El Gobierno en funciones se carga por decreto la libertad en Internet

La FeSP rechaza el decreto-ley que permitirá a la Administración cerrar páginas webs sin orden judicial, y condena las amenazas anónimas a periodistas catalanes y el veto impuesto por Vox al Grupo Prisa

7 de noviembre de 2019. (Comunicado de la Junta Ejecutiva Federal de la FeSP).

La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) expresa su rechazo al real decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones, porque es un grave ataque a las libertades democráticas y a los derechos civiles en la red. La FeSP no puede compartir en absoluto las modificaciones que este decreto ley introduce en la normativa ya existente, porque con esta nueva regulación de los sistemas de comunicaciones se permite la intervención y/o el cierre de páginas web por la vía administrativa, sin autorización judicial.

En este decreto, el Gobierno se atribuye la potestad «con carácter excepcional y transitorio, de la gestión directa o la intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en determinados supuestos excepcionales». También establece que, «previamente al inicio del procedimiento sancionador, podrá ordenarse por el órgano competente del Ministerio de Economía y Empresa, mediante resolución sin audiencia previa, el cese de la presunta actividad infractora». No se especifican cuáles son esas posibles «actividades infractoras», pero quien va a considerar lo que constituya o no una infracción será la Administración Pública, que actuará como juez y parte en este proceso.

La FeSP se hace eco de los pronunciamientos hechos por distintos juristas expertos en la materia sobre la inoportunidad de este decreto a las puertas de unas elecciones, así como de su posible inconstitucionalidad. Contradice algunos aspectos de la Ley General de Telecomunicaciones y la de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI). La FeSP exige al Gobierno que en el plazo legalmente establecido de 30 días no convalide este real decreto para que así sea automáticamente derogado.

La FeSP lamenta que, en vez de derogar la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad
Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, y las reformas del Código Penal que llevó a cabo el PP en contra de los demás grupos parlamentarios, normas que limitaron gravemente los derechos de expresión y de información, con este decreto se ahonda todavía más en el recorte de libertades. Esta Federación exige al Gobierno que se constituya tras las elecciones generales del 10 de noviembre que derogue este real decreto-ley, y vuelve a pedir a los grupos parlamentarios que se comprometieron en su día a derogar la Ley Mordaza que lo consideren prioritario en la próxima legislatura.

Amenazas anónimas a periodistas catalanes

La Junta Ejecutiva Federal de la FeSP también condena las amenazas a seis periodistas
catalanes, en carteles anónimos pegados en las calles de Barcelona, en los que se les llama “terroristas de la información al servicio del Ibex”. Las amenazas e insultos a los periodistas constituyen un intolerable ataque al derecho a la información de la ciudadanía, imprescindible en democracia, en el que los profesionales del periodismo son los intermediarios para que ese derecho se cumpla.

Vox veta a profesionales del Grupo Prisa

También es un ataque a ese derecho constitucional, y la FeSP lo rechaza, el veto que el partido político Vox ha puesto al Grupo Prisa –El País, Cadena Ser…–, al anunciar en plena campaña electoral que no va a conceder acreditaciones a ningún periodista vinculado a ese grupo, ni para acceder a sus sedes ni a cualquier acto político que organicen en espacios privados. Eso supone una censura previa intolerable en democracia.

El derecho a la información no pertenece a los periodistas y tampoco a los partidos políticos, sino a los ciudadanos. Por eso, en democracia nadie debe impedir que los periodistas puedan desempeñar su trabajo con libertad y sin presiones. Vox, como cualquier otro partido, tiene a su alcance los mecanismos legales que existen para denunciar a un medio de comunicación si considera que debe hacerlo, pero no puede apropiarse de un derecho que no es suyo.

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