Coloquio entre Joan Botella, Dardo Gómez y los asistentes a la 2ª Asamblea del SPM

A continuación se transcriben literalmente las preguntas y las respuestas más esclarecedoras que se suscitaron entre los asistentes a la 2ª Asamblea del SPM del pasado 11 de febrero (con el título “Consejos Audiovisuales: ¿solución o problema?”) y los invitados Joan Botella y Dardo Gómez. Foto Antonio Peiró

PREGUNTA: Con algunos ejemplos de lo ocurrido en España, como durante el atentado del 11-M o con el tratamiento en una televisión de una huelga general y cómo se dio la posterior rectificación o en la forma de divulgar los logros de un gobierno, ¿cómo se van a tomar los grandes medios españoles, que son potencias económicas, esta regulación -a través de los consejos audiovisuales- y cómo puede abordarlo el presidente Zapatero que ha dicho que se ocupará de legislarlo?

JOAN BOTELLA: La palabra moral viene etimológicamente de costumbres y las que han ido arraigando en los medios en España en los últimos años, o más bien en los ultimísimos años, son difícilmente modificables de un día para otro. Generalmente, estos organismos han empezado a andar poco a poco, se crean como organismos modestos, con pocas pretensiones, y a medida que dan un buen rendimiento van creciendo, se refuerzan y adquieren ese poder. En Francia, donde se creó en 1981, fue de las primeras cosas que se hicieron después de la elección de Mitterrand como presidente de la República y fue un organismo puramente asesor del gobierno, sin poderes sancionadores. Tras una evolución, se vio que era posible dotarle de más recursos.

Yo creo que lo que ha pasado en estos meses en nuestro país muestra que sería muy difícil crear un consejo español de medios audiovisuales o de información, fuerte y con gran autoridad. No soy muy optimista de que se cree como el francés, el británico o el holandés. Ha sido llamativa la unanimidad en la visión de fondo de todos los diarios españoles. No en el estilo, hay diarios más soeces y otros un poco más discretos, pero cuando emitimos un informe condenando ciertos contenidos en la COPE, todos los diarios, incluso los dos diarios que se consideran más de izquierdas en España y, por consiguiente, más propensos a creer en esto, hablaron de camino peligroso y preocupante. El editorial de El País o el de El Periódico eran poco entusiastas. Como sabéis, el Gobierno estaba considerando el año pasado la elaboración de un proyecto de ley de creación de un Consejo Español de Medios Audiovisuales. Había varios proyectos y alguno de ellos era de poderes muy discretos. No se cual será la resolución final. Las declaraciones recientes que ha hecho el presidente del Gobierno muestran la voluntad de darle, de entrada, una función no muy potente. En cambio, creo que la necesidad es alta y que hace falta de un modo exigente. Las comunidades autónomas que han empezado no lo han hecho por una voluntad intervencionista sino por la constatación de que si no se corta el paso a ciertos fenómenos, la bola se puede hacer demasiado grande. Sólo en materia de contenidos, lo que ocurre en España no ocurre en otros ámbitos europeos.

DARDO GÓMEZ: Yo creo que si el Gobierno actual no saca un Consejo de la Información o del Audiovisual con las capacidades que ya tienen en el resto de Europa es una muestra flagrante de cobardía democrática. El gobierno no puede permitir que España siga estando en el furgón de cola de las libertades en lo que respeta al derecho a la información. No estamos hablando de cosas nuevas después de que todos los partidos políticos españoles con presencia en el Consejo de Europa aprobaron el 1 de julio de 1993 un Código Deontológico del Periodismo, no de los periodistas, con los derechos de la información y las libertades de los medios. Es una barbaridad inmensa que los políticos no tengan capacidad o voluntad de enfrentarse a los dueños de los medios y decirles que están mintiendo en la interpretación de las normas cuando afirman que esto se regula simplemente por la audiencia. Por poner otro ejemplo, ¿también la venta de armas hay que regularla por la libertad de mercado?.

