Cautela ante el plan aprobado para luchar contra la desinformación

El secretario general de la FeSP dice que puede existir el riesgo de que haya quien, con esa excusa, intente controlar la información, «y eso sería totalmente rechazable»

El secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Agustín Yanel, ha mostrado cierta cautela ante el plan que ha aprobado el Consejo de Seguridad Nacional para actuar contra posibles campañas de desinformación. Ha declarado que «adoptar medidas contra la desinformación es positivo», pero ha añadido que «el riesgo existirá si alguien de quienes formarán parte de esa estructura pretendiera controlar la información. Espero que nadie lo intente, porque sería como intentar poner puertas al campo».

Este procedimiento se enmarca dentro del plan de acción que aprobó el Consejo de Europa en diciembre de 2018 para luchar contra la desinformación, que incluye un paquete de medidas para afrontar ese fenómeno durante los procesos electorales europeos, nacionales y locales que se celebraron ese año en los Estados miembros. Posteriormente acordaron que también se aplique a la desinformación sobre la COVID-19.

El plan aprobado ahora en España establece los órganos, organismos y autoridades que deben encargarse de ese cometido, todos ellos pertenecientes a la Presidencia del Gobierno y a otros cuatro ministerios. En él se afirma que «los medios de comunicación, las plataformas digitales, el mundo académico, el sector tecnológico, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad en general juegan un papel esencial en la lucha contra la desinformación», por lo que prevé que «podrán solicitar la colaboración de aquellas organizaciones o personas cuya contribución se considere oportuna y relevante en el marco de la lucha contra el fenómeno de la desinformación».

«Puede haber quien caiga en la tentación de querer controlar la información, con la excusa de combatir la desinformación, y eso sería totalmente rechazable», ha declarado Agustín Yanel a diario El Mundo. El camino para hacer frente a ese fenómeno, ha añadido, debe ser «que los medios colaboren para erradicar las informaciones falsas, no controlarlos», y para eso considera imprescindible la participación de la sociedad civil en esa tarea.

«Hay que esperar para ver cómo se concreta en la práctica. Pero el derecho a la información y la libertad de expresión están garantizados en la Constitución y en convenios y tratados internacionales, y no pueden ser restringidos excepto por una decisión judicial en los casos que establece la ley», ha indicado el secretario general de la FeSP.

En términos similares se ha manifestado el presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Nemesio Rodríguez. «El principal peligro es que ese comité sea utilizado con fines políticos, dada su dependencia gubernamental», ha manifestado.

Tras publicarse hoy este plan en el Boletín Oficial del Estado, el presidente del PP, Pablo Casado, ha dicho en Twitter que el Gobierno ha aprobado esta orden para «vigilar» a los medios, y su partido ha pedido que comparezcan en el Congreso la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y el director del gabinete del presidente, Iván Redondo, para explicar el contenido de esa orden.

En diciembre de 2017, cuando gobernaba el PP, la entonces ministra de Defensa y secretaria general de ese partido, María Dolores de Cospedal, anunció que iba proponer la creación de un grupo de trabajo en la Comisión de Defensa del Congreso, integrado únicamente por diputados y «editores de los principales medios de comunicación», para estudiar las medidas a adoptar frente a «la amenaza de la desinformación».

La FeSP expresó su preocupación ante ese anuncio y dijo que para combatir la desinformación es necesario «educar en comunicación; facilitar siempre toda la información y los datos con la máxima transparencia, algo que no siempre hace el Gobierno pese a presumir de la Ley de Transparencia, y que los jueces apliquen las leyes a quienes cometan un delito». Esta Federación también reiteró entonces su petición de una ley que regule el derecho a la información y la comunicación de la ciudadanía, como existen en los países de la Unión Europea y en otros, en la que se establezcan los derechos y las obligaciones de los profesionales de la información.

Más información: https://www.elmundo.es/television/medios/2020/11/05/5fa3fe54fdddffdf208b4608.html

BOE: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-13663

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