, como no confían en que cedan a sus presiones, se apresuran a decir a nuestros diputados que ellos no son quiénes para opinar sobre este asunto, y mucho menos para legislar. Han decidido borrar a Montesquieu de la Historia y acabar con la soberanía de los españoles, negando a sus legítimos representantes la capacidad que les corresponde de ejercer la estricta función que les hemos encomendado. Los dueños de los periódicos llaman intervencionismo de los políticos a que se legisle para desarrollar un derecho constitucional. ¿Es que en democracia hay algún otro poder que pueda o deba hacerlo? De esto a decir que no vale la pena que los ciudadanos voten o a sostener que el Parlamento es una institución caduca, hay un paso. Duele que, para defender los puros intereses de su poder y de sus economías, estos empresarios y sus acólitos jueguen con la esencia de la democracia.

Quién es periodista

La definición de periodista que se recoge en el EPP sólo determina el ámbito de aplicación de esta ley: los periodistas que están ejerciendo su actividad de manera retribuida, o bien integrando las estructuras formales de las empresas, o como trabajadores ‘a la pieza’, o como ‘free lancers’. No se indica ninguna fórmula de acceso a la profesión, ya que sería del todo improbable obligar a las empresas a someterse a alguna. Si los afectados por el EPP fueran sólo los diplomados o licenciados en Periodismo, lo que de inmediato harían los empresarios sería no contratarlos. Lo que se pretende con esta definición del ámbito de la ley es que cualquiera que sea la fórmula de acceso, todo trabajador de la información esté cubierto por los deberes y derechos que marca el EPP.

Viabilidad de las empresas

Como es comprobable, tanto la regulación profesional como los derechos laborales de los periodistas ‘a la pieza’ no generan problemas a los medios europeos. Muchas de estas empresas participan en medios españolas y, en algunos casos, ocupan cargos en sus consejos de administración. Por ello, nos asombra la afirmación del presidente de uno de nuestros más importantes grupos mediáticos, quien ha señalado que los medios españoles no podrían subsistir si se aprueba el EPP.

Aunque no ha terminado de precisar si lo que no podrían asumir sería la transparencia informativa que impondría esta ley, o la obligación de cumplir con su deber social como medio de información, o si lo que no soportarían es cumplir con las obligaciones laborales con los periodistas que son comunes en Europa. En cualquiera de los casos es altamente preocupante para la salud de la información en España que los medios españoles estuvieran tan por debajo de las capacidades de los restantes medios europeos.

El proyecto alternativo

Lo primero que se puede decir de él es que no existe, y miente quien quiere engañar diciendo lo contrario. En el Congreso de los Diputados el único proyecto de EPP es el presentado por el grupo parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que fue admitido a trámite el 22 de noviembre de 2004.

Aunque es cierto que los actuales directivos de la FAPE han elaborado un proyecto corporativo con el mismo título, destinado a apoyar los intereses de los empresarios de los medios. Este documento, elaborado después de proclamar que el mejor Estatuto es el que no existe, recoge propuestas tan disparatadas como señalar que es periodista profesional quien dispone del carné otorgado por esa asociación. Pero no todo son únicamente salvas de fogueo, sino que también carga munición contra los trabajadores.

Este presunto Estatuto alternativo quiere consagrar que los periodistas ‘a la pieza’ son trabajadores por cuenta propia, contradiciendo las innumerables sentencias de los tribunales laborales que han reconocido que existe relación laboral de estos periodistas con las empresas para las que trabajan. Si este despropósito prosperara, quedaría oficializada por ley la precariedad del 40% de la profesión y las empresas reducirían aún más sus plantillas para utilizar trabajadores con los que no tendrían ninguna obligación laboral, no tendrían que incluirlos en los convenios colectivos y los podrían despedir a su arbitrio sin que legalmente hubiera nada que reclamar.

Esta temeridad ha sido elaborada por los actuales directivos de la FAPE, que han desplazado a quienes desde esa organización venían luchando durante años para regular nuestra profesión. Aquellos directivos han participado en las tres Convenciones de Periodistas celebradas desde 1998 y también en la redacción del proyecto de EPP. Los actuales directivos niegan todo el trabajo realizado, ridiculizando así a los dos últimos presidentes de la FAPE, y difaman a su último secretario general con el propósito de servir a intereses que el tiempo se encargará de descubrir.

***

Las aclaraciones expuestas hasta aquí, que desnudan los propósitos y las falsedades de quienes están contra la independencia de los periodistas, no tendrán la misma difusión que los artículos de los corifeos del poder mediático. Sin embargo, nosotros estamos en las redacciones y, si queremos, podemos conseguir que ningún compañero caiga en el engaño por falta de información. No debemos permitir que sigan jugando con nuestra dignidad profesional ni que continúen degradando nuestra situación laboral.

Deja un comentario