El Consejo de Europa dice exactamente que ni la calidad de las informaciones u opiniones ni el sentido de las mismas deben estar mediatizados por la exigencia de aumentar el número de lectores o de audiencia ni por la necesidad de aumentar los ingresos por publicidad. Esto lo votaron todos los partidos políticos españoles. Si ahora borramos lo que votaron, o eran tontos que no se enteraron de lo que votaron o evidentemente hay cobardía ante la situación actual.

PREGUNTA: Hay compañeros de profesión que, sin entrar en la campaña de descalificaciones más o menos burdas, tienen dudas sobre algunos aspectos. Por ejemplo, sí algunas de las expresiones vertidas por la COPE, contenidas en el informe del CAC, son opiniones o informaciones no veraces, me refiero a la afirmación de que en ERC hay terroristas sin arrepentir o a la de que la historia del socialismo español es la apoteosis del golpe de estado permanente. La segunda cuestión es ¿quién otorga las credenciales de independencia a los candidatos a integrar los consejos audiovisuales y si, en el caso del CAC, un diputado puede considerarse independiente?

DARDO GÓMEZ: Parecería que en España si alguien tiene ideología política o trayectoria política lo inhibe como ciudadano para expresarse o para acceder a algún cargo. ¿De qué barbaridad estamos hablando?. Es que porque un señor esté en un partido político, el que sea, eso que es ejercer la democracia, poner en marcha las funciones democráticas de un estado, ¿lo inhibe como ciudadano?. Lo que tendría que llevar con orgullo, que es haber sido representante del pueblo español, ¿es un pecado?. A mí que me disculpen, pero quien piensa así es un golpista, porque si la esencia de la democracia, que son los partidos políticos, lo convertimos en una reacción de la democracia, el que dice eso que me diga qué fórmula de organización del Estado quiere. No se lo que dirá Joan pero yo sigo empeñado en leer las cosas reconocidas, sin discutir cada día cómo se hace el huevo frito. El código deontológico votado por todos los partidos políticos europeos dice que “los medios de comunicación tienen la obligación moral de defender los valores de la democracia, el respeto a la dignidad humana, la solución de los problemas a través de medios pacíficos y de tolerancia y, en consecuencia, de oponerse a la violencia y al lenguaje del odio y del enfrentamiento, rechazando toda discriminación por razón de cultura, sexo o religión”. Esto deja las cosas como bastante claras. Si a mi me dice alguien “eres un canalla degenerado, un fascista y un torturador, pero te lo digo de buen rollo”, pues no me lo creo; si te lo dicen “de buen rollo”, entonces no es sancionable. Yo puedo discutir con argumentación todo lo discutible y puedo plantear, incluso, que quiero una república o que quiero una dictadura pero lo que no puedo es fomentar el odio, el terrorismo, el enfrentamiento entre los ciudadanos de un estado. Los medios periodísticos tienen una grave responsabilidad que no pueden negar en la formación de la opinión pública y tienen que tener mucho cuidado en qué expresan y cómo lo expresan.

JOAN BOTELLA: Las dos preguntas me parecen muy pertinentes. En cuanto a la primera, las referencias al socialismo pueden ser consideradas, digamos, como una interpretación de la historia del PSOE, extremadamente injuriosa porque cuando ha habido golpes de estado en España, los socialistas han tendido a estar dentro del campo de concentración y no fuera, pero bueno, es una interpretación, una opinión. La otra, es un enunciado fáctico, ¿está compuesta o no la cúpula de un cierto partido por terroristas no arrepentidos?. Es una cuestión de hechos, no es una cuestión de opinión. ¿Es o no cierto?. Si no es cierto, difundir esta información tiene consecuencias grav
es. Lo digo con la libertad y la sangre fría de no haber sido nunca militante ni votante de ese partido, pero esto no puede ser. Y si hay algún terrorista sin arrepentir, el medio de comunicación me lo tiene que decir. Fulano de tal es un terrorista, correcto, puede ser que los haya, si no, esto es un comportamiento profesionalmente no saludable y, en los términos de lo que decía el informe del CAC, incumple, no ya nuestros criterios sino los criterios de la concesión en su día o los del ideario de la COPE que está expuesto en su página web. Incluso la primera versión del informe se envió a la cadena radiofónica, a primeros de noviembre, para que pudiera formular alegaciones y las alegaciones de la COPE no negaban ninguna de las imputaciones hechas, discutían la competencia del Consejo para ocuparse de un operador de ámbito general español o que éramos una autoridad de tipo autonómico o que no éramos un organismo judicial.

