‘El Mundo’ vuelve a la carga contra el EPP: «Un Estatuto aún más inconstitucional»

Madrid, 6 de octubre de 2005. (Editorial del diario ‘El Mundo’).

Será una mera casualidad, pero desde ayer mismo se está empezando a debatir en el Congreso de los Diputados un Estatuto que no es el de Cataluña y que llega cargado de todavía más estigmas de presunta inconstitucionalidad que un texto catalán con el que rivaliza a disparates. Se trata del proyecto de Estatuto del Periodista Profesional, presentado hace ya año y medio por Izquierda Unida y apoyado inicialmente por el PSOE. Largamente paralizado en algún cajón de la Cámara, el proyecto que inicia al fin su andadura en la Comisión Constitucional supone un retorno a la visión franquista de la profesión periodística, corregida y agravada con dosis pseudoprogresistas de aquel Nuevo Orden Mundial de la Información con el que la Unesco pretendió antaño embridar el periodismo.

El proyecto prevé un Consejo Estatal de la Información, órgano formado por votación del Congreso y en el que habría una muy minoritaria presencia de periodistas y empresas de prensa. Este Consejo -o sus equivalentes en las comunidades autónomas que los creasen- expediría los carnés de prensa necesarios para ejercer el periodismo, y un tribunal de honor bautizado Comisión Deontológica podría retirárselos a los profesionales a los que considerase infractores de un Código Deontológico de obligado cumplimiento. El proyecto también crea por ley Comités de Redacción para todas las plantillas con más de ocho periodistas, encargados de fiscalizar los nombramientos de responsables, la organización de la Redacción y la línea editorial del medio.

El control político y la burocratización que introducen estas propuestas a través de la reinvención del carné de prensa y de la facultad de acallar a los periodistas mediante su retirada, son tan evidentes como los mecanismos de intromisión en la libertad de empresa que se crean a través de esos comités redaccionales impuestos, cuando siempre deberían funcionar de forma libremente pactada en cada medio.

La figura del tribunal de honor, aunque se escude tras la apariencia de una Comisión Deontológica, es abiertamente inconstitucional.Y los controles, las exigencias incluso, impuestos a los periodistas chocan frontalmente con el artículo 20 de la Constitución, que -recordamos para olvidadizos- establece el derecho «a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción», sin «ningún tipo de censura previa». Es decir: lo fundamental en nuestra democracia, como en todas las de Occidente, es la libertad de expresión para todos -y no sólo para los privilegiados titulares de un carné o patente-, y para los abusos que a través de ella se cometan ya está el Código Penal con los delitos de injurias o calumnias.

Es bien triste ver a IU, antaño tan comprometida con todas las libertades, avalando hoy un proyecto centrado en el control político de los medios a través de una red de comisarios y censores.

NOTA. El secretario general del la FeSP, Enric Bastardes, ha respondido a este editorial en una carta al director de El Mundo, que reproducimos en la Sección Periodistas en Acción, con fecha 21 de octubre de 2005.

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