¿De qué se quejan los pensionistas?

Mª Antonia G. Quesada
Periodista y escritora
Exdirectora de Comunicación de la Seguridad Social

En los diez años que han transcurrido desde los inicios de la crisis en 2008 hasta diciembre de 2017, el número de pensionistas de la Seguridad Social ha aumentado en más de un millón, y el de afiliados, que contribuyen con sus cuotas al pago de las pensiones, ha descendido en otro millón: 19.195.755 cotizantes en diciembre de 2007 y 18.282.031 en el mismo mes de 2017.

Estas cifras por sí solas dan idea de los problemas a los que se enfrenta el sistema de pensiones. Parece que ha pasado la crisis, pero todavía no se ha recuperado el número de cotizantes. Por eso, Trabajo ha tenido que pedir prestado al Tesoro para cubrir el déficit de la Seguridad Social y la Hucha de la Pensiones se ha quedado en mínimos.

Esto no debe escandalizar a nadie, pues se creó para disponer de recursos en situaciones críticas y para ahorrar el superávit en los buenos tiempos, como sucedió en los primeros años de este siglo. En los más de 110 años de existencia del sistema en España, lo habitual han sido los números rojos, por eso se creó el Fondo de Reserva y por eso el Estado contribuye cuando hay déficit. Esto nos sirve para abordar los problemas sin alarmismos, pero tampoco nos debe llevar a obviarlos.

Gobierno: preocupación más aparente que real

A pesar de lo mucho que se dice, el Gobierno muestra una preocupación más aparente que real por este asunto. En vez de tomar medidas para incrementar los ingresos por cotizaciones, ha hecho todo lo contrario. Prueba de ello son la tarifa plana, la congelación del salario mínimo y el fomento de un empleo parcial y de bajos salarios, que ha hecho que en estos diez años los ingresos por cuotas de los trabajadores, según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, solo hayan aumentado en 16.593 millones, mientras que el gasto en pensiones ha subido en 40.777 millones.

La precarización de los trabajadores, el paro y la falta de relevo generacional por la caída de la natalidad constituyen los problemas más graves del sistema de pensiones, que se nutre de la solidaridad intergeneracional. La caída de la natalidad se conoce con antelación, por lo que sus efectos se pueden paliar con reformas, que anticipen lo que va a suceder y aseguren la permanencia de un sistema público con prestaciones dignas.

Es difícil, pero es lo que debemos exigir a nuestros políticos, sindicatos, empresarios y expertos. Para acometer cambios que solo se limiten a meter la tijera y recortar gasto no hay que pensar mucho; esa solución ya se ha experimentado, perjudica a las personas y al conjunto de la actividad económica y no ofrece garantías de futuro.

Por su parte, la precariedad laboral es consecuencia de un modelo económico que no se ha corregido con la crisis y que ha mandado a los jóvenes más preparados a buscar trabajo fuera de nuestras fronteras, mientras obligaba a jubilarse a la fuerza a los trabajadores de mayor edad.

Es lógico el malestar existente entre los pensionistas y los trabajadores próximos a la jubilación, que todavía están esperando que se les comunique el cálculo de su pensión, tal como se había comprometido el Ejecutivo. De la misma forma que aguardan que se haga público el porcentaje del Factor de Sostenibilidad, que incluye la esperanza de vida en el cálculo de la prestación y que se aplicará desde el 1 de enero de 2019. Los sindicatos estiman que esto reducirá la pensión en torno al 0,5%.

Para aplacar la indignación, el Gobierno habla de planes de pensiones privados para trabajadores que no tienen ninguna capacidad de ahorro; se convoca una comisión del Pacto de Toledo en el Congreso, cuyos trabajos se eternizan ante la falta de pulso político de la legislatura, y se rompe el consenso que había entre los partidos de no usar las pensiones como arma electoral.

Sistema público que perdure y garantice la cohesión social

¿De qué se quejan los pensionistas? Este sector de la población española ha demostrado en lo más duro de la crisis para qué sirve un pilar tan importante del Estado de Bienestar como son las pensiones. Con ellas han ayudado a los hijos y a otros miembros de la familia en paro a pagar hipotecas, sacar adelante a los nietos y, en muchos casos, darles de comer.

Han podido hacerlo porque, aunque con mucho esfuerzo, el sistema daba pensiones dignas, que con la crisis empezaron a menguar su poder adquisitivo. Sin embargo, este colectivo aguantó que el Ejecutivo estableciera un crecimiento máximo anual de sus pensiones del 0,25% mientras la sociedad española capeaba el temporal.

Lo que no entienden es que cuando se alardea de recuperación se mantengan las restricciones, al tiempo que no se hace nada para mejorar la situación del sistema, salvo que se quiera establecer un sistema de pensiones precarias, de la misma forma que se ha intentado desguazar la educación y la sanidad para dar aire al sector privado.

Sostener el sistema con unas prestaciones adecuadas es una prioridad que no se puede soslayar y sin la que no se puede hablar de recuperación. Las soluciones son muy variadas, pero se deben discutir y consensuar. Es una obligación que políticos, sindicatos y empresarios no pueden obviar, porque los pensionistas tienen razón en quejarse. Y lo van a seguir haciendo de la misma forma que han aguantado el tirón de la crisis, no solo por ellos, sino por defender un sistema público que perdure para sus hijos y sus nietos y que garantice la cohesión social.

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