En cuanto a la independencia, hay dos elementos, la independencia personal de los miembros y la creación de las condiciones institucionales para que pueda manejarse la independencia. Decía antes el ejemplo de Gran Bretaña donde los nombra el gobierno y, a veces, entre simpatizantes, votantes o amigos del Partido Laborista pero al día siguiente, si te he visto no me acuerdo. Y esa es la regla del juego aceptada. El gobierno británico sabe que a partir de que nombra a Fulano, ha de perder toda esperanza de que se le ponga al teléfono. ¿Funcionamos así culturalmente en España?, lo que decía el presidente de la APM, no estoy seguro. No es imposible, todo lo contrario, pero es verdad que en el clima generado, ni por parte de los miembros de esos organismos ni por parte de quien les propuso, se respeta esa independencia. Yo tengo el carné de un partido. Nunca, nunca, me han llamado por teléfono para decirme nada. Tu puedes creerme o no creerme, eso es la condición personal, pero están también las condiciones institucionales. Por ejemplo, reglas de incompatibilidad. Tenemos prohibido tener toda vinculación o colaboración con medios, tenemos prohibido tener intereses, nosotros o nuestras familias, con empresas de radio, televisión, prensa, editoriales, Internet, etc., incompatibilidades con cargos políticos elegidos. Además, las reglas son que todo se decide en el plenario de la reunión del Consejo, de manera que, por ejemplo, si fuese el caso de un presidente socialista que quisiera imbuirnos a todos de la bondad de su visión, lo tiene fatal. Así, entre nosotros, hay nueve miembros del Consejo catalán y que se correspondan con el Tripartito, para entendernos, son cuatro, los otros cuatro proceden, de un modo u otro, de CiU y el noveno, que es probablemente mi mejor amigo, procede del PP. Hay mecanismos que fomentan la “colegialidad” y, por tanto, esa independencia. La independencia es posible. En España hay órganos que funcionan con esta lógica. El Tribunal Constitucional nunca ha funcionado a silbato de gobiernos o de partidos políticos, por tanto, esto es posible y viable. Negarnos de entrada esto es arrojarnos al precipicio todos juntos.

PREGUNTA: Quiero saber cómo se puede analizar la veracidad de una información y también si recomendar a los periodistas cómo tienen que informar no excede las competencias de un consejo audiovisual.

JOAN BOTELLA: Muchas gracias por la claridad y por la crudeza de las preguntas que vienen muy bien. El juicio a cerca de la veracidad representa aplicar aquello que el Tribunal Supremo y el Constitucional han dicho. La información veraz significa que el informador ha tomado algunas medidas de información directa y de comprobación acerca de lo que dice. No hace falta que sea exhaustivo, no hace falta que esté libre de error, hace falta, esencialmente, que no esté inventada. ¿Hay alguna pista que permita decir “hay terroristas no arrepentidos en un partido político”?. Es una cuestión puramente de hecho. Los jueces lo que saben es de leyes. De la información fáctica, en muchos países, quienes entienden son los jurados; determinar qué ocurrió es exactamente lo que hace un jurado, el juez viene después y aplica la ley. Por tanto, un organismo especializado sería capaz de hacer esto, con la participación de jueces, abogados y de todo. Cuando se le remitió un proyecto de informe a la cadena radiofónica, no había sido acordado por siete consejeros-comisarios políticos con los pies sobre la mesa; tenemos unos servicios jurídicos, estudiaron la documentación, la jurisprudencia, la legislación comparada; la cadena nombró a un grupo de abogados; uno de ellos firmó las alegaciones; las garantías son las mismas de todo procedimiento administrativo normal, faltaría más.

