Clamor periodístico y social contra las ‘Leyes Mordaza’

  • La FeSP participa en una jornada organizada por la plataforma No Somos Delito para conseguir su derogación

Madrid, 17 de marzo de 2017.

Ponentes en la jornada de No Somos Delito

La plataforma No Somos Delito, que agrupa a más de un centenar de colectivos y asociaciones ciudadanas, ha organizado este viernes en Madrid un debate sobre la seguridad ciudadana como primer paso de una serie de actividades para conseguir la derogación de las denominadas Leyes Mordaza.

En el debate ha participado la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) junto a representantes de otras organizaciones defensoras de los derechos humanos y las libertades públicas, como Amnistía Internacional, Comisión Legal Sol, Confederación General del Trabajo (CGT), Jueces para la Democracia, Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), Red Acoge o SOS Racismo.

La FeSP se ha mostrado siempre en contra de las restricciones de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana –conocida popularmente como ‘Ley Mordaza’– al derecho a la información y la comunicación. La norma, que fue aprobada en el Congreso con los únicos votos a favor del PP y en contra de todos los demás grupos, ha sido rechazada por organizaciones de jueces y fiscales, ciudadanas, asociaciones y sindicatos de periodistas y organismos internacionales.

El secretario general de la FeSP, Agustín Yanel, planteó en su intervención la necesidad de que la ciudadanía exija una Ley General de la Comunicación como única vía para garantizar que se cumpla plenamente su derecho constitucional a la información, lo mismo que reclama el derecho a la educación, la sanidad y otros.

Recordó que la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que lleva un año en vigor, ha permitido imponer multas a periodistas y ciudadanos por difundir fotografías de agentes de policía que intervenían en manifestaciones o en desahucios, sin pedirles autorización para hacerlo, cuando consideraban que se estaban sobrepasando en sus funciones. Ese es uno de los artículos más criticados de la ley, porque impide el ejercicio del derecho a la información tanto a los informadores profesionales como a los ciudadanos, y puede acarrear multas de entre 601 euros y 30.000 euros, que no impone un juez sino el Ministerio del Interior a través de las Delegaciones del Gobierno.

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