En nuestro ámbito, en España, al poder judicial no se le ve nunca. Ayer, un señor a quien no conozco, en un diario madrileño, me calificaba de “canalla”, personalmente, sin conocerme de nada. Esto en Francia no es posible, la fiscalía habría actuado. Aquí, como estamos curtidos, vamos tirando. Por tanto, la garantía aquí es que no puede haber actuación simultánea penal y administrativa, que el Consejo actúa como administración, que es lo que es, y desde luego con todas las garantías y aplicando la ley de procedimiento administrativo, como la inspección de hacienda, como la dirección general de abastos o como obras públicas, exactamente igual.
En cuanto a las recomendaciones a los periodistas, en el CAC optamos desde el primer momento, en lugar de prohibir o castigar, por intentar generar acuerdos entre todas las partes implicadas y elaborar recomendaciones. No órdenes, no instrucciones. Las primeras fueron sobre el tratamiento informativo de las tragedias personales. No nos las inventamos nosotros. Preguntamos a periodistas gráficos, periodistas de los medios impresos, directivos de televisión, colegio de psicólogos, Defensor del Menor, etc. cómo debería informarse de ciertas cosas para que la información respete los derechos de los protagonistas de un suceso y de sus familiares. Cosas simples: no hay que poner un zoom sobre la cara de una persona cuando está llorando, es innecesario preguntar a un padre qué piensa del accidente que ha tenido su hijo. Operamos con la lógica de elaboración compartida de criterios. Siempre es polémico en los tribunales de justicia si se deja entrar o no a los periodistas, si se deja entrar o no a las cámaras de televisión, si se puede o no entrevistar a los testigos. Hubo un secuestro famoso de una farmacéutica en Cataluña y provocó mucho morbo cómo se iba a producir la información del juicio. El presidente del tribunal nos solicitó ayuda para elaborar algún tipo de recomendación de cómo asegurar la información ciudadana y no perturbar el desarrollo del juicio.

Todas las recomendaciones están en nuestra página web y van dirigidas a los distintos actores que participan. Las recomendaciones sobre las tragedias personales tienen un bloque dirigido a las autoridades, que deben facilitar el acceso, que deben garantizar información, al menos, tres o cuatro veces al día, etc.; son recomendaciones a los medios, a los profesionales. Del mismo modo, en campañas electorales publicamos recomendaciones recordando a los medios locales con qué criterio debían manejarse en el periodo preelectoral, no en el electoral porque en España es atribución de las juntas electorales. Es decir, los profesionales son, normalmente, una parte importante del proceso de elaboración de estas recomendaciones. No es algo que les cae de fuera.

DARDO GÓMEZ: Me duele mucho la tremenda hipocresía de la profesión, la incapacidad de decir en voz alta lo que comentamos en la barra del bar. Lo que todos sabemos es que en España se informa mal, que hay programas televisivos infumables y agraviantes para la dignidad de los ciudadanos. Hay muchos casos. Esta situación exige recomendaciones, criterios para reconducir esto. Se dice que esto puede llegar a reprimir a los periodistas. Es mentira. El 80% de los perio
distas hacen estas cosas porque las empresas se lo exigen. Los jefes de redacción, por exigencia de los editores, están pidiendo a los periodistas que traigan la víscera más grande. Están mandando a becarios a la calle o a trabajadores que ni siquiera llegan a los mil euros, con contratos basura o sin contrato y que dependen de que respondan a esa avaricia informativa deleznable de los medios. ¿No exige eso una recomendación?. Si alguien tiene que volver a la facultad no somos nosotros. Los dueños de los medios no son periodistas ni aspiran a serlo. Hay que reunir a los medios y decirles que recapaciten sobre este bodrio en el que han convertido la información. Y eso lo sabemos todos y nos da vergüenza decirlo de nuestros medios. Hay una tendencia a la información basura